El Gobierno sabía de la controversia que iba a traer su intención de modificar la Ley de Sociedades Anónimas y, en concreto, lo referido a las cláusulas de blindaje. De hecho, por indicación del propio presidente, se aplazó la presentación de su enmienda, prevista inicialmente para el mes de noviembre y que iba a ser incluida en la Ley Omnibus, una suerte de la antigua Ley de Acompañamiento que fue eliminada por este Ejecutivo.

 

Según fuentes informadas del proceso, el presidente José Luis Rodríguez Zapatero prefirió no dar curso a la enmienda en ese momento para no levantar suspicacias. Durante esas fechas, la constructora Sacyr libraba un pulso público con el equipo directivo de Repsol, por el que reclamaba una mayor capacidad de gestión como primer accionista con el 20% del capital y no reducir la política de dividendo de la compañía, dinero con el que financia su inversión.

 

Unos meses después, la presentación de la enmienda a la Ley de Sociedades Anónimas se ha topado con otra disputa, también conocida, la que mantiene la constructora ACS para entrar en Iberdrola, donde a pesar de controlar un 12% del capital no se sienta en su consejo de administración. En este caso, la enmienda, que se presentó el pasado día 16 de febrero a última hora, iba a tomar cuerpo el día 4 de marzo, antes de la junta general de Iberdrola.

 

Por estos dos episodios, la modificación de la Ley de Sociedades Anónimas supone un hito jurídico para el mapa empresarial español, dado que permitirá alterar las relaciones de poder existentes en otras cotizadas, caso de Telefónica, NH Hoteles o REE, donde también cuentan con blindajes en los derechos de voto de sus accionistas. De fondo, el debate sobre si la modificación afecta a la estabilidad de las compañías o al enrocamiento de sus equipos gestores.

 

Sin embargo, el debate generado tras conocerse la presentación de la enmienda por el PSOE ha provocado la reacción del resto de fuerzas parlamentarias. Por este motivo, durante la jornada del martes, después de que varios de los portavoces de la Comisión de Economía coincidieran en la necesidad de revisar la propuesta socialista, se acordó aplazar la ponencia hasta finales de mes y dar tiempo a presentar modificaciones al texto.

 

Las principales discrepancias de los partidos de la oposición tienen que ver más con las formas en las que se ha propuesto la enmienda, que lleva tiempo dando vueltas en los círculos de Moncloa, más que en el fondo de la cuestión, según reconocen desde la bancada del Partido Popular. Otras formaciones, sin embargo, como PNV y CiU sí son más reacias al texto pergeñado desde Moncloa y no están dispuestas a aceptarlo con su redacción original.

 

Mientras tanto, ayer mismo, desde Londres, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, con motivo de la presentación de resultados, afirmó que “en España ahora el blindaje a las empresas es un tema improvisado y diría que incluso inoportuno”. Además, recordó que la Comisión Europea ya analizó eliminar los límites en los derechos políticos y lo rechazó porque “no defiende los intereses de los minoritarios frente a inversores especulativos que quieren controlar una empresa sin lanzar una OPA”.

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