El problema más acuciante de la economía española en 2011 será de financiación, de liquidez. El Tesoro español necesitará emitir casi 200.000 millones de euros: 150.000 millones correspondientes a renovación de vencimientos y algo menos de 50.000 millones correspondientes a la financiación del déficit público previsto en 2011. Por su parte, las Comunidades Autónomas afrontan vencimientos por 8.000 millones y deberán emitir nueva deuda por 18.000 millones, equivalente al exceso de gastos sobre sus ingresos en el nuevo ejercicio. Adicionalmente, el sector bancario doméstico, incluyendo las cajas, tendrá que hacer frente a vencimientos por 95.500 millones de euros.

Desafortunadamente, la economía española es muy dependiente del ahorro externo, de tal forma que la Deuda Neta española mantenida por no residentes alcanza el 90% de nuestro PIB. En el caso de la Deuda Pública, prácticamente el 45%  está en manos de no residentes. Nuestra dependencia del ahorro externo hace que gran parte de los vencimientos que tendrán lugar en 2011 deban ser refinanciados por inversores extranjeros. Materialmente no hay ahorro interno suficiente para afrontar los vencimientos en manos de no residentes.

En noviembre hemos asistido al segundo episodio de “crisis de Deuda Soberana”, está vez motivado por el rescate a Irlanda y los temores a una posible intervención en Portugal. Como consecuencia, los mercados de emisión para bancos, cajas y CC.AA. se han cerrado, imposibilitando que dichas entidades puedan emitir bonos que les permitan hacer frente a sus vencimientos de deuda. Frente a esta desconfianza de los inversores internacionales, posiblemente exagerada y poco racional, la única herramienta para contrarrestarla es la transparencia.

El rescate de Irlanda se ha debido al colapso de su sobredimensionado sistema financiero que ha padecido los efectos del estallido de su burbuja inmobiliaria. Sin profundizar en las causas de su situación actual, lo cierto es que la caída de los bancos irlandeses echa por tierra la credibilidad de los resultados de las “pruebas de esfuerzo” (stress tests) que se publicaron en julio, y que las entidades irlandesas superaron sin problemas.

Cada país utilizó sus propios criterios y sus propias hipótesis, siendo el examen realizado a las entidades españolas de los más rigurosos de entre todos los países: tanto por el porcentaje del sistema financiero analizado, 97% frente al 50% de Alemania, como por las hipótesis empleadas.

En una presentación realizada recientemente por el Banco de España, cuantifica en 180 mil millones de euros los créditos con exposición potencialmente problemática, con una cobertura actual del 33%. Un crédito con exposición potencialmente problemática no implica:

1. que sea un crédito fallido,
2. que la pérdida final en caso de ser fallido ascienda al 100% del importe del crédito

Lo que se desconoce a día de hoy es el desglose por entidades. Esta que no se revele su descomposición, la duda abarcará a todo el sistema financiero.

En este sentido es una buena noticia la exigencia del Banco de España a las entidades de publicar trimestralmente la exposición al sector de promoción y construcción junto con los créditos de dudoso cobro y las garantías que cada entidad tenga para hacer frente al posible deterioro. Alguna entidad puede salir mal parada, pero permitirá arrojar luz, separar el grano de la paja y facilitará a la mayoría de las entidades el poder emitir para refinanciar sus vencimientos.

Mientras los mercados no permitan nuevas emisiones, el Banco Central Europeo seguirá siendo un canal de financiación de último recurso. Aun no siendo la situación deseada, al menos permite que las entidades financieras puedan hacer frente a sus vencimientos hasta que el mercado de emisiones se normalice. El foco de atención en los próximos meses estará más en la financiación del sector bancario que en la financiación del Estado.