Zapatero cambia su política de alianzas. Los sindicatos dejan de ser sus socios preferentes  y ahora lo que toca es gobernar. Aunque sea con la oposición de sus bases sociales. Este es el análisis de urgencia que hacía ayer un ex dirigente sindical que pasa por ser uno de los estrategas de la Unión General de Trabajadores. Su análisis, sin embargo, va mucho más allá. En su opinión, lo que anunció ayer Zapatero  -que va en la misma línea de lo acordado en Irlanda, Grecia o Portugal-, “forma parte de un todo que viene a nivel europeo”, y que no es otra cosa que un largo periodo de austeridad y de políticas neoliberales que vienen de EEUU.

Pero no sólo eso. Para este antiguo dirigente sindical, lo que realmente está en juego es el modelo social europeo, y esa nueva cultura de la austeridad amenaza con liquidarlo, ya que no habrá recursos para cambiar el modelo productivo, abordar el cambio climático o mejorar el Estado de bienestar. Comienza, por lo tanto, una nueva época en la que hasta el sistema público de pensiones se ve amenazado por nuevos aires privatizadores. “Las entidades financieras han ganado por partida doble”, asegura, “han logrado recapitalizarse con fondos públicos y, además, le han trasladado sus problemas a la sociedad”.

¿Qué quiere decir esto? Pues que los sindicatos ven lo anunciado ayer como un movimiento de fondo que va más allá de un simple recorte salarial –aunque sea duro- o de un retroceso en la gasto social. Tanto UGT como CCOO temen que su capacidad de influencia sobre la política económica de Zapatero toca a su fin. Y eso explica la contundencia con que reaccionaron ayer a los anuncios del presidente del Gobierno.

Por el momento, no han convocado movilizaciones, pero la maquinaria  de la conflictividad social se ha puesto en marcha. La huelga general ha dejado de ser un planteamiento teórico y ahora vuelve a estar sobre la mesa. Aunque con una diferencia respecto de anteriores convocatorias. El desgaste de las confederaciones sindicales por su apoyo a Zapatero ha mermado su capacidad de movilización, como se ha puesto de manifiesto en las últimas manifestaciones (1 de mayo o protestas contra la prolongación de la edad de jubilación). Pero esto no significa que no la tengan. Todo lo contrario. Sobre todo teniendo en cuenta que su presencia  se concentra, fundamentalmente, en la empresa pública.

En concreto, y según la Encuesta de Calidad de Vida en el Trabajo, la tasa de afiliación en 2008 se situaba  en el 32,8%, frente al 15,8% en el sector privado. En cinco años (entre 2003 y 2008) ha crecido en nada menos que un 28,6%.

Esta capacidad de movilización en los servicios públicos (incluyendo sectores esenciales como el transporte, la sanidad o la educación) preocupa al Gobierno, y eso explica que ayer mismo Zapatero convocara para hoy a Toxo y Cándido Méndez, que ayer no descartaron una huelga general. Por su parte, la Federación de Servicios a la Ciudadanía, de CCOO, ha convocado a su comité federal, y es de esperar que a partir de esa reunión comiencen las movilizaciones. “No descartamos nada”, dijo a El Confidencial Pepe Fernández, responsable de políticas sectoriales.

Fernández desveló que en la noche del martes, pocas horas antes de la intervención de Zapatero, les llegó de manera informal que el Gobierno preparaba un recorte, pero nadie pensaba que sería tan duro. Se hablaba de congelación salarial pero en ningún caso de una rebaja del 5%.

¿Cuánto ganan los funcionarios?

En su opinión, es probable que el ajuste se articule mediante un Real Decreto que probablemente se aprobará no este viernes, sino el próximo, ya que “no hay nada preparado”. No se trata de un recorte fácil puesto que el Gobierno habla de un 5% como media, lo que obliga a identificar qué empleados públicos sufrirán la parte del león del recorte. La horquilla de retribuciones en el sector público es enorme. El sueldo de un funcionario del nivel 30 incluyendo el complemento de destino (pero sin trienios y sin productividad) se sitúa en 21.954 euros brutos al año. Mientras que el sueldo de un funcionario del nivel  1 -el más bajo- se sitúa en 9.030 euros. La disparidad es todavía mayor si se tienen en cuentas las retribuciones que aplican las comunidades autónomas o los ayuntamientos, donde las  diferencias son enormes.

Ayer otra idea ganaba peso en el nuevo escenario político. Se considera que la primera víctima del ‘decretazo’ será la reforma laboral que están negociando sindicatos y empresarios al margen del Gobierno. Nadie daba un euro porque esas negociaciones fueran a llegar a buen puerto. No parece razonable pensar que las centrales, en medio del mayor recorte social de la democracia, le vayan a sacar al Ejecutivo las castañas del fuego, a menos que sean capaces de reorientar la nueva dirección de la política económica. CEOE tampoco está en las mejores condiciones para imponer nada debido a que los problemas de su presidente están debilitando la posición de los empresarios. Y de ahí que ayer se daba por hecho que el Gobierno está obligado a legislar en solitario, pero en un contexto muy distinto.

Los sindicatos contaban que el Ejecutivo pusiera dinero para mejorar los servicios públicos de empleo, incentivar la contratación de jóvenes y parados de larga duración o favorecer la conversión de empleo temporal en indefinido, pero con la nueva cultura de la austeridad no parece posible que haya recursos suficientes. Como sostiene Ramón Górriz, número dos de CCOO, “claro que lo anunciado por Zapatero contamina las negociaciones”. En su opinión, una vez más el Gobierno ha sido “fuerte con los débiles y débil con los fuertes”. Y en esta sentido reclama la recuperación del Impuesto del Patrimonio o un endurecimiento del Impuesto de Sociedades para aumentar la recaudación.

Los sindicatos, sin embargo, también son conscientes de que es mejor jugar un papel en el conflicto social que echarse al monte, y por eso van a graduar mucho las movilizaciones. No romperán del todo con Zapatero, al contrario de lo que sucedió en los tiempos de Felipe González.