Al final habrá Pacto de Estado Energético. Así lo reclama el sector al unísono y así parece que puede llegar a ser, tras el acercamiento de posturas entre Gobierno y oposición. Sin ir más lejos, este mismo viernes, el ministro de Industria, Miguel Sebastián, tiene previsto reunirse con el portavoz económico del PP, Cristóbal Montoro, para volver a retomar el camino del acuerdo que ambos escenificaron públicamente antes del verano, según explican fuentes del sector.

Salvo cambios de agenda de última hora, sobre todo por parte de Miguel Sebastián, obligado a asistir al consejo de ministros de todos los viernes, los dos responsables de liderar el eventual Pacto de Estado Energético se han citado en el ministerio de Industria para encauzar unas negociaciones que el PP dio por rotas el pasado mes de septiembre. Entonces, Cristóbal Montoro dudó de la consecución del acuerdo puesto que el Ejecutivo 'no cambia sus premisas' y sus ideologías en materia energética.

 

Uno de los principales elementos de bloqueo entre ambas partes tiene que ver con el precio de la luz. Respecto a este punto, el dirigente popular ha manifestado en más de una ocasión que su formación “no va a participar en un pacto que suponga una subida de la tarifa” por una decisión “unilateral” de la otra parte. Aun así, en la recta final de septiembre, el ministerio de Industria informó de la subida del precio de la luz en un 4%, medida que generó un rechazo generalizado entre los usuarios.

 

Respecto a esta aparente necesidad de subir el precio de la tarifa para reducir el déficit, el ex ministro del PP ha atribuido al Gobierno la responsabilidad de que se hayan acumulado 14.000 millones de deuda con las eléctricas desde 2004, pese a que la tarifa haya subido un 70%. A pesar de esta disparidad de opiniones, el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín, confió el miércoles en que se pueda alcanzar un pacto global en materia energética con el PP y el resto de los partidos políticos.

 

Más leña al fuego

 

A la presión de las eléctricas se sumó ayer jueves la Asociación Española del Gas (Sedigas), que unió su voz al coro de críticas con la actual situación regulatoria y reclamó que “las anunciadas negociaciones de un Pacto Estado de Energía culminen cuanto antes, dado que una política sólida y de largo plazo contribuirá de manera decisiva a la estabilidad del sector energético en general y del gasista en particular, que emplea a 90.000 personas en España, y a la recuperación económica del país”.

 

Como otros muchos agentes de la industria, el presidente de Sedigas, Antoni Peris, aboga por que se fije una política de largo plazo en este terreno, estableciéndose reglas claras para todos los actores, de manera que se solucionarían muchos de los problemas que hoy preocupan al país, al permitir al sector recuperar el camino de estabilidad y la previsibilidad en sus actuaciones. Tesis que por extensión se comparten desde otros operadores energéticos, incluso enemistados, como el de las renovables.

 

Precisamente ayer, el presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), Juan Laso, denunció la pérdida de casi 75.000 empleos desde 2008 a septiembre de 2010 por culpa de “la crisis generada por las restricciones administrativas y regulatorias en el sector fotovoltaico”, según una valoración realizada por Equipo Económico, con la colaboración de algunos expertos de la Universidad Rey Juan Carlos.

 

Juan Laso puso de manifiesto que el sector fotovoltaico español “se encuentra actualmente en una situación extremadamente grave, asfixiado por la incertidumbre regulatoria, la falta de diálogo con la Administración del Estado y una visión ministerial preocupada por reducir el déficit, como sea, en lugar de sentar las bases de estabilidad para el desarrollo de una política energética sostenible, impulsada y desarrollada por el mismo gobierno de la nación”. La solución puede arrancar hoy viernes.