Los fabricantes con marca propia del sector agroalimentario han depositado sus últimas esperanzas en los Ministerios de Agricultura e Industria. A ellos acuden para lograr un cambio regulatorio que iguale la pugna que libran con las grandes firmas de distribución que operan con marca blanca. Después del penúltimo revés que ha supuesto una reciente sentencia de la Comisión Nacional de Competencia (CNC), las grandes corporaciones industriales están tratando de hacer llegar al Gobierno la necesidad de aplicar nuevos códigos de conducta en la cadena de negocio que eliminen el factor de abuso del que gozan los distribuidores.

Uno de los frentes está encabezado por la patronal Promarca, que aglutina a algunos de los principales fabricantes de marcas líderes de gran consumo, según fuentes del sector. Desde este lobby, presidido por Ignacio Larracoechea, una parte de la industria pretende que se considere a los productos de marca blanca como competidores y, por tanto, que se vean afectados por las leyes de competencia que se aplican a empresas del mismo nivel del proceso productivo (horizontal) y no a los que participan en distintos niveles (vertical), a pesar de integrar su doble condición de distribuidores y productores.

 

Sobre este respecto, el nuevo reglamento de restricciones verticales aprobado desde Bruselas, que debería afectar a todas aquellas grandes firmas, como Carrefour, Lidl, Eroski, Día o Mercadona con un gran porcentaje de surtido propio, no ha supuesto ningún cambio relevante para las cadenas. Por este motivo, desde un organismo como Promarca se está intentando impulsar la creación de un supervisor independiente para el sector de la distribución agroalimentaria, al que se dotaría de funciones equivalentes a las que la CMT o la CNE tienen para los sectores de las telecomunicaciones o la energía, respectivamente.

 

En el fondo, el frente político que abordan los fabricantes obedece a la pérdida de cuota de mercado que están sufriendo ante los productos con marca del distribuidor, situación que se ha agravado durante los dos últimos años, donde la marca blanca, generalmente más barata, ha ocupado las preferencias de los consumidores a la hora de completar su cesta básica de la compra. El argumento base esgrimido ante ambos Ministerios es que las grandes cadenas de supermercados condicionan el posicionamiento en los lineales, fijan precios de venta y además compiten con sus propios productos.

 

“Están creando una tendencia hacia el duopolio”, señala uno de los impulsores de esta ofensiva. “Al final van a provocar la existencia de una marca líder y de otra del distribuidor, dejando fuera del circuito a segundas y terceras marcas”. Como repiten de manera frecuente, los fabricantes afectados por el peso de los distribuidores, a través de cualquiera de sus formatos (supermercados, hiper o discounts), consideran que la exclusión de referencia de los lineales condiciona y dirige las opciones del consumidor, “que en un 70% de las ocasiones compra lo que necesita, aunque no esté la marca que busca”.

 

Sin embargo, si por lo que ha jurisprudencia se refiere, los fabricantes acumulan fallos en su contra. El más reciente, de la CNC, se pronuncia sobre la denuncia interpuesta por el sindicato agrario UPA den Galicia contra Alcampo, Carrefour, Eroski, Mercadona, Gadisa y Froiz, a los que acusaba de abuso de posición dominante al establecer márgenes comerciales más altos para las marcas de fabricante que para las propias. Al contrario, el organismo presidido por Luis Berenguer descarta que exista concentración ni abuso, al tiempo que considera positiva su proliferación para la competencia.

 

A este respecto, la Unión Europea aprobó el pasado mes de abril el Reglamento en el que regula los acuerdos verticales y las causas de competencia, poco contundente de acuerdo con las aspiraciones de los fabricantes. Entre los aspectos más destacados, la Comisión considera que para que a una empresa se le pueda aplicar esta doble condición en necesario que tenga una cuota de mercado de la distribución superior al 30%, porcentaje que en España no alcanza ninguna compañía, y es necesario demostrar que el acuerdo vertical no beneficia al proveedor ni al consumidor.