Alta tensión en las sedes de las cámaras de comercio. Desde quienes veían peligrar su empleo, hasta los que defendían la labor de una institución que en abril celebra sus 125 años. La eliminación del canon obligatorio que las empresas pagan a las cámaras anunciada ayer por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, pone en peligro la continuidad de un buen número de las 85 establecidas en todo el territorio nacional. Y es que los ingresos por esta tasa suponen en muchos casos más de la mitad de su presupuesto. Fuentes del Gobierno aseguraron a este diario que “no está previsto dotarles de otra fuente de financiación”.

En esta línea, añadieron que “tendrán que equilibrar su balance con actividades paralelas y autofinanciarse con servicios y programas”. Y pusieron como ejemplo la Cámara de Comercio de Bilbao, que hasta desarrolla cursos de idiomas. Una aguja en un pajar dentro de una red aferrada al recurso cameral. El Comité Ejecutivo del Consejo Superior de Cámaras se reunirá de urgencia hoy para analizar la situación. Toda una papeleta para su presidente, Javier Gómez Navarro, ex ministro socialista. Uno de sus vicepresidentes, Arturo Fernández, aseguró a El Confidencial que desconocía la letra pequeña de la medida, aunque avanzó que “provocará toda una reordenación del sistema cameral”.  

No ve tan claro que el Ejecutivo vaya a dejarles en la cuneta y apuntó que una de las soluciones es modificar la Ley de Cámaras para avanzar en línea con el modelo francés. “Las cámaras podemos cogestionar otros negocios, como el propio Aeropuerto de Barajas. Es algo que se ya se planteó”, sugirió. En una entrevista con Cinco Días, el también presidente de los empresarios madrileños ya estimaba interesante que las cámaras “cogestionen junto con la Administración muchos de los negocios y concesiones que hasta ahora eran exclusivos del sector público”. Se refería a puertos, aeropuertos, palacios de congresos o autopistas. “Los empresarios administramos de forma diferente al sector público. Más eficiente”, zanjaba.

Zapatero anunció la medida en la sesión de control celebrada por la mañana en el Congreso y el Gobierno echó las cuentas ipso facto. Supondrá un ahorro de 90 millones para las pymes y de 250 millones para el conjunto del tejido empresarial. Y a confesión de parte… Las Cámaras contraatacaron denunciando que la medida beneficia sobre todo a las grandes empresas, y no tanto a los autónomos. Según sus cuentas, el 75% de las empresas integradas en la organización no pagan nada o menos de 20 euros al año. Y añaden que la mitad de los ingresos por cuotas provienen de compañías que pagan más de 6.000 euros al año, que representan sólo el 0,16% del total de las empresas. El canon se calcula en función del beneficio obtenido vía Impuesto de Sociedades.

¿Una medida sin aviso previo?

Fuentes empresariales próximas al Consejo Superior de Cámaras aseguran que en la cúpula del organismo se desconocía la medida. “No se había dicho ni una sola palabra. Algunos incluso se han enterado por una llamada del PP. De hecho, un día antes tuvo lugar un pleno del Consejo Superior de Cámaras al que asistió el secretario de Estado de Comercio, Alfredo Bonet, y no tenía ni idea. La decisión ataca a la línea de flotación del proyecto de cámaras de comercio”, subrayan. Fuentes internas del Gobierno dejaron claro a este diario que Gómez Navarro estaba al tanto de la iniciativa, como no podía ser de otra forma.

En todo caso, no podía pillarle de susto. Como adelantó El Confidencial, el Ministerio de Economía ya había introducido en uno de los borradores de la Ley de Economía Sostenible la eliminación del denominado recurso cameral permanente. Una idea que finalmente no se incluyó en la redacción definitiva del anteproyecto. Según el artículo 13 de la Ley 3/1993, que regula las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Navegación, deberán abonar la cuota “las personas físicas o jurídicas (…) que durante la totalidad o parte de un ejercicio económico hayan ejercido las actividades del comercio, la industria o la navegación (…) y, en tal concepto, hayan quedado sujetos al Impuesto de Actividades Económicas”.

Tampoco los autónomos, que tradicionalmente han sido críticos con una figura que consideran medieval, se mostraban especialmente entusiastas. “Si se quería hacer un guiño real, nos hubieran hecho más felices medidas fiscales o incluso un mayor empeño en que se cumplan las disposiciones sobre morosidad”, se explicaba desde una de las principales asociaciones. La reflexión tradicional de los autónomos es que el canon debía ser eliminado en tanto vulneraba el derecho a la libertad de asociación y sindicación. Además, estimaban que servía para sufragar unas instituciones que consideran ineficientes y que no defienden sus intereses.