La reforma laboral pactada es hoy una misión casi imposible. Pero el remedio -una reforma aprobada en solitario por el Gobierno- puede no ser la solución. Al menos, eso es lo que piensan los sindicatos, convencidos de que podrán frenar en la negociación colectiva los puntos más ‘calientes’ de una reforma de carácter unilateral.

Las centrales toman como referencia lo ocurrido en 1994, cuando el último Gobierno de Felipe González aprobó en solitario la reforma laboral. Al final, muchos puntos de aquellos cambios legislativos se convirtieron en papel mojado. Entre otras cosas debido a que Zapatero -en contra de lo que reclama la patronal- no cambiará la llamada ultractividad de la ley, lo que permite mantener los derechos de los trabajadores hasta la firma de un nuevo convenio colectivo. Según fuentes de absoluta solvencia, el Gobierno tampoco, está dispuesto a rebajar la tutela judicial en el mercado de trabajo, otra vieja reivindicación de los empresarios.  Y si no hay cambios para derribar esos muros, es muy probable que la negociación colectiva -que la suscriben libremente los representantes de los trabajadores y las empresas- se imponga a normas de carácter general, como ha sucedido en el pasado.

En 2002, ocurrió algo parecido. El segundo Gobierno Aznar aprobó su ‘decretazo’, pero finalmente buena parte de la reforma quedó en el aire. En primer lugar, porque el propio Aznar retiró algunos de los puntos más polémicos tras la huelga general convocada por los sindicatos. Pero también porque en  numerosos convenios se articularon medidas defensivas contra la reforma. Por ejemplo, el despido ‘exprés’ –que agilizaba los trámites de las empresas para hacer ajustes laborales- acabó por encarecer las indemnizaciones. Muchos empresarios, antes que iniciar un engorroso trámite que obliga a cursar, negociar y acreditar los despidos para pagar sólo 20 días de indemnización, han optado por acogerse al despido improcedente, que fija una indemnización de 45 días por año trabajado. Y en este caso no hay que dar ninguna explicación a la autoridad laboral o judicial.

 “Al final para muchos empresarios ha sido más ‘barato’ despedir con 45 días -dicho entre comillas- que con 20  días”, asegura un veterano sindicalista. Y en verdad que éste es uno de los puntos sobre los que no hay acuerdo. Los empresarios quieren cambiar la redacción del artículo 52.c del Estatuto de los Trabajadores, que obliga a las empresas  a acreditar que los despidos por causas económicas contribuyen a la “superación de situaciones económicas negativas”.  Cuando se trata de despidos causados por razones técnicas, organizativas o de producción, los empresarios, igualmente, deben acreditar la existencia de dificultades que impiden el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos.

No hay que olvidar que, como dicen los especialistas, el derecho laboral es de carácter tuitivo, por lo que los jueces tiene la obligación de proteger a la parte más débil de una relación contractual: el trabajador. Y de ahí en las magistraturas de Trabajo se suela dar la razón a los empleados frente a los empleadores.

Una semana más de negociaciones para no coincidir con el 8-J

Fuentes oficiales dijeron ayer a El Confidencial que tanto como si hay acuerdo como si no lo hay, el mes de junio debe estar ya lista la reforma laboral. No es que se haya dado un plano adicional de 30 días, como podría interpretarse tras las palabras de Salgado, sino tan sólo “siete o diez días”, por lo que transcurrido ese plazo el Gobierno tendrá las manos libres para aprobar su propia reforma laboral. Se haría por Real Decreto Ley y, posteriormente, el texto se convalidaría en  el Congreso, aunque no es descartable que pueda ser tramitado como proyecto de ley.

La impresión que se tiene desde el Gobierno es que tanto los sindicatos como los empresarios han decidido “lavarse las manos” en la reforma laboral. Es decir, han decidido que la ‘patata caliente’ se la ‘coma’ el Gobierno, dicen las fuentes. Las dos partes, sin embargo, volverán a reunirse en los próximos días para dar la impresión de que las negociaciones siguen vivas. Los primeros no desean apurar mucho  más las negociaciones porque después del recorte salarial a los empleados públicos y la congelación de las pensiones, no quieren hacer nuevas concesiones al Gobierno. Y mucho menos antes de la huelga general del 8 de junio en el sector público. Se considera que un acuerdo antes de esa fecha, desmovilizaría a los empleados públicos. Y tampoco el Gobierno quiere formar la máquina antes de esa convocatoria con un ‘decretazo’ que sólo agrandaría la capacidad de movilización de los sindicatos en la función pública.  

La debilidad política del presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, le impide, por su parte, aceptar una reforma laboral ‘light’, como pretenderían los sindicatos, ya que correría el riesgo de ser desautorizado por los propios órganos de dirección de la patronal. El presidente de los empresarios, con un pie y medio fuera de la presidencia de CEOE, no está en condiciones de forzar una reforma laboral ambiciosa.   

Este es el escenario con el que trabaja el Gobierno. Según un experto laboral, el Ejecutivo está obligado a hacer una reforma equidistante entre los intereses de la patronal y de los sindicatos. Y por hoy parece seguro que no entrará en un asunto especialmente sensible para los agentes sociales: la negociación colectiva. Existe un principio de acuerdo para que este tema no esté dentro del decreto que prepara el Gobierno, ya que  sindicatos y empresarios se han comprometido a negociarlo de forma bilateral.

La reforma, por lo tanto, se centrará en dos frentes. Por un lado, en la eliminación de las restricciones que hoy se ponen al uso del contrato de fomento del empleo indefinido (33 días de indemnización con un máximo de 24 mensualidades). Y, por otro, un ambicioso plan de bonificaciones para incentivar la contratación de jóvenes, con diferencia el segmento más perjudicado por el alza del desempleo.

Una de reforma laboral en esta dirección tendría la virtud, al menos para el Gobierno, de no soliviantar a las partes.