El año acaba de comenzar y, por desgracia, se van acumulando las razones que permiten considerarlo perdido en términos de crecimiento económico. Sería el cuarto ejercicio consecutivo de estancamiento.

Algunas de las razones que llevan a esta triste conclusión estaban claras desde el inicio de 2011. El consumo es el mayor componente de la demanda agregada. Es difícil que crezca con fuerza en un país con un 20% de paro. Los que han perdido su empleo y sus familias limitan el gasto, por razones obvias. Incluso los que no lo han perdido perciben una mayor probabilidad de acabar en el paro, son menos optimistas sobre el futuro y también consumen menos. En España, además, las familias siguen estando altamente endeudadas. Su endeudamiento, que equivalía al 32% del PIB a mediados de los noventa, había aumentado hasta el 86´2% en 2009. El esfuerzo de ajuste que han de hacer, en forma de ahorro, es otra losa que pesa sobre las perspectivas futuras del consumo en España. Véase, para ampliar esta cuestión, el útil trabajo de María Jesús Fernández sobre el endeudamiento de los sectores institucionales españoles.

Importantes factores lastran asimismo la inversión, sobre todo en su componente residencial. El ajuste inmobiliario dista de estar completado. Los precios sólo han caído un 12% desde los máximos y el stock de viviendas sin vender probablemente supere el millón de unidades. En consecuencia, durante 2010 se iniciaron únicamente 120 000 viviendas frente a las 760 000 de 2008. Puede profundizarse en este asunto leyendo alguno de los excelentes trabajos del profesor García Montalvo sobre la dinámica del ajuste inmobiliario en nuestro país.

A este mar de fondo recesivo se le suman otras fuerzas negativas, que empujan a la economía española en la misma dirección. Como ya avisamos algunos, el alegre gasto público del gobierno al iniciarse la crisis ha obligado (tras llevarnos al límite del abismo de una crisis de la deuda) a aplicar una política fiscal fuertemente contractiva antes de que la economía haya salido del estancamiento, dificultando así la recuperación. Como bien señala Francisco de la Torre, Secretario General de la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado, en 2010 el ajuste fiscal no ha hecho más que empezar. Durante 2011 el sesgo contractivo de la política fiscal será mucho mayor. El objetivo consiste en rebajar el déficit del conjunto de las administraciones públicas del 9'2% del PIB al 6%, más de 3 puntos del PIB (unos 30.000 millones de euros). Esto en una economía como la española, cuyo PIB en 2010 todavía se contrajo un 0'1%.

Por si todo lo anterior fuese poco, recientemente los determinantes negativos se han visto reforzados gracias a las últimas medidas sobre el sistema financiero y a la evolución del precio del petróleo. Las medidas de reforma financiera tienen como filosofía básica el exigir a bancos y cajas un mayor porcentaje de recursos propios en relación a sus préstamos. El efecto inmediato de esta decisión será congelar todavía más el crédito, pues no se animarán a dar nuevos préstamos si al hacerlo pueden empeorar ese coeficiente de solvencia exigido. Esto es algo que el propio BCE ha recordado al gobierno español. Lo que se está haciendo es acelerar la puesta en marcha de las exigencias de Basilea III, aunque algo descafeinadas. Pero si éstas se iban a aplicar paulatinamente, con un plazo de adaptación de unos ochos años, era para evitar los efectos contractivos sobre el crédito que podían tener. Como puede verse en los datos del propio Banco de España, el crédito a familias y empresas ya está congelado en España, incluso antes de la aplicación de las nuevas medidas, que empeorarán a corto plazo la situación.

El largo período de tiempo durante el que se prolongará la incertidumbre sobre el destino final de las entidades (hasta septiembre ampliable) hace que en todo 2011 se vaya a mantener la desconfianza. Pues bien, sin crédito es imposible que el consumo y la inversión puedan remontar. Por eso ha sido un error tan grave no solucionar este urgente problema hace tres años, cuando las arcas públicas podrían habérselo permitido sin dificultad, como hicieron la mayoría de los países de nuestro entorno.

La última amenaza proviene del comportamiento reciente del precio del petróleo. La inestabilidad existente en algunos países productores (como Libia), el miedo a que se extienda a otros (como Arabia Saudita) o a que se dificulte el transporte por el canal de Suez, ha llevado el precio del barril de Brent hasta los 120 dólares (un 25% por encima del elevado nivel con que comenzó el 2011). Esto equivale a una transferencia de renta desde los países importadores, como España, a los exportadores. Tenemos que pagar más para importar cantidades parecidas de petróleo, con lo que quedan menos recursos para gastar en otros bienes o servicios, resintiéndose la demanda agregada. Esto afecta más a España, por su mayor dependencia del petróleo, en parte por culpa de la mala política energética del gobierno. Los hidrocarburos siguen cubriendo alrededor del 70% de las necesidades energéticas españolas y la casi total dependencia exterior en su abastecimiento hace que su coste equivalga al 50% del déficit comercial español. Dependemos del exterior para cubrir el 80% de nuestras necesidades de energía primaria, frente a alrededor de un 50% como media en la Unión Europea.

La brusca subida del precio del petróleo está disparando la inflación: en España hasta el 3'6% y en la zona del euro hasta el 2'4%. En ambos casos supera el 2% que el BCE considera admisible, pero de nuevo el problema presenta mayor gravedad en el caso español. Es posible que el BCE suba el tipo de interés antes de lo previsto para hacer frente a esta amenaza inflacionaria. Una vez más, en España los efectos serían especialmente negativos, por la mayor debilidad de la demanda, el alto endeudamiento de los sectores, el peso de las hipotecas a tipo variable…

El volátil precio del petróleo podría disminuir pronto. El BCE podría no subir el tipo de interés, si considera la inflación transitoria. El sector exterior español podría proporcionar alguna noticia positiva. Pero, en vista de este cúmulo de circunstancias adversas, mucho tendrían que cambiar las cosas para que la economía española pudiese crecer algo más que unas décimas en 2011.