El Pacto de Toledo -que proclama la necesidad de combatir las jubilaciones anticipadas- es papel mojado. No es ninguna novedad. Lo verdaderamente sorprendente es que mientras el Gobierno y la oposición no se cansan de repetir este principio, la Seguridad Social continúa concediendo bajas a buen ritmo. Hasta el extremo de que en 2009 el 41,4% de las altas por jubilación se produjeron antes de los 65 años, la edad legal de retiro. El porcentaje se sitúa en los mismos niveles de 2005.

Dicho en otros términos, el año pasado 112.427 trabajadores accedieron a la jubilación de forma anticipada, de los que poco más de la mitad (65.569) lo hicieron con algún tipo de penalización. El resto lo hizo sin coeficiente reductor alguno. En su gran mayoría por tratarse de jubilación parcial (35.045 trabajadores), una fórmula que permite compatibilizar el cobro de una pensión y el trabajo con jornada reducida, pero que tiene elevados costes para el sistema público de protección social. En concreto, unos 126.000 euros por trabajador en caso de que se hubiera jubilado a los 65 años de edad.

¿Y cuánto cuesta a la Seguridad Social todas las jubilaciones anticipadas y no sólo las de tiempo parcial? Pues una cantidad espectacular. Según datos oficiales, actualmente se producen en España 250.000 nuevas jubilaciones al año, con una pensión media de casi 17.000 euros anuales. Aunque la edad legal son los 65 años, la edad real  es de 63 años y 10 meses. Esto quiere decir que el mayor coste sólo por ese adelantamiento de la jubilación sobre la edad legal asciende a más de 4.000 millones de euros al año sin contar las cotizaciones que no se ingresan. A esa cantidad habría que añadir el coste derivado del incremento anual de la esperanza de vida del año 2010 sobre el 2009, y que se estima en cuarenta y ocho días, con un coste adicional de  más de 350 millones de euros anuales sólo en las nuevas pensiones.

Los datos proceden de un estudio elaborado por Fidel Ferreras, director general del Instituto Nacional de la Seguridad Social, uno de los mayores expertos del país en materia de pensiones. La tesis de Ferreras es que retrasar la edad de jubilación es una solución económica y social más favorable para el conjunto del sistema que “un aumento de las cotizaciones o una reducción del nivel de protección”. Incluso podría valorarse, asegura Ferreras,  “la posibilidad de permitir el mantenimiento de la situación actual para aquéllos que lo deseen con una reducción del nivel de protección”. Es decir, una especie de jubilación a la carta, toda vez que un trabajador podría optar por seguir jubilándose a los 65 años a cambio de alguna penalización.

Sólo los autónomos se jubilan más tarde

El informe de Ferreras ha sido publicado por la Fundación Alternativas  y revela un dato ignorado hasta la fecha y que pone de relieve el fracaso  de los incentivos que se han dado hasta ahora para retrasar la edad de jubilación. En concreto, llama la atención, dice el autor del informe, que nada menos que el 50% de los trabajadores que han prolongado su actividad más allá de los 65 años de edad son autónomos, cuando su peso en el conjunto de la ocupación es sensiblemente menor, apenas el 21%.

Ferreras lo achaca al Estatuto de los Trabajadores, que permite al empresario dar por extinguido el contrato laboral al cumplimiento de los 65 años de edad de los trabajadores. En caso de que éstos quieran prologar su edad de jubilación, sostiene el alto cargo de la Seguridad Social, el empleado no tiene ninguna posibilidad de continuar en el puesto de trabajo si el empresario no lo acepta. Al contrario que en el caso de los autónomos, que no están regidos por el Estatuto de los Trabajadores al tratarse de empleados por cuenta propia.

El informe relata por primera vez el impacto que tiene el envejecimiento sobre las cuentas de la Seguridad Social, y en concreto recuerda que en 2010 la evolución demográfica supondrá un coste adicional del 1,43%, mientras que se ha calculado que el efecto sustitución añadirá otro 1,69%. Sin embargo, asegura, se está observando cómo el impacto demográfico, por la mayor esperanza de vida fundamentalmente, “ya produce un incremento del gasto interanual de pensiones próximo al 2% y esta situación no la puede cambiar ni una mayor natalidad, ni una mayor tasa de actividad”. Su conclusión es que el incremento del gasto seguirá inevitablemente creciendo en tanto en cuanto crezca la esperanza de vida. Según sus cálculos, en España los nuevos pensionistas varones de 65 años del año 2006 van a estar percibiendo durante 9,5 meses más la pensión respecto de los nuevos pensionistas del año 1995.

Esta mayor necesidad de financiación del gasto sólo por la mayor esperanza de vida ya absorbía en el año 2005 algo más de 0,2 puntos porcentuales de la productividad per cápita en la media europea a quince países. Pero en el año 2007 había pasado al 0,7%. Se espera que en el año 2027 alcance 1 punto de productividad per cápita. Ello pone de manifiesto, asegura Ferreras, que a medio y largo plazo el aumento de la productividad para paliar el coste del envejecimiento tiene que ser superior al del pasado. “Sin tal aumento de la productividad, y España no tiene precisamente la tasa más elevada de Europa, disminuye de forma importante el margen para mejorar las condiciones económicas de las generaciones futuras”, concluye.