La reforma laboral transita por la vía lenta. Pero tanto los sindicatos como la patronal, CEOE, saben que su credibilidad está en juego en función de cómo acaben las negociaciones, y por eso en los últimos días han intensificado los contactos en aras de lograr un acuerdo. La gran novedad, según fuentes de absoluta solvencia, es que ambas partes han decidido marginar de las negociaciones al Ministerio de Trabajo, cuya participación se considera hoy por hoy un hándicap más que una ayuda, por lo que han optado por centrarse en contactos de carácter bilateral.

El plazo que se han dado para negociar es de unos 15 días, y una vez transcurrido ese tiempo las dos partes evaluarán si realmente hay posibilidad de acuerdo. Por el momento no se han intercambiado ‘cromos’, como se dice en lenguaje coloquial a las propuestas de cada una de las partes. Si transcurrido ese tiempo se concluye que hay probabilidades reales de acuerdo, la reforma laboral se retrasaría unas semanas con el objetivo de se puedan seguir negociando los aspectos más concretos; pero si no las hay, los contactos se suspenderán sine die. En todo caso, si finalmente hay pacto, será el Gobierno el que tenga la última palabra a partir del documento consensuado que le remitan CCOO, UGT y CEOE.

Lo que está fuera de toda duda es que, por primera vez, y con una tasa de paro que supera el 20% de la población activa, los agentes sociales sienten como nunca la presión de la opinión pública y de los expertos, y eso explica que mantengan estos días contactos totalmente secretos, aunque ellos los llaman ‘discretos’. Las dos partes asumen que su posición institucional pasa por la firma de acuerdos, y si éstos no llegan sus organizaciones dejan de ser útiles a la sociedad.

Según las fuentes consultadas por El Confidencial, son las centrales sindicales quienes mantienen una posición más proclive a la negociación y al acuerdo; mientras que, por el contrario, los dirigentes de CEOE permanecen divididos. Prácticamente en dos partes. Mientras que unos creen que hay que firmar ‘lo que sea’, aunque se trate de una reforma ‘light’; otros sectores de la patronal sólo están dispuestos a avalar una reforma en profundidad. Entre estos se encontraría el propio Gerardo Díaz Ferrán, que sabe que su continuidad al frente de los empresarios va a depender del resultado de las negociaciones. Si  no hay acuerdo, su posición se considera todavía más insostenible, y de ahí que sus interlocutores en las negociaciones -Santiago Herrero y José de la Cavada- se estén empleando a fondo para alcanzar un pacto.

¿Dimisión de Díaz Ferrán?

En algunos círculos, incluso, se ha especulado con la posibilidad de que si no hay acuerdo -hoy por hoy la opción menos probable- el presidente de CEOE presente su dimisión el próximo 22 de junio, fecha en la que se celebrará una asamblea general ordinaria de la patronal. El cónclave está convocado, en principio, para tratar de asuntos internos como la aprobación de las cuentas anuales o la memoria de las actividades, pero hoy por hoy nadie descarta que sin acuerdo sobre la reforma laboral algunas de las organizaciones más fuertes de la patronal dejen caer a su presidente. Eso sí, de manera discreta y llamándole en privado a capítulo. La ‘coartada’ no puede ser otra que la situación de las empresas de Díaz Ferrán, en particular Viajes Marsans, que si nada lo remedia está condenada a presentar concurso de acreedores.

Según fuentes de toda solvencia, pese a esta circunstancia, el patrón de los empresarios mantiene una posición ‘dura’ en las negociaciones, y no parece estar dispuesto a firmar cualquier acuerdo con el Gobierno. Sin embargo, si finalmente se firma una reforma laboral, Díaz Ferrán también podría entonces precipitar un nuevo proceso electoral en la CEOE, pero en un contexto muy diferente. Entonces, podría abandonar la presidencia con dignidad tras haber suscrito un pacto de esta transcendencia.

La posibilidad de que no haya acuerdo preocupa, igualmente, al Gobierno. Y no solamente por la factura en términos de imagen de cara a los mercados financieros. Moncloa teme que si el Ejecutivo legisla unilateralmente, los sindicatos acaben ‘echándose al monte’, lo que debilitaría todavía más su posición política, la peor noticia en unos momentos en los que el PSOE va por detrás del Partido Popular en todas las encuestas.

Lo que está claro es que Zapatero no está dispuesto a correr el riesgo de fracturar a su electorado, y de ahí que haya aceptado como mal menor la marginación del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, de las negociaciones, tal y como han reclamado sindicatos y empresarios. Entre otras razones debido a que el propio Corbacho juega ya un papel irrelevante en el diálogo social, pilotado desde Moncloa desde sus inicios.