Más subidas de impuestos a la vista. Hacienda prevé revisar el valor catastral de 4,2 millones de viviendas durante el año 2011, lo que podría acarrear un notable incremento en la carga fiscal que soportan las familias. No en vano, la notificación que hace el Ministerio es tomada como referencia por los ayuntamientos para elaborar tributos como el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), del que constituye la base imponible. No hay duda de que el valor de los inmuebles examinados subirá, ya que entre revisión y revisión puede pasar más de una década. 

Según consta en el programa Gestión del Catastro Inmobiliario del Ministerio de Economía y Hacienda, contenido en los Presupuestos Generales del Estado para 2011, uno de los objetivos para el ejercicio será “determinar el valor catastral (…) y su notificación en el año 2011, que en este caso corresponden a 4.200.000 inmuebles urbanos”. Eso sí, la última palabra es de los ayuntamientos, que son los que finalmente deciden cómo repercuten unas subidas que pueden escalonar hasta en diez años. La crisis obliga a los alcaldes a un ejercicio de sensibilidad en una balanza en la que también pesa que la recaudación por IBI se ha convertido en el ancla de las finanzas locales.

De acuerdo con un reciente informe del Consejo Económico y Social (CES), la recaudación por IBI de los municipios habría subido un 22,8% en los tres últimos años, hasta alcanzar los 9.889 millones el año pasado. Una cifra que supone el 17% de los ingresos municipales totales y a la que se llega gracias a la revisión de los valores catastrales. Buena parte de lo que suceda en 2011 está en manos del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón. Y es que según explica el programa, “entre los municipios objeto de revisión se encuentran Castellón, Oviedo, Terrasa y, sobre todo, Madrid capital, con 2.148.894 inmuebles”. Toda una patata caliente para un ayuntamiento cuya deuda superaba en el primer trimestre de 2010 los 7.300 millones de euros.

El citado informe del CES, adelantado por La Vanguardia, revela que en 2007 el 54% de los ingresos propios de los ayuntamientos “estaba ligado a la actividad inmobiliaria”. La debacle del sector habría provocado en el último trienio una caída del 36,8% en los ingresos procedentes de la venta de terrenos que los ayuntamientos se adjudican por la cesión obligada de suelo que hacen los promotores y del 12,4% del impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos. La crisis ha supuesto “la desaparición de las bases fiscales asociadas a la burbuja inmobiliaria que se habían convertido en un componente esencial de la financiación de los ayuntamientos”, concluye el documento.

Municipios 'sensibles' a la crisis

Pese a la voracidad de algunos ayuntamientos, las cifras prueban que otros más sensibles han decidido directamente “no llevar a cabo la revisión”. Hacienda había previsto formular 4,3 millones de notificaciones de valores catastrales en 2009, y sólo pudo llevar a cabo 1,9 millones. Para 2010 había previsto revisar el valor de 1,31 millones de inmuebles y finalmente sólo espera actuar sobre 800.000. Pese a esta evolución, la Dirección General del Catastro se plantea un objetivo ambicioso para 2011. Lejos queda el año 2008, en el que se rebasaron las 3,25 millones de notificaciones presupuestadas. Es más, se superaron los cuatro millones.

También se reducen drásticamente por la crisis la tramitación de altas y los cambios en los datos de las fincas. Hacienda preveía acometer 1,36 millones en 2010 y se quedarán en 1,05. Para 2011, sólo contempla 1,1 millones. “Esta disminución se debe a la caída del sector inmobiliario, con la paralización de nuevas construcciones y la consiguiente repercusión en la tramitación de altas en la base de datos del Catastro”, explica el Ministerio. En el Catastro figuran actualmente 33,4 millones de inmuebles urbanos y 40,6 millones de inmuebles rústicos, para un total de 21 millones de titulares. El valor catastral total supera los 1,45 billones de euros.

Hacienda recuerda en su descripción de objetivos que no es el IBI el único impuesto que toma como base el precio de mercado o el valor catastral de los inmuebles. “En el sistema tributario español existen diferentes figuras tributarias -Impuesto sobre el Patrimonio, Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y los impuestos locales sobre Bienes Inmuebles y sobre Incremento del Valor de los Terrenos- cuyo hecho imponible está constituido en todo o en parte por la propiedad, la circulación o la renta generada por los bienes inmuebles”, expone, lo que justifica un banco de datos “permanente actualizado” para no desvirtuar los efectos fiscales de esos gravámenes.