El Banco de España, en connivencia con la Junta de Castilla-La Mancha, está a punto de cometer una tropelía legal, si no lo ha hecho ya, al forzar a los actuales administradores provisionales de Caja Castilla-La Mancha (CCM) a corregir los errores detectados en los estatutos de la futura Fundación CCM –aprobados en su última Asamblea General-, errores que llevaron al Registro de Fundaciones de esa Comunidad a rechazar su inscripción en el mismo. El BdE pretende así obviar la obligación legal de convocar nueva Asamblea, lo que retrasaría aún más el plan de rescate de CCM por parte de Cajastur.

Una historia en apariencia compleja, de la que nada se sabía hasta que el subgobernador, Javier Aríztegui, descubrió el pastel el pasado martes 8, durante su comparecencia a puerta cerrada ante la subcomisión de seguimiento del FROB del Congreso de los Diputados. “Hay problemas registrales, me acabo de enterar”, desveló Aríztegui, aclarando que el Registro de fundaciones de Castilla-La Mancha había rechazado los estatutos de la nueva fundación CCM por no cumplir los requisitos legales, lo que constituye un serio obstáculo para que Cajastur pueda finalmente absorber CCM.

Un poco de historia reciente. El pasado 30 de junio tuvo lugar en Cuenca la que en teoría estaba llamada a ser última Asamblea General de CCM. Como único punto en el orden del día figuraba el plan de rescate de la entidad manchega, una operación en varias fases cuyos hitos venían marcados por la segregación del negocio bancario de CCM a favor de Banco Liberta (Cajastur), la transformación de CCM en Fundación y la aprobación de sus estatutos. La Asamblea aprobó el plan de rescate con mayoría de dos tercios.

Pero ocurrió que el Registro de Fundaciones de Castilla-La Mancha rechazó los estatutos aprobados por la Asamblea, alegando que la composición del patronato contravenía la ley. El Registro de fundaciones depende del Gobierno de Castilla-La Mancha, es decir, no es un organismo independiente.

Resulta que ese defecto legal solo se puede corregir con la convocatoria de una nueva Asamblea, en la que obligatoriamente tendría que volverse a votar el plan de rescate en su conjunto, con los estatutos de la Fundación corregidos. No es posible votarlos de forma independiente, sino en el marco de toda la operación.

La Junta de Barrera tiene pánico a una nueva Asamblea

Pero el Gobierno de Castilla-La Mancha que preside José María Berrada no quiere por nada del mundo la celebración de una nueva Asamblea General de CCM, que volvería a poner sobre el tapete su  responsabilidad en la quiebra de la Caja, con el desgaste consiguiente frente a un PP que le pisa los talones electorales en la Comunidad. ¿Qué hacer entonces? Tirar por la calle de en medio y, con la anuencia del BdE, obligar a los administradores provisionales –nombrados por el propio Banco- a modificar esos estatutos para adecuarlos al dictamen del registrador.

Tales administradores, sin embargo, con el respaldo de la asesoría jurídica, han venido rechazando esta solución, inclinándose por la convocatoria de una nueva Asamblea General, dado que la modificación que se les exige no es consecuencia de un mero error -para corregir el cual sí estarían facultados-, sino una decisión de un patronato que fue aprobado voluntaria y conscientemente por la Asamblea, por lo que solo ella puede enmendarlo.

La resistencia de los citados, con todo, parece haber valido de poco. En efecto, de acuerdo con fuentes conocedoras del proceso, los administradores del CCM han sido poco menos que obligados esta mañana del lunes a viajar a Cuenca, al objeto de modificar ante notario los mencionados estatutos. Se ignora a esta hora si la operación se ha llevado a cabo o no.

La alteración de los mismo por los administradores sin la convocatoria de la Asamblea y su posterior inscripción en un registro público, podría ser impugnada por los Consejeros Generales de CCM y cualquier tercero que demuestre interés legítimo, hasta el punto de que si esa impugnación saliera adelante, el plan de rescate en su integridad tendría que deshacerse, incluida la segregación y los acuerdos con el Fondo de Garantía de Depósitos.

Presiones de Cajastur para acelerar el proceso

Por su parte, los administradores, como ejecutores de la acción, serían responsables a título personal de la alteración de los estatutos y de su registro, una responsabilidad que podría ser incluso penal. El PP ya denunció durante la Asamblea del 30 de junio pasado la existencia de graves irregularidades en los estatutos de la Fundación.

Conviene aclarar que el BdE está sufriendo la presión de Cajastur y de su presidente, Manuel Menéndez, interesado en culminar cuanto antes el proceso. Durante la pasada semana, en efecto, se aceleraron los trabajos del plan de rescate de CCM como consecuencias de esas presiones. Además de la absorción de la manchega, Cajastur tiene en marcha el SIP de la CAM.

El calendario auspiciado por Menéndez contempla el cierre de la operación para hoy martes; la elección el próximo jueves por el pleno de las Cortes de Castilla La Mancha de sus representantes en el patronato de la Fundación, y la inmediata puesta en marcha, en fin, de la propia Fundación. La convocatoria de una nueva Asamblea demoraría toda la operación en al menos un mes, a lo que se opone Cajastur, el Banco de España y la propia Junta castellano-manchega. ¿Qué hacer, entonces, con la Ley?