El número dos de Caja Castilla-La Mancha bajo la presidencia de Juan Pedro Hernández Moltó -que llevó a la quiebra a la entidad-, Ildefonso Ortega, ha sido despedido por los actuales administradores de la entidad por motivos disciplinarios tras la apertura de siete expedientes por faltas muy graves en el desempeño de su función. Sin embargo, el antiguo director general de CCM no ha sido sancionado todavía por el Banco de España, al igual que Moltó, después de que el supervisor aplazara seis meses su decisión definitiva.

Resulta muy llamativo que Ortega pueda ser despedido ahora, es decir, que todavía siguiera en nómina de CCM más de un año después de su intervención por el Banco de España y la consiguiente destitución de todo el consejo de administración. Según fuentes de la entidad, el antiguo director general se encontraba en situación de "jubilado parcial", condición que pierde automáticamente a raíz de este despido.

Esta situación implicaba que Ortega seguía trabajando a tiempo parcial en la caja y cobraba parte de sus emolumentos de la misma, mientras que el resto provenía de la Seguridad Social. Es decir, una situación kafkiana después de ser corresponsable de hundir a la entidad, que sólo se pueden dar en el ámbito de las cajas de ahorros. Tal vez parte de la explicación resida en la mala relación que Ortega mantenía con Moltó, ya que tenían que trabajar juntos a la fuerza pero no había sido elegido por el presidente.

"Ildefonso tiene 61 años y tras la intervención le obligaron a cesar como director general pero le dejaron jubilarse parcialmente y seguir ligado a la caja", explica una de las fuentes consultadas. Con el despido, se rompe definitivamente esta relación y tendrá que marcharse a su casa. Asimismo, ha cesado como consejero de SOS en representación de CCM y como presidente de Tinsa.

Respecto a las razones para su despido disciplinario, las fuentes explican que se trata de "irregularidades cometidas en el desempeño de su cargo de director general por operaciones que se saltaron los procedimientos establecidos en la entidad", básicamente concesiones de créditos sin contar con las aprobaciones ni los informes preceptivos.

El Banco de España no hace caso a sus interventores

También llama la atención que los interventores designados por el Banco de España -el inspector Jorge Pérez-Cerdá Silvestre, el también inspector Carlos Hervás Arnaez y el abogado Raúl Hernández Pardo, miembro del cuerpo de letrados del Banco de España- tengan tan claras estas irregularidades y que en Cibeles (sede central del supervisor) sigan sin sancionar a Moltó ni a Ortega.

Como explicó El Confidencial, la sorprendente lentitud del Banco de España se explica por un procedimiento extremadamente garantista, largo, farragoso y sujeto a todo tipo de interrupciones por parte de la propia entidad intervenida. Y mientras el Banco de España sigue enredado en estas disquisiciones, Moltó puede seguir con su vida normal sin asumir ninguna responsabilidad por su actuación al frente de CCM, hasta el punto de que ha montado una consultora inmobiliaria en Madrid junto con varios socios.

El sainete no ha terminado

Esta situación culmina las numerosas irregularidades posteriores a la intervención de CCM, especialmente el trato de favor dispensado por el supervisor a CCM -le ha permitido lanzar depósitos por encima de la competencia o recomprar sus preferentes sin descuento, y no había tenido que despedir a nadie hasta ahora- y a su comprador, Cajastur -1.300 millones en inyección de capital a CCM por el Fondo de Garantía de Depósitos y 2.475 millones en garantías contra pérdidas por morosidad-.

Y todavía no está escrito el último capítulo de esta rocambolesca historia. El 30 de junio se celebrará la asamblea general de una caja que ya no existe (y que se convertirá en Fundación aunque existen grandes dudas legales al respecto) para aprobar su compra por Cajastur, asamblea en la que no tiene derecho a voto el Banco de España, por increíble que parezca. Es decir, existe la posibilidad de que la asamblea vote en contra de la absorción, en cuyo caso toda la operación se vendría abajo, así como el SIP de Cajastur con CAM, Caja Cantabria y Caja Extremadura. Y no existe un Plan B para tal eventualidad.