Los Presupuestos Generales del Estado, sobre todo en la versión consolidada que incluye el gasto de la Seguridad Social, parecen tener una dimensión y, por tanto, una capacidad de actuación formidables. En 2010, el gasto consolidado previsto será de 330 471 millones de euros, lo que equivale aproximadamente a una tercera parte del PIB. Sin embargo, esta primera impresión resulta totalmente engañosa. En realidad, detrás de esas grandes cifras lo que subyace es un Estado residual, que ha ido entregando su capacidad de articular políticas comunes.

Ha de tenerse en cuenta que la mayor parte de ese gasto está previamente comprometido, por lo que no otorga ninguna capacidad de actuación discrecional. Se trata de transferencias obligatorias, en las que el Estado sólo hace de intermediario entre los ingresos públicos y los destinatarios últimos que realmente los gastan. Así, 108 282 millones se gastan en pagar las pensiones de la Seguridad Social, 30 612 millones se destinan a las prestaciones y subsidios de desempleo de los parados, otros 83 595 millones se van en transferencias a otras administraciones (53 632 a las Comunidades Autónomas, 17 760 a las corporaciones locales y 12 202 a la Unión Europea) y 23 267 millones corresponden a los pagos de intereses de la deuda pública. Una vez hechos todos estos ajustes, lo que le queda a los ministerios de la Administración Central para realizar políticas activas, tras deducir los 27 572 de gastos de personal, equivale aproximadamente a sólo un 5% del PIB. El “Estado residual” resultante ha quedado ya reducido a la impotencia en áreas trascendentales. Por ejemplo, nos encontramos con partidas como la del Ministerio de Educación, sobre las que aún se mantiene el ritual de analizar si suben o bajan, cuando su cuantía total es ridícula (3 088 millones, la vigésima parte de un gasto educativo que controlan las Comunidades Autónomas en un 95%). Incluso la única partida activa de cierta influencia que quedaba, el gasto en infraestructuras, está siendo preasignada regionalmente en los nuevos Estatutos.

Este proceso autodestructivo del Estado, iniciado hace décadas, todavía continúa hoy (pese a lo escaso del camino que falta por recorrer). Recientemente se ha aprobado una reforma de la financiación autonómica (excelentemente analizada por el profesor Ángel de la Fuente) que concederá 11 000 millones de euros adicionales a las Comunidades Autónomas. Tales recursos son cedidos por una Administración Central que padece una situación presupuestaria propia insostenible. La reforma afecta ya al presupuesto de 2010: de los escasos 6 500 millones adicionales que se espera recaude la subida de impuestos, 2 000 serán para las Comunidades y 800 para los Ayuntamientos, dejando únicamente 3 700 en manos de la Administración Central. 

Otro ejemplo del voluntario vaciamiento del Estado, que empeora su mala situación para mejorar la de las Comunidades, es el de la liquidación en 2010 de los anticipos del Fondo de Suficiencia en 2008. Debería llevar a que las Comunidades devolviesen a la Administración Central 7 313 millones que recibieron de más, pero la devolución se ha pospuesto (en principio) hasta 2011.

Es más, incluso para lograr la aprobación de estos Presupuestos de 2010 se ha pagado el peaje de seguir avanzando en la dirección centrifugadora. El PNV ha condicionado sus votos al blindaje del concierto, que ha logrado. Un concierto que da lugar a un cupo mal calculado, opaco y discriminatorio.

La dirección correcta parece exactamente la contraria. Al calor de los ingresos impositivos que, de forma excepcional, proporcionaba la burbuja inmobiliaria, se ha construido un aparato burocrático (central, regional y local) que genera un gasto público imposible de mantener con unos ingresos normales. Por ello, el déficit público español tiene un carácter estructural y no desaparecerá de manera automática cuando la recesión finalice. Los superávit temporales de la Seguridad Social, otro de los elementos que permitía enmascarar lo que estaba sucediendo, están también a punto de desaparecer.

La única solución consiste en afrontar una de las reformas estructurales que la economía española tiene pendientes y a menudo se olvida: el rediseño del llamado “Estado de las Autonomías”. Hay que evaluar sin prejuicios qué ha funcionado bien y qué ha funcionado mal para los intereses de los ciudadanos en todas las administraciones. Han de redistribuirse las competencias donde esto suponga una mejora. Ha de elaborarse un plan de sostenibilidad de las finanzas públicas que vincule a todas las administraciones, pues hoy en día es imposible controlar el gasto público, el déficit o la deuda sin involucrar a las administraciones regionales. Éstas, además, han de coordinarse entre sí y con la Administración Central. El actual modelo sólo puede durar mientras sea posible seguir endeudándose. Conviene reformarlo ahora, cuando aún se pueden evitar escenarios peores, en vez de tener que hacerlo obligados por las circunstancias.

9.  Julio Ruiz29/10/2009, 09:01 h.

#3 Esa noticia ha salido en El Confidencial y ha sido comentada por los foreros.
¿Que esconde qué?

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8.  almeriensis29/10/2009, 08:54 h.

#5 Bueno, esa sería una de las explicaciones académicas. La otra es que el estado autonómica deja, mucha mucha PASTA a los políticos.

Lema de los políticos españoles "ROBA MIENTRAS PUEDAS"

Roba roba mientras puedas
y la vaca de leche
la justicia encima se te eche
roba, que siempre algo queda

Que son son diecisiete,
de taifas los reinos
y estos con mucho ingenio
los dedos ligeros en la caja mete

Politicos desvergonzados
que mucha caradura
esto raya la locura
estamos siendo atracados

Pero sigue la mascarada
sigan ustedes votando
ellos siguen robando
y aquí, no pasa nada.

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7.  Joaquin Gomez Moya29/10/2009, 08:44 h.

Estimados contertulios,

Quiero disculparme porque al ir a mirar quienes habíais tenido la atención de votarme, me he votado.

Aprovecho para pedir a quien corresponda en EC para que hagan el sistema de votos más operativo.

Gracias anticipadas por las disculpas.
Atte.
Joaquín Gómez Moya.

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6.  Joaquin Gomez Moya28/10/2009, 17:52 h.

Querido Profesor Anchuelo,

Me preocupa la dinámica institucional completamente enloquecida y dañina para todos.

Veamos: Nuestros políticos criados en las sedes mamando sectarismo; empotrados, escondidos en el marsupio de las listas cerradas y bloqueadas acceden por fin a una ¿responsabilidad? pública. ¿Y qué aprenden?

No olvidemos que esta es en muchísimos casos toda su experiencia antes de quedarse ahí en el marsupio público chupando toda la vida o de subir a más altas i-rresponsabilidades políticas.

¿Qué aprenden? A llorar, a ser unos niñatos acusicas. A gastar, a pedir a papá Estado. Pónganse Vds. en su lugar y lo entenderan a la primera.

El Estado Residual se ha convertido en la gran coartada.

Se debe asignar un impuesto y total soberanía fiscal sobre el mismo a cada nivel administrativo. Y prohibir por Ley toda transferencia entre administraciones.

¿O creen Vds que ahora mismo los des-gobiernos que gestionan más del 50% del gasto en España tienen alguna conciencia de su responsabilidad en la crísis? Así la tendrán. O me endeudo, o subo impuestos, o reduzco gastos. Se acabó la coartada. Eso es federalismo: Bienvenidos a la edad adulta.

Atte.
Joaquín Gómez Moya.

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5.  ESPON28/10/2009, 17:47 h.

Pues nadie se atreve a hablar del adelgazamiento del poder autonómico, ni siquiera el PP, ni mucho menos el PSOE.

El PSOE porque sigue preso de su discurso de la "nación de naciones" y la España "plural"; y el PP porque está atenazado por el complejo de imitar al PSOE y caer bien al electorado nacionalista.

El desmantelamiento del Estado avanza y nadie dice nada.

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