Descubrimos ahora con cierto estupor que, tras dos años y medio de crisis, con 4.300.000 parados, todos los frentes económicos siguen abiertos. Más preocupante todavía resulta darse cuenta de que ni PSOE ni PP están en condiciones de acometer las radicales reformas que nuestra economía necesita. Sin embargo, cuando el enfermo padece un cáncer, a menudo las tiritas no bastan para curarlo.

Uno de los problemas de la economía española consiste en la reforma y el saneamiento del sistema financiero. Bancos y, sobre todo, cajas siguen acumulando en sus balances una importante cantidad de créditos dudosos o claramente incobrables. El presidente de la Asociación Hipotecaria Española declaró hace poco que, sólo los promotores, deben 325.000 millones a bancos y cajas españolas, que en buena medida no pueden pagar.

Mientras las entidades financieras tengan tantos créditos dudosos en relación a sus recursos propios, no estarán en condiciones de asumir nuevos riesgos. La solución del PSOE, apoyada por el PP, ha consistido en esperar a ver si el problema se arreglaba solo y, si esto fallaba (como ha fallado) inyectar a través del FROB cantidades ingentes de dinero público (hasta 99.000 millones de euros) para rescatar a los bancos y cajas. Todo con el mayor cuidado para no alterar el status quo. Es un tipo de rescate único en el mundo, en el que los rescatados son los que parecen poner las condiciones. “Vale, le dejo que me rescate, pero no me diga que nos vayamos los gestores o que me fusione con una Caja de otra Comunidad”.

Lo lógico sería lo contrario, que los que van a ser rescatados con el dinero de todos tuviesen a cambio que aceptar las condiciones. Los responsables de colocar las entidades en esta situación deberían sufrir algún tipo de penalización, al menos la pérdida de sus puestos. El rescate debería utilizarse para reformar a fondo los órganos de gobiernos de las Cajas, despolitizándolos y profesionalizándolos. Los vetos autonómicos a las fusiones deberían suprimirse. La regulación y supervisión quedar en manos únicamente del Banco de España. No hemos llegado a esta situación por casualidad, las interferencias políticas en la gestión han ayudado, y deberían sentarse las bases para que no se repita en el futuro.

Por supuesto, ni el PSOE ni el PP tienen el más mínimo interés en promover tales reformas. No en vano ellos son los que han creado, y disfrutan conjuntamente, el actual sistema. La politización no es menor en las cajas madrileñas o valencianas que en las andaluzas. En el Consejo de la CCM había representantes de ambos partidos. La semana pasada el Congreso rechazó una moción de UPyD que proponía exactamente el tipo de cosas mencionadas en el párrafo anterior. Sólo votaron a favor de ella dos diputados, Rosa Díez y ¡otro que se equivocó al pulsar el botón! El asunto, pese a su relevancia, apenas tuvo repercusión en los medios, con algunas excepciones.

En este tema, aunque suene paradójico, al final la buena situación de partida que tenían las entidades españolas, gracias a que el Banco de España las había obligado a provisionar mayores cantidades para aumentar sus recursos propios, puede terminar siendo contraproducente, al haber servido para demorar las soluciones y alargar la duración del problema. Esto, a su vez, también retrasa el ajuste del sector inmobiliario: los precios de la vivienda no caen lo suficiente para que encuentren comprador, se calcula que todavía pueden estar un 30% sobrevaloradas, entre un millón o  millón y medio siguen sin venderse. Las entidades financieras sostienen los precios para no reconocer fuertes pérdidas, que lastrarían sus cuentas de resultados y disminuirían los recursos propios (en algunos casos, hasta hacerlos desaparecer). El consumo de las familias y la inversión de las empresas se ven asimismo lastrados por la falta de crédito.

En el frente de la política fiscal, el gobierno ha disparado toda la munición sin apuntar y nada más iniciada la batalla. Ahora, se ha quedado sin cartuchos en mitad de ella.

Después de gastar dinero a mansalva (11.000 millones para la financiación autonómica, 12.000 por la deducción generalizada de 400 euros en el IRPF durante dos años, 8.000 del primer fondo de inversión local, 5.000 del segundo, cheques bebé, eliminación del impuesto sobre el patrimonio…) se ve obligado a realizar un ajuste duro, subiendo los impuestos y recortando el gasto, incluido el estratégico en infraestructuras, todavía en plena crisis.

Tal ajuste se anuncia para calmar el nerviosismo de los mercados financieros internacionales. Si aumentase, encarecería el coste de emitir nueva deuda pública española o llegaría a impedir hacerlo, lo que resultaría desastroso en las actuales circunstancias, con un déficit público del 11,4% del PIB y una deuda pública que ha crecido vertiginosamente (del 37% al 55% del PIB). Además de emitir nueva deuda, hay que renegociar la que va venciendo. La deuda externa es aún mayor que la pública (del 90% del PIB), pues el sector privado está también endeudado, en parte en el exterior.

Conviene no olvidar que buena parte del déficit público no es cíclico, sino estructural. Se debe a que hemos montado durante la fase expansiva del ciclo, como si ésta fuese eterna, una estructura burocrática que no podemos mantener en circunstancias normales. Estructura que, además, se articula en diferentes niveles (central, autonómico, local) que se solapan y no se coordinan entre sí.

En las medidas propuestas por el gobierno para lograr 50.000 millones de recorte del gasto en tres años, no se exige la necesaria cooperación a las Comunidades. De ellas se espera (no se sabe en base a qué) un recorte de sólo 10.000, compartido con los ayuntamientos. El resto los recortará la administración central. El Ministerio de Fomento ha de recortar 1.700 de los 5.000 millones, el 35% del total. Otros 1.500 se logran reduciendo el Fondo de Contingencia para imprevistos (¡recemos para que no haya imprevistos!).

Las reformas necesarias deberían ir en la línea de reducir el componente estructural del déficit, en parte ligado al mal diseño del Estado Autonómico. La reducción del gasto superfluo tiene hoy más margen en las Comunidades Autónomas. Habría que reasignar competencias entre administraciones, en función únicamente del servicio que reciben los ciudadanos, terminando con duplicidades y solapamientos.

Las Comunidades deberían tener mecanismos para coordinarse entre sí y con el gobierno central. Otras medidas, como incrementar la lucha contra el fraude (se calcula que la economía sumergida equivale al 20% del PIB) o una reforma fiscal para que no recaiga la carga tan desproporcionadamente sobre las rentas del trabajo dependiente, tampoco estarían de más. No obstante, PP y PSOE nos han metido juntos en esto y no tienen ninguna intención de rectificar.

Ambos disfrutan los cargos que proporcionan Comunidades y Ayuntamientos. Ambos calculan que pueden necesitar el apoyo de partidos nacionalistas para gobernar. Ambos han promovido las recientes reformas estatutarias en las Comunidades que gobiernan. Con ello, han ido dejando al Estado sin instrumentos para articular políticas comunes con las que hacer frente a la crisis (más allá de lo que dure su capacidad de endeudarse). Los gobiernos del futuro, además de recibir una herencia envenenada (paro, deuda pública, deuda externa) van a tener pocos instrumentos con que encararla.

Sin ánimo de abrumar al lector, concluyo con una breve lista de reformas estructurales que, en mi opinión, son necesarias y para las que no veo capacitados ni a PSOE ni a PP.

- Una educación de calidad en toda España, garantizada por la administración central.

- Un plan energético de ahorro, investigación en renovables y utilización racional de la energía nuclear.

- Una reforma a fondo del mercado de trabajo que termine con la precariedad y la dualidad.

- Una mejorar de la protección a los parados que agotan prestaciones y subsidios,  generalizando la Renta Activa de Inserción para los menores de 45 años y homogeneizando la Renta Mínima de Inserción en todas las CCAA.

- Un sistema de financiación autonómica sin privilegios para ninguna Comunidad.

- Una reforma de la financiación local, con recursos aportados también por las CCAA.

- Restauración de la unidad del mercado interno, incluyendo la eliminación de las barreras lingüísticas a la libre circulación de las personas por todo el territorio nacional.

- Reformas de la justicia, los órganos reguladores (CNE, CNMV, CMT…), el sistema electoral y la propia Constitución.

En realidad, PP y PSOE (el “PPSOE” del título, las dos caras de la misma moneda) ya tienen un pacto, pero es el pacto implícito de no realizar las reformas radicales que los españoles urgentemente  necesitamos.