El Gobierno pretende bajar al terreno en su nuevo empeño por reducir el déficit público. Y, sobre  todo, no quiere sorpresas. Según consta en el Real Decreto-ley publicado ayer en el BOE, Elena Salgado tendrá la potestad de vetar cualquier contrato del sector público con el privado que exceda los 12 millones de euros y cuya fórmula de financiación impacte en las cuentas públicas. “Será preceptivo y vinculante un informe del Ministerio de Economía y Hacienda que se pronuncie sobre las repercusiones presupuestarias y compromisos financieros que conlleva, así como su incidencia en el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria”, reza el documento publicado ayer.

Economía quiere estrechar su control sobre la contratación, incluida la concesión de obra pública por encima de esa cuantía. Según fuentes del sector, “sólo se salvarán de supervisión, por ejemplo, obras pequeñas de conservación o mantenimiento de autovías. Las obras mayores se escrutarán todas”. La última palabra en muchas infraestructuras será ahora para Salgado. De acuerdo con el Real Decreto-ley,  “el órgano de contratación deberá proporcionar información completa acerca de los aspectos financieros y presupuestarios del contrato, incluyendo los mecanismos de captación de financiación y garantías que se prevea utilizar durante toda la vigencia del mismo”.

La vicepresidencia aglutina así todo el poder en la contratación pública, a menudo cuestionada por la Intervención General del Estado (IGAE). Sin ir más lejos, en su último informe de auditoría al sector público estatal, el organismo denunciaba irregularidades habituales como el fraccionamiento de gasto para beneficiarse de la tramitación simplificada para contratos menores y para el procedimiento negociado. “Esta situación se pone de manifiesto en el 40% de los informes de control financiero permanente de ministerios y en cerca del 20% de los informes de demás organismos y entes sujetos a este sistema de control”, asegura el informe.

No es el único ámbito en el que el Salgado toma las riendas. También se requerirá un informe previo del Ministerio de Economía para abrir “embajadas, consulados, centros culturales, educativos, sociales, turísticos, así como la creación de cualquier estructura orgánica o funcional a través de la cual se instrumente la acción del sector público estatal en el exterior”. El Gobierno parece apuntar aquí a la duplicidad de gasto que se ha generado en los últimos años con la cada vez mayor presencia de las comunidades autónomas en el exterior. No sólo Cataluña tiene embajadas abiertas en ciudades como Londres, Berlín o París. También el resto de autonomías han desarrollado delegaciones en enclaves estratégicos como Bruselas.

Registro de directivos

Especialmente llamativa es la decisión de crear, dependiente también de Economía y Hacienda, un registro del personal directivo del sector público estatal. Una medida que prueba el descontrol existente hasta ahora en la Administración a la hora de gestionar sus propios recursos. Dicha relación, que pretende ser exhaustiva, “incluirá al personal que tenga tal condición cuando les corresponda el ejercicio de funciones ejecutivas de máximo nivel de las fundación del sector público estatal, de los consorcios participados mayoritariamente por la Administración General del Estado y sus organismos y de las sociedades mercantiles públicas que perciban aportaciones (…) con cargo a los presupuestos públicos”.

El esfuerzo de contención llegará también a la creación de nuevos organismos. “En 2010 –explica el texto legal- no se autorizará la creación de ninguna nueva agencia estatal”. La Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, autorizaba al Gobierno a transformar en el plazo de un año los organismos públicos que procediera en agencias estatales “para la mejora de los servicios públicos”, al tiempo que permitía la creación durante todo el ejercicio de cuatro nuevas agencias. Entonces ya se advertía que los Ministerios de Presidencia y Economía debían informar sobre su creación y su impacto en el gasto público. Ahora todo queda en suspenso.

No se salvan el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal de Cuentas, cuyos presidentes deberán comunicar al Ministerio de Economía en el plazo de 15 días la reducción de las retribuciones de sus miembros. La principal novedad del Real Decreto-ley es, no obstante, la prohibición para los ayuntamientos de endeudarse a largo plazo hasta el 31 de diciembre de 2011. En concreto, la norma establece que ni las entidades locales ni sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones.