Nueva marcha atrás. El presidente del Gobierno canceló ayer por sorpresa el encuentro que tenía previsto para el miércoles con las principales constructoras del país, tal como adelantó en exclusiva este diario. La reunión fue confirmada por fuentes de Moncloa durante las primeras horas del día, después de que trascendiera la cita a pesar de su carácter secreto, pero a mediodía del lunes se comunicó formalmente el aplazamiento sine die. La versión gubernamental es que las constructoras solicitaron la suspensión por no ser “el momento adecuado", además de coincidir con fechas veraniegas.

Aun a riesgo de trasladar una imagen de improvisación, el gabinete de José Luis Rodríguez Zapatero decidió cancelar el encuentro una vez vista la repercusión alcanzada después de que se hiciera público. Fuentes próximas a los convocados explican que Moncloa barajó el riesgo existente de que se asociaran las últimas medidas fiscales sondeadas por el Gobierno con la reunión que iba a mantener con las constructoras, afectadas por los recortes de inversión en infraestructuras y por las deudas millonarias que las administraciones locales arrastran con las compañías de servicios.

Por este motivo, la coincidencia en el calendario de la reunión con los constructores, prevista par el miércoles, su revelación ayer lunes y las declaraciones del domingo efectuadas por el ministro de Fomento precipitó la cancelación del encuentro secreto. Estaban demasiado recientes las declaraciones de José Blanco, que adelantó una posible subida de impuestos y afirmó que España, "en relación con los servicios públicos y las infraestructuras que tiene, y que tiene que seguir desarrollando, cuenta con una base impositiva muy baja en relación con la media de los países europeos".

La reunión de Zapatero con los presidente de ACS (Florentino Pérez), Acciona (José Manuel Entrecanales), Ferrovial (Rafael del Pino), Sacyr (Luis del Rivero) y FCC (Baldomero Falcones), los principales adjudicatarios de obra pública de la Administración, se cerró pocos días después de que el líder del Ejecutivo, tras despachar con el Rey en Mallorca, anunciara que el Gobierno revisaría el recorte de 6.400 millones de euros efectuado en el Plan de Infraestructuras por entender que era demasiado severo y podrían atenuarse las repercusiones negativas sobre el empleo.

Aunque la cita aplazada se negoció directamente entre Presidente del Gobierno y uno de los constructores más públicos de los convocados, la patronal Seopan ha sido el principal ariete empleado por los licitadores de obra pública para arremeter contra el recorte en la inversión para infraestructuras anunciada por Blanco en mayo. Desde entonces, el presidente de este lobby, David Taguas, ex asesor económico de Zapatero, ha cargado contra la decisión del Gobierno, como hizo recientemente con un artículo en publicado en El País advirtiendo de los efectos del tijeretazo.

Reclamaciones y deudas

La patronal Seopan viene denunciando las deudas que las administraciones locales tienen con las empresas de servicios, generalmente filiales de las grandes constructoras, hasta incidir en el riesgo de que las compañías dejen de prestar sus servicios a Ayuntamientos y Diputaciones, además de tener que reducir sus plantillas. El propio Taguas reconoció, en declaraciones al diario generalista de Prisa este mismo domingo, que la Ley de Morosidad según la cual las administraciones públicas tienen que pagar en 30 días es “irrealizable” y “no pueden cumplir los plazos”.

La situación empieza a ser insostenible para algunos municipios, que han recurrido a expedientes de regulación de empleo en las propias corporaciones locales, acumulan retrasos de más de 200 días en los pagos y tienen prohibido aumentar su endeudamiento por orden del ministerio de Economía, que no quiere ver crecer un monto que llega ya a los 12.000 millones. Esta deriva ha hecho que desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se haya reclamado al Gobierno una línea de financiación a través del ICO de más de 3.000 millones para poder cerrar el año.

Tras la confusión provocada por el anuncio de la reunión, de carácter privado, y la posterior suspensión, las compañías han mostrado su disposición a retomar el cara a cara con Rodríguez Zapatero, cuya iniciativa consideraron que puede ser una opción muy buena para analizar y proponer posibles fórmulas para minimizar el impacto que puede tener en su balance el ajuste inversor en infraestructuras. Como ocurrió tras la revelación del encuentro que el Presidente iba a tener con el dirigente socialista Tomás Gómez, es probable que la cita con los constructores se retome en las próximas fechas.