La reforma laboral avanza. Pero lo hace, justamente, en sentido contrario a lo que pretendían el Gobierno y los grupos parlamentarios que la hicieron posible. Si en la exposición de motivos de la ley, se decía que con la reforma se impulsaría “la creación de empleo estable y de calidad”, lo cierto es que casi tres meses después de la publicación en el BOE del Real Decreto-ley, la precariedad va en aumento. Hasta el punto de que durante el mes de septiembre -y según datos oficiales- se suscribieron únicamente 13.013 contratos de fomento de la contratación indefinida, lo que supone un 33,5% menos que hace un año.

No sólo eso.La dualidad en el mercado de trabajo -otro de los objetivos de la reforma- no sólo no disminuye, aumenta. Hasta el extremo de que en septiembre de cada cien contratos de trabajo suscritos, sólo 8,78 son de carácter indefinido. El resto son temporales. En septiembre de 2007, inmediatamente antes de que estallara la crisis económica, 12 de cada cien contratos eran fijos. Dicho en otros términos, tras la reforma, el 91,22 de los nuevos contratos son temporales. Incluso por encima del 90,5% de 2009 o el 88,4% de 2008.

Como se sabe, el contrato de fomento de la contratación indefinida incorpora una indemnización por despido improcedente de 33 días por año trabajado (inferior a los 45 días que establece el contrato ordinario), y estaba llamado a ser la gran novedad de la reforma laboral en materia de contratación, toda vez que prácticamente se ha universalizado su uso al incluir a nuevos colectivos.

La generalización en el uso de ese contrato ya se podía realizar desde el pasado 18 de junio, un día después de que el BOE publicara el Real Decreto-Ley, pero a pesar de incorporar una indemnización más baja continúa representando un porcentaje ínfimo dentro de la contratación. En septiembre se formalizaron 1,39 millones de contratos, pero de ellos solamente 122.090 tuvieron carácter indefinido, y de estos, únicamente 13.013 fueron al amparo de la nueva legislación ampliada. Es decir, menos del 1% del total. Por el contrario, se formalizaron 63.945 contratos indefinidos ordinarios, aquellos que incorporan una indemnización de 45 días por año trabajado, mientras que otros 44.411 corresponden a conversión de temporales en indefinidos.

Una ley condenada al fracaso

Los datos de septiembre no son, desde luego, un hecho aislado. Todo lo contrario. En julio pasado -ya con la reforma laboral en vigor- se firmaron 10.085 contratos de fomento de la contratación indefinida, un 38% menos que en el mismo mes del año anterior; mientras que en agosto la caída fue del 39%, lo que da idea de lo poco que ha calado el nuevo contrato ampliado entre los empresarios. Algo que no sucedió en la reforma de 1997 pactada con sindicatos y empresarios, y que a la postre que significó el despeque de la contratación indefinida, al menos de forma temporal, como refleja este gráfico extraído del Boletín de Estadísticas Laborales (BEL).

El escaso éxito del nuevo contrato puede tener que ver, precisamente, con el hecho de que no está avalado por sindicatos y patronal, que, en última instancia son quienes pactan las condiciones laborales en las empresas mediante los más de 5.200 convenios que se firman cada año. Y sin un impulso en la negociación colectiva es extremadamente complicado que salga adelante el nuevo contrato de fomento del empleo indefinido.

El fracaso -como sostiene Toni Ferrer, número dos de UGT- también puede estar relacionado con el hecho de que al haberse facilitado las causas del despido objetivo por motivos económicos, que supone una indemnización de 20 días por año trabajado, las empresas no tienen ningún incentivo para celebrar un contrato que incorpora un coste sensiblemente mayor: 33 días. Con la legislación anterior, casi el 90% de los despidos acababan en improcedentes, pero ahora es altamente probable que ese porcentaje caiga en picado, lo que desanima a los empresarios a tirar del contrato de fomento indefinido para abaratar costes.