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“Se vive el nerviosismo propio de un cambio de Gobierno”, aseguraba ayer a El Confidencial un alto cargo de un Ministerio, que desconocía si estaba afectado por el plan de ajuste para el sector público estatal que el Ejecutivo aprobará hoy en Consejo de Ministros. Es más, la reestructuración ha puesto en guardia hasta a los funcionarios de a pie, que temen que la eliminación de direcciones y secretarías generales termine por implicar “recolocaciones en la gente de base”. Según confesaba un funcionario, “si tocan a un directivo, todo el departamento puede sufrir. La Administración funciona como un cuerpo. Y hay muchos nervios”.  

No era inquietud el único sentimiento que recorría la Administración. También había cierta incredulidad. “Parece una medida cosmética. La capacidad de maniobra para reducir personal y ahorrar costes es limitada. Puedes cambiar de sitio a un funcionario de carrera o al personal laboral fijo. Incluso puedes amortizar puestos. Pero tienes que seguir pagándole lo que ganaba, incluidos en muchos casos trienios”, apuntaba el mismo directivo, haciendo hincapié en que el dinero que puede ahorrarse es irrisorio. “No vas a reducir costes de forma dramática. El Gobierno simplemente busca un golpe de imagen”, remachaba.

De hecho, si la intención del Ejecutivo es ahorrar 40 millones de euros de aquí a 2013, la cifra apenas alcanza la mitad de las ayudas contenidas en los Presupuestos Generales del Estado de este año para el cine español. Y es que de los 223.995 efectivos adscritos a las Administración General del Estado, un total de 152.150 son funcionarios de carrera y 66.635 personal laboral, del que el 86% es personal fijo. Poco margen para acometer medidas de calado. “Para ahorrar de verdad, el foco debería ponerse en las comunidades autónomas y los ayuntamientos”, subraya un funcionario estatal. Ambos acaparan el 50,6% y el 23,6%, respectivamente, del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

Por otra parte y en lo que afecta a los altos cargos, el Gobierno Zapatero tiene por delante mucho acto de contrición. En diciembre de 2004, los ejecutivos en el sector público estatal ascendían a 367. Cuatro años después, la cifra se elevaba a 409, según los últimos datos facilitados por la Intervención General del Estado. Una evolución a la que no ayudó el incremento del número de ministerios, que no se piensa reducir en el envite de mañana. Cada uno de esos directivos percibe un sueldo bruto superior a los 200.000 euros anuales.

Cambios en la Agencia Tributaria

Ayer empezaron a filtrarse los nombres de algunos de los damnificados por el plan diseñado por las vicepresidentas De la Vega y Salgado. Sin ir más lejos, el ajuste caerá con todo su rigor en el propio Ministerio de Economía y en uno de sus organismos más representativos. Según informó ayer El Confidencial, el director de la Agencia Tributaria (AEAT), Luis Pedroche, sería uno de los que deja el cargo. Pedroche había accedido a la dirección general coincidiendo con la llegada del Gobierno Zapatero en 2004, después de una larga trayectoria en la Agencia Tributaria.

Fuentes gubernamentales explicaron que la destitución se produce en el marco de "un proceso de reestructuración de la secretaría de Estado" y que a Pedroche "se le buscará otro destino". El nuevo director general de la Agencia Tributaria será Juan Manuel López Carbajo, hasta ahora secretario general de Financiacion Territorial. En un primer momento no estaba claro cómo se reestructuría este área, dependiente de la secretaria de Estado de Hacienda y Presupuestos de Carlos Ocaña.

Según fuentes de toda solvencia, el cese se comunicó ayer a la cúpula del organismo en su sede de la calle Infanta Mercedes y no será el único que sufrirá la casa. Fernando Díaz Yubero, director del Departamento de Organización, Planificación y Relaciones Institucionales de la AEAT podría también dejar el cargo, si no hay cambios de última hora. 

La marcha de Pedroche de produce en vísperas del arranque de la campaña del IRPF el próximo 3 de mayo. Durante la misma, la AEAT prevé devolver 12.280 millones de euros a 15,7 millones de contribuyentes. También en un momento especialmente delicado para las finanzas públicas. Recientemente se refería el aún director de la Agencia Tributaria a la importancia de la lucha contra el fraude, dejando claro que se trata de un proceso “lento y laborioso” que no puede ser decisivo para dar cobertura al presupuesto de ingresos. “Mayoritariamente los contribuyentes cumplen”, subrayó.