“Quiso dejar claro que ellos son fiables y los demás no”, lamentaban con visible contrariedad desde una patronal de la construcción. David Taguas, presidente de las grandes constructoras agrupadas en Seopan, había asegurado minutos antes que Fomento debe dar prioridad a los grandes proyectos sobre los pequeños en el plan de ajuste que José Blanco diseña para la obra pública. Una apuesta que favorece claramente a sus asociados y rompía las reglas del juego impuestas entre las patronales del sector, que intentaban escenificar en la sede de CEOE un frente común para oponerse al recorte de 6.400 millones en dos años que alienta Fomento.

La cuestión del tamaño de las obras era un tabú para el cónclave, ya que los intereses de las patronales en este punto son irreconciliables. Pero Taguas no se paró en barras. Probablemente no ayudó que llegara 20 minutos tarde y se perdiera las complicidades previas. “Él habla de proyectos de 500 millones. Ahí no estamos las demás”, explicaba a este diario tras el acto Jaime Lamo de Espinosa, presidente de la Asociación Nacional de Constructoras Independientes (ANCI), que también acoge a compañías medianas, más cómodas en iniciativas de no tanta envergadura.

Con señorío, el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública (Aerco), Javier Sáenz de Cosculluela, no dejó pasar las palabras de Taguas y le matizó ipso facto. “En el tamaño de las obras no hay coincidencia. Me acojo a lo que dijo el presidente del Gobierno de que se diversificarían las obras. En esto no hay ni coincidencia ni unanimidad”, remachó en representación de las constructoras pequeñas y medianas. Un fuego cruzado innecesario entre un ex asesor de Zapatero y un ex ministro socialista. No en vano se había acordado entre los protagonistas que el foro tuviera un carácter lo más institucional posible.

De hecho, el presidente de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), Juan Lazcano, consciente de la brecha abierta, intentó mediar en su papel de maestro de ceremonias y reinterpretó a Taguas. “Lo que quiere decir don David es que si los proyectos se eligen bien, se pueden presentar para tener la rentabilidad esperada”, dijo. “No es fácil poner de acuerdo todos esos egos”, aseguraban tras la reunión fuentes conocedoras de la preparación del acto. La discusión entronca con el Plan Extraordinario de Infraestructuras (PEI) y con la idea de Fomento de trocear los concursos para dar entrada a pequeñas y medianas constructoras.

Demasiados jugadores

Una posibilidad que puso en guardia a las grandes del sector, que a través de Taguas sacaron la artillería al ver amenazado parte de un pastel que cortejaban como suyo. “En 2009 se adjudicaron 15.994,2 millones de euros en obras de gran tamaño a 793 empresas. Es un número enorme”, subrayaba recientemente el presidente de Seopan. Aunque Taguas ha dejado claro que el problema no radica tanto en el tamaño, sino en los problemas de capitalización y el ratio de solvencia de buena parte del sector, insistió ayer en la idea de que hay un “excesivo número de jugadores” y que “los márgenes del sector son muy reducidos”.

Fue si cabe más contundente. “Estamos perturbados, haciendo el ridículo. La Caixa no va a financiar nada, ni le toca”, había explicado Taguas en alusión al debate sobre los problemas de financiación de la obra pública. “Los bancos no financian las infraestructuras, lo hacen los fondos, los bonos y los mercados. (…) Hagámoslo igual que en América del Norte o Asia, donde lo hacen empresas de aquí. Pero no pueden entrar proyectos demasiado pequeños. Tienen que tener un tamaño y que las empresas puedan empujar para que tengan rating”, dijo, abriendo la caja de los truenos e insistiendo en que con esa calificación las obras no tienen problema alguno para financiarse.

La poco vista fotografía de las cinco grandes patronales revela el nivel de inquietud que existe entre las empresas del sector. Los números cantan. Fomento prevé rescindir un 10% de la cartera total de 21.000 millones que acumula en obras, así como la reprogramación de anualidades en torno al 40%, para un total de 8.400 millones. “El impacto de estas desinversiones supondrá una destrucción no menor de 115.000 empleos”, subraya el documento conjunto firmado por las patronales. Las constructoras esquivaron la crítica directa a Blanco y prefirieron centrarse en la ministra de Economía, Elena Salgado, a la que avisaron de “consecuencias imprevisibles” y “devastadoras” para el empleo.

Para evitar que la reestructuración del sector se convierta en la “ley de la selva”, pidieron una suerte de FROB “con ayudas fiscales y crediticias vía ICO, como se ha hecho en ocasiones para sectores como la banca, cajas, automóvil, siderurgia, naval, pesquero, etc.”. Asimismo, solicitan que se busquen otros nichos para recortar el gasto que se alejen de la inversión productiva. “Que se programen y ejecuten privatizaciones de organismos que prestan servicios públicos como AENA u otros, incluso en el marco autonómico (televisiones, empresas públicas, etc.)”, subraya el texto, que además insta a buscar fórmulas para incrementar los ingresos fiscales, vía tasas a los carburantes, tabaco, euroviñeta de tráfico o el copago sanitario.