La pasada semana se presentó en EEUU el primer impuesto “de castigo” sobre la banca, llamado Financial Crisis Responsability Fee. El impuesto se aplicará a todas las entidades financieras en EEUU con un volumen de activos superior a 50.000 millones de dólares, independientemente de haber recibido ayudas o no.

Las entidades afectadas incluyen bancos, compañías de seguros e intermediarios financieros. El importe del impuesto es de 15 puntos básicos (0,15%) sobre el total del activo deducido los recursos propios (definición aproximada y simplificada). A igualdad de balances, las entidades más apalancadas, con más deuda y con menores recursos propios, pagarán más cuantía del impuesto. La medida previsiblemente entrará en vigor el próximo junio.

Con este nuevo gravamen sobre el sector financiero, el gobierno americano espera recuperar la mayor parte de los 117.000 millones de dólares de coste del programa TARP (Troubled Assets Relief Program). El objetivo de la media es reducir el déficit público y a su vez, reducir el incentivo al apalancamiento de las entidades financieras.

En un mundo globalizado como el actual, la idea de aplicar medidas similares se extenderá rápidamente a otros países. Mientras esto no sea así, los grandes bancos americanos arbitrarán las distintas normativas incrementando el balance de sus filiales bajo mejor reglamentación y tributación. Hoy en día es relativamente fácil asignar operaciones financieras a una u otra filial, evitando así que el balance aumente y el gravamen incremente su cuantía.

En Europa ya se han oído las primeras voces mencionando lo acertado del nuevo impuesto y la conveniencia de su implantación. Pese a ello, la ausencia de agilidad en la toma de acuerdos conjuntos en la Unión Europea implica que difícilmente se materializará en el corto plazo.

En EEUU primero han ayudado al sector financiero con enormes inyecciones de capital, han evitado el riesgo sistémico y ahora se insta al sector en su conjunto a devolver los recursos públicos que habían obtenido.

En España de momento no ha habido inyecciones de capital público al sector bancario, salvo en el caso de CCM. Todo parece indicar que en los próximos meses la “reordenación” de las Cajas de Ahorro llevará aparejado la utilización de las ayudas públicas del FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria). Tendría poco sentido crear ahora un impuesto sobre las entidades financieras españolas para recuperar unas ayudas públicas que todavía no han tenido lugar. Menos sentido tendría aún que dicho impuesto recayera sobre las entidades financieras no ayudadas, para sostener a otras entidades de su sector que a partir de la recepción de las ayudas podrán competir en mejores condiciones. Con el agravante de no permitir a las entidades que no necesitan ayudas adquirir las entidades problemáticas.

El sector bancario a nivel global se enfrenta a un entorno complicado en los próximos años. Los niveles de recursos propios y de solvencia exigibles se van a incrementar de forma significativa. Como consecuencia, para mantener el mismo nivel de actividad actual deberán incrementar notablemente sus recursos propios. Ello provocará, por un lado, una merma en la rentabilidad del negocio, y por otro lado, la reducción del balance, y por tanto, del nivel de préstamos concedidos en aquellas entidades con mayores dificultades para aumentar capital.

A su vez, el sistema financiero se enfrenta a unos mayores costes de financiación. Una vez finalice la posibilidad de captar recursos en los mercados de capitales con el aval del Estado, el coste de la financiación para las entidades aumentará. Dicho mayor coste sólo se podrá repercutir a los créditos y préstamos nuevos. Los préstamos a largo plazo (por ej. hipotecas), seguirán con los diferenciales acordados en su momento.

Adicionalmente, las cuentas de resultados de las entidades financieras inevitablemente sufrirán la crisis económica vía una mayor morosidad, y por tanto, menor beneficio.

En definitiva, el sector bancario se enfrenta a un escenario con presiones políticas de nuevos impuestos, una mayor exigencia de recursos propios que reducirá la rentabilidad de los mismos, mayores costes de financiación que en muchos casos no se podrán repercutir a los clientes, y por supuesto, a los daños ocasionados por la morosidad resultado de la crisis económica.

Pese a todo lo anterior, al menos los bancos españoles cotizados, tienen la solidez suficiente para presentar reducción de beneficios, pero no pérdidas. No todos los países europeos pueden decir los mismos de sus bancos cotizados.

Jesús Sánchez-Quiñones, director general de Renta 4