Despedir será más fácil. O dicho en términos más precisos. Las empresas podrán desprenderse de una parte de sus plantillas con sólo acreditar ante el juez “una situación económica negativa”. Y para ser todavía más exactos, podrán despedir con solo justificar “la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos, que puedan afectar a su viabilidad o a su capacidad de mantener el volumen de empleo”.

En la reforma laboral publicada en el BOE el pasado 17 de junio se restringía las causas de despido a la existencia de una “situación económica negativa”, pero sin mayores precisiones. Tan sólo se hablaban de que las empresas debían justificar los excedentes con un mínimo de “razonabilidad”

La enmienda a la reforma laboral fue ayer aprobada en la Comisión de Trabajo con los votos a favor del Grupo Socialista y gracias a las abstenciones del PNV y de CiU, y supone una vuelta de tuerca más a la hora de facilitar el despido en las empresas por causas objetivas de carácter económico. La enmienda, de hecho, permite despedir con 20 días (frente a los 45 que marca el despido improcedente) cuando se pretenda “preservar o favorecer su posición competitiva en el mercado”. Es decir, que ya no se trata sólo de cuantificar los resultados económicos de una empresa, sino que se introduce un criterio totalmente subjetivo, como es calificar la ‘posición competitiva’ de un empresa en su respectivo mercado. Serán los jueces quienes interpreten esa redacción.

Esta enmienda supone abrir ya una sima insalvable con los sindicatos, que ayer hablaron sin tapujos de ‘la reforma laboral más regresiva de la democracia’, toda vez que la nueva legislación pretende generalizar las causas de despido objetivo por causas económicas. Para CCOO y UGT, el texto definitivo, “constituye el mayor ataque a los derechos laborales de los últimos 30 años y aunque cueste afirmarlo”, dijeron “este ataque se ha llevado a cabo de la mano de un gobierno socialista, jaleado para la ocasión por las organizaciones empresariales”. En su opinión, la enmienda socialista facilita a las empresas la extinción del contrato por razones económicas, técnicas, organizativas y productivas, “haciéndola más fácil, más rápida y más barata”.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, José Ignacio Echániz, anunció el voto en contra del PP al texto resultante de un proceso que calificó como "improvisado, caótico e histérico". A su juicio, es de la "máxima irresponsabilidad" que el grupo socialista haya promovido este procedimiento "en un texto de tanta delicadeza". Dicho texto tendrá que someterse ahora a votación en el Senado y, en la primera semana de septiembre, volver al Congreso para ser ratificado en la Comisión de Trabajo.  

Contra las bajas por enfermedad

Las enmiendas aprobadas ayer contienen otra ‘bomba’ de relojería respecto de la situación actual. Se abre la posibilidad de que la inspección de los servicios públicos de salud revisen las bajas por enfermedad. En concreto se establece que la inspección médica “podrá solicitar los datos médicos necesarios para el ejercicio de sus competencias”. Dicho en roman paladino, esto significa que  la inspección podrá dictar el alta médica a partir del cuarto día de baja, frente al decimocuarto actual.

En este sentido, la nueva legislación incorpora una nueva disposición final que endurece las faltas por asistencia al trabajo. En concreto se establece que aún siendo justificadas, pero intermitentes, y siempre que alcancen el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses, y siempre que el índice de absentismo total de la plantilla del  centro de trabajo supere el 2,5% en los mismos periodos de tiempo.

La nueva legislación abre, igualmente, otro futuro frente de batalla en relación a la percepción del desempleo, aunque todavía sin concretar. Se dice textualmente que “en el momento en que el empleo inicie su recuperación, el Gobierno adoptará las medidas necesarias para reformar la normativa que regula las prestaciones por desempleo con el objetivo de aumentar la vinculación de éstas con las políticas activas de empleo”.

Quiere decir esto que el Ejecutivo tiene en cartera vincular el cobro del desempleo a la realización de cursos de formación. No se dice ni cómo ni cuándo, pero se trata de un mensaje para navegantes con el doble objetivo de mejorar la cualificación de los trabajadores en paro y reducir las listas de desempleo, ya que el hecho de acudir a cursos es uno de los requisitos para dejar de ser considerado como desempleado en las listas oficiales.