Mañana jueves se discutirá en el Congreso el Real Decreto en el que se plasman las medidas de recorte del gasto, apresurada y forzadamente adoptadas por el gobierno de Zapatero. Se ha escrito ya mucho sobre ellas, pero convendría aclarar algunos malentendidos interesadamente propagados por los numerosos portavoces de la “verdad” oficial.

Estos nos dicen, en primer lugar, que lo sucedido es inevitable, una consecuencia natural de la crisis, así como que otros países europeos se encuentran en la misma situación y están adoptando medidas similares. Sin embargo, lo sucedido no era inevitable. No se debe únicamente a la crisis, sino también a las medidas radicalmente equivocadas que este gobierno lleva años aplicando. Podríamos remontarnos con este argumento incluso a los años perdidos en el ámbito de las reformas al calor de una falsa prosperidad. Centrándonos, por no alargarnos, en lo sucedido desde el inicio de la crisis: ésta provoca inevitablemente un mayor déficit público, al reducirse la recaudación de los diferentes impuestos y aumentar el gasto en prestaciones por desempleo. Pero, a este déficit inevitable, se le ha sumado el provocado por toda una batería de medidas muy costosas e ineficientes. Recuérdense los 12.000 millones que se dejaron de recaudar en el IRPF por la deducción generalizada de 400 euros durante dos años, los 1.800 millones anuales perdidos por la supresión del Impuesto del Patrimonio, los 13.000 millones malempleados en los dos fondos de inversión local, los 11.000 de la reforma de la financiación autonómica… Es esta orgía de gasto ineficiente la que ha agotado el margen de actuación disponible, inicialmente alto, todavía en plena crisis. Obsérvese que el recorte ahora aprobado pretende reducir el gasto en 5.000 millones este año y en 10.000 el próximo, una cifra bastante menor que la dilapidada.

Por otro lado, la situación española es una excepción dentro de Europa, sólo comparable a las de Grecia y Portugal. Por eso, las medidas son especialmente drásticas, apresuradas e impuestas desde el exterior.  Se nos ha llevado hasta el borde del abismo, o un par de pasos más allá, hasta convertirnos en una economía tutelada desde fuera, intervenida y controlada. Una situación humillante para un país como España, propia de un país en desarrollo incapaz de autogobernarse. El viernes 7 de mayo los mercados financieros se cerraron tanto para las emisiones de deuda pública española como para las de nuestras grandes empresas. El colapso podía amenazar al resto de la zona del euro e incluso a Estados Unidos, dado el tamaño de la economía española (que es cuatro veces el de la griega). La magnitud de la cifra del rescate (750.000 millones) y su urgencia prueban la situación límite que se había alcanzado, así como que somos nosotros (no sólo Grecia o Portugal) los rescatados. La consecuencia ha sido el convertirnos en un país intervenido, bajo tutela exterior, que tiene que actuar al dictado de sus acreedores y pasar evaluaciones periódicas. La primera ha tenido lugar en la reunión del Ecofin del 18 de mayo y la siguiente será la de la Comisión Europea el 12 de junio.

Al dictado de esas órdenes exteriores, en tres días y precipitadamente, se han diseñado las medidas aplicadas ¡Así han salido! Se opta por lo más sencillo: que paguen los más débiles, como siempre. El recorte no puede ser más antisocial. Los funcionarios no son, al menos en su inmensa mayor parte, seres privilegiados y ociosos. Estamos hablando no de señores con manguito en una ventanilla, sino de las enfermeras, los maestros, la Guardia Civil, los bomberos… Se trata de trabajadores con sueldos modestos. No se les congela su salario, como hacía “el malvado PP”: se les reduce drásticamente, por primera vez. Otros “ricos” afectados son los pensionistas, un colectivo pudiente y privilegiado, por lo visto. Qué decir de los solicitantes de ayuda que se acogen a la Ley de Dependencia. Para que no falte de nada, también se recorta en 6.000 millones la inversión pública estatal ¡Será para asegurarse de terminar con cualquier atisbo de recuperación económica!

Tras tanta incompetencia, un cambio tan radical e inexplicado de política no puede ser liderado por la misma persona que nos ha llevado a esta situación. Ya que no por simple dignidad personal, el presidente Zapatero debería dimitir inmediatamente al menos para que la política económica pueda recuperar alguna credibilidad. No parece que tenga intenciones de hacerlo. Ha sido hasta ahora el Chamberlain de la economía y se dispone a ponerse la careta de Churchill sin pestañear. Otro dirigente socialista debería sustituirle ya mientras se convocan elecciones. No olvidemos, además, que las elecciones anteriores se ganaron con promesas de pleno empleo, un país de primera división, adelantar a Francia… ¿Sigue siendo legítimo tal mandato?

Por otro lado, se quiere hacer creer a la sociedad española que estas medidas constituyen una especie de catarsis colectiva, son el sacrificio del que se va a derivar la pronta salida de la crisis. En realidad, estas medidas no suponen el final de nuestras dificultades. Son del estilo de las que suele aplicar el FMI cuando interviene en un país en desarrollo con problemas de solvencia. Su fin último, lo que les da sentido, es el mostrar a los acreedores extranjeros que podemos ser capaces de repagar la deuda pública emitida, que somos unos deudores solventes. Pero esto no va a reactivar la producción ni el empleo. Todo lo contrario. En el corto plazo, se va a deprimir aún más la demanda agregada. La demanda de inversión pública se verá afectada por el aplazamiento de los proyectos. El consumo de las familias se moderará, en algunos casos por la disminución de salarios o la pérdida de poder adquisitivo de las pensiones, en otros por el deterioro de las expectativas que estas medidas, al desatar el pánico, tienen que haber provocado. Esto en un momento en que se atisbaba un final de la contracción del PIB que ahora puede verse truncado. Un indicador de la debilidad actual de la demanda, anterior a estas medidas, es el del último dato del IPC, que mostraba una inflación subyacente negativa.

De hecho, ya se anuncian medidas adicionales, de nuevo con el objetivo de equilibrar las insostenibles cuentas públicas, pero con efectos contractivos sobre la economía. En este caso se habla (como siempre, en medio de grandes contradicciones e improvisando) de más subidas de impuestos. Por supuesto, sólo a “los ricos”. Pero ¿los ricos de verdad pagan impuestos y están al alcance de la Hacienda Pública en la España actual? Algunos datos dan pistas sobre la respuesta correcta. Sólo un 4% de los declarantes en el IRPF admiten tener rentas superiores a 60.000 euros. El 75% de la recaudación de dicho impuesto proviene de las rentas del trabajo. Véase, para más detalles de la situación fiscal, la excelente conferencia de Francisco de la Torre, secretario General de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), en el siguiente link.

Existe el peligro de que, en vez de simplemente limitar la cuantía de la recuperación (como prevé el gobierno), al ser ésta tan débil se genere una segunda espiral recesiva, provocada por el efecto sobre la demanda de la subida de impuestos y el recorte del gasto. En ese caso, crecería de nuevo el gasto público en desempleo, caerían las bases imponibles, aumentaría la deuda en términos del PIB… Si la situación en Grecia se deteriorase, cosa probable (pues parece que en algún momento tendrán que reestructurar su deuda), el efecto contagio sobre España podría volver a desencadenarse. En definitiva, no se ha conjurado la tormenta, tan sólo hemos evitado el hundimiento inmediato. Entramos en una nueva fase de la tempestad, con el barco ya desvencijado y el mismo timonel desorientado.

Los problemas, sin embargo, no son únicamente de personas. Tienen también una naturaleza estructural. Por ello, requieren reformas profundas para hacerles frente. Por ejemplo, una reforma del modelo de Estado para reducir el gasto autonómico superfluo (en consejerías, número de parlamentarios, televisiones, embajadas en el extranjero, servicios meteorológicos, defensores del menor, de la mujer, agencias, observatorios, fundaciones, consorcios…). En las medidas del gobierno, a las comunidades autónomas y a las administraciones locales sólo se les pide un recorte conjunto de 1.200 millones. Sin embargo, las comunidades controlan el 36% del gasto público, frente a un 20% (en gran medida comprometido en pago de intereses de la deuda o prestaciones por desempleo) de la administración central. El libro El coste del Estado autonómico, editado por la Fundación Progreso y Democracia de UPyD, calcula en 26.000 millones los ahorros posibles combatiendo ineficiencias. Una cifra más que suficiente para haber evitado el recorte antisocial a pensionistas y funcionarios.