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La reforma laboral que propone el Gobierno sigue siendo un misterio. Al menos en sus aspectos más relevantes. El Ministerio de Trabajo ha presentado esta tarde a sindicatos y empresarios un documento “vago e impreciso”, según un experto laboral, que no incluye propuestas concretas de reforma, y que se limita a hacer algunas consideraciones de carácter general, pero sin ninguna precisión. Ni en plazos ni en propuestas.

El aspecto más destacado del documento tiene que ver con la estabilidad en el empleo, y en este sentido se propone que para evitar el uso no justificado de la contratación eventual “resultaría necesario operar, en primer lugar, sobre la definición legal de las causas de los contratos temporales de obra o servicio y eventual”. Es decir, que el Gobierno vuelve a poner el énfasis en actuar sobre la temporalidad, pero no en la necesidad de generar puestos de trabajo mediante la creación de nuevas modalidades de contratación.

Para poner límites a la temporalidad, el Gobierno propone establecer legalmente plazos máximos de duración del contrato de obra o servicio para evitar que este contrato, “so pretexto de su duración incierta”, se prolongue indefinidamente en el tiempo. Esos plazos máximos legales habrían de respetar en todo caso las reglas establecidas en determinados convenios colectivos sectoriales y podrían también ser modulados a través de la negociación colectiva. Y en este sentido se propone que para evitar la permanencia prolongada de los trabajadores en situación de temporalidad, “sería oportuna” una regulación más adecuada de la actual regla dirigida a evitar el encadenamiento de contratos temporales, operando sobre todos o algunos de los requisitos vigentes en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores.

Sobre la contratación indefinida, el Gobierno no propone cambios respecto de la situación actual en términos de indemnización por despido improcedente (los célebres 45 días por año trabajado).   Ahora bien, reafirma su compromiso de ampliar las posibilidades de utilización del contrato de fomento de la contratación indefinida que existe en la legislación laboral desde 1997, pero que ha ido cayendo en desuso en los últimos años. Es decir, asume la necesidad de abrir la mano en los contratos que incorporan un despido más barato de 33 días, y que ahora se limita a determinados colectivos de difícil inserción laboral (mujeres, jóvenes o mayores de 45 años).

Temporales en fijos

El Gobierno propone tres alternativas. La primera, reabrir la posibilidad, como ha sucedido en otras etapas, de que los contratos temporales puedan transformarse en contratos de fomento de la contratación indefinida; la segunda, examinar la posibilidad de que nuevos colectivos de trabajadores, fuertemente afectados por el desempleo o la temporalidad, puedan realizar estos contratos manteniendo, en cualquier caso, su naturaleza de fomento de la contratación indefinida; la tercera, igualar el coste de indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias, como sucede en el contrato indefinido ordinario.

Con el objetivo de dar mayor seguridad jurídica a los contratos temporales y evitar las situaciones de fraude, el Gobierno propone recuperar en la práctica la causalidad del despido y el derecho a la tutela judicial efectiva. “Ello aconsejaría”, sostiene el documento, “profundizar en cómo objetivar con mayor claridad  las causas de los despidos económicos y en cómo deberían regularse ciertas prácticas que han desnaturalizado los procedimientos de extinción del contrato”.

Sobre las empresas privadas de colocación, el Gobierno considera obligado corregir la singularidad de nuestro ordenamiento en cuanto a las restricciones sobre la apertura a la colaboración público-privada de las tareas de intermediación laboral, analizando la autorización de las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro de acuerdo con los siguientes principios generales: obligación de que todas las agencias privadas dispongan de una autorización del Servicio Público de Empleo competente por su ámbito territorial y de suscribir un convenio de colaboración con los Servicios Públicos de Empleo.

Y en concreto se  pretende exigir que al menos un porcentaje de su actividad esté destinado a colectivos de trabajadores con especiales dificultades de acceso al empleo y “establecimiento de todas las garantías necesarias para asegurar el respeto a la intimidad y dignidad de los trabajadores en el tratamiento de sus datos por las agencias privadas y de la gratuidad total para los trabajadores de este tipo de actividad”.