Todo vale. Miguel Sebastián no tiene intención de cortar de raíz el fraude en los huertos solares. La solución que actualmente maneja el Ministerio de Industria para los parques fotovoltaicos que se registraron a la carrera entre 2007 y 2008 para acceder a las generosas primas de la época no pasa por retirar los subsidios a quienes luego no cumplieron en plazo, sino por regularizarles aun rebajando algo su tarifa. Paradójicamente, las asociaciones fotovoltaicas estaban de acuerdo en que se cerrara el grifo de las ayudas a quien estuviera fuera de la ley.

“¿Y meter mano a las tropelías que se han hecho en las comunidades autónomas, muchas de ellas socialistas, en la concesión de licencias?”, se pregunta uno de los actores de la negociación con Industria, que busca fórmulas para recortar las primas a las energías renovables con el fin de limitar el déficit de tarifa. “Supondría depurar responsabilidades”, zanja incrédulo. “Con los datos de que disponemos podemos estimar que –de haberse aplicado la citada corrección- se habrían obtenido ahorros anuales del orden de 800 millones de euros”, cuantificaba la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) en su propuesta al Ministerio.

Según los datos que maneja la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif), Castilla-La Mancha es la comunidad con mayor potencia fotovoltaica instalada al cierre de 2009, con 728,96 megavatios. Le siguen Andalucía, com 728,96, y Extremadura, con 398,21 megavatios, respectivamente. Es cierto que son los enclaves con mayor exposición solar, pero también que son feudos socialistas. “No creo que sea una cuestión política. De hecho, es inteligente por parte de Industria. Al reducir la retribución de esos parques de los 45 a 32 céntimos el megavatio se ahorra parte de las primas”, explicaba ayer Javier Anta, presidente de Asif, no demasiado contrario a una suerte de regularización.

En el otro lado de la balanza, no falta quien subraya que avalar el fraude no ayuda a la imagen de un sector asociado en muchos casos a malas prácticas. Para APPA, retirar la prima a estos parques “contribuiría a reforzar la imagen de España (…) emitiendo un mensaje claro de que los fraudes son perseguidos y castigados”. Entre agosto de 2007 y agosto de 2008 la industria solar fotovoltaica instaló una potencia de 3.500 megavatios cuando el Plan de Energías Renovables apenas contemplaba 400. La pasividad de Industria chocó con la carrera desenfrenada de los inversores para obtener la retribución del Real Decreto 661/2007, al que se puso fecha de caducidad. El 1578/2008, que le sustituyó, rebajaba las primas en un 30%.

Cerrar los expedientes abiertos

El propio Anta alertaba a los socios de Asif sobre las pretensiones de Industria apenas recién terminada la reunión que el pasado lunes mantuvieron las asociaciones fotovoltaicas con Miguel Sebastián y el secretario de Estado de Energía, Pedro Marín. “El Ministerio de Industria está pensando en ofrecer la posibilidad de que las instalaciones irregulares que lo deseen se puedan acoger a las tarifas iniciales del RD 1578/2008 (…) con el compromiso del Ministerio de que los expedientes de esas instalaciones dudosas no se iniciarían, o de estar abiertos, se cerrarían”, reza el e-mail, al que ha tenido acceso este diario. En el mismo también se relata la propuesta que maneja Industria para ahorrar en la factura renovable y que, como adelantó El Confidencial, pasa por un cupo de horas con prima y un recorte retroactivo de las ayudas a la fotovoltaica en el entorno del 30%.

Los números concretos sobre los que trabaja Miguel Sebastián pasan por reducir en 1.000 millones las primas que cobran anualmente la energía fotovoltaica, que en 2009 alcanzaron los 2.600 millones de euros. Además, plantea limitar las horas con prima a 1.200 en el caso de las instalaciones fijas y a 1.644 horas en el de las de uno o dos ejes. En condiciones normales, estos parques se mueven anualmente en las 1.600 y más de 2.000 horas, respectivamente. Con el planteamiento de Industria, entre un 30% o un 40% de la producción quedará sin ayuda. Se trata de disposiciones que afectan a las instalaciones ya en marcha, aunque Sebastián ha preferido limitar las horas y no tocar la tarifa para evitar que se hable de retroactividad.

“No discutimos si es retroactividad o pseudoretroactividad. Al final es una faena”, señalaba ayer el presidente de Asif en un encuentro con periodistas. También se lamentó amargamente de la falta de sintonía con el ministro. “No nos entendemos. Uno de los dos está terriblemente equivocado. Ellos creen que no nos matan con estas medias. Y yo creo que lo piensan. Pero para nosotros lo hacen con alevosía y sangrando a borbotones”, se resignó. El Ministerio quiere tener que el nuevo marco normativo esté en manos de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) el 1 de julio. Las asociaciones tienen una última oportunidad para presentar una contraoferta a Sebastián.

En todo caso, todas tienen claro que es papel mojado y ya se han movilizado para buscar otras vías. Por ejemplo, la Asocíación Empresarial Fotovoltaica (AEF) ha remitido una carta a los diferentes partidos políticos en la que recuerda que un recorte del 30% "provocaría la insolvencia de la mayoría de los proyectos dada su habitual estructura de financiación a través de importantes niveles de deuda estructurada a largo plazo". En esta línea, también alerta de los problemas de inseguridad jurídica que se generan y zanja: "El sector fotovoltaico se destruirá".