Macabras paradojas del destino. Gerardo Díaz Ferrán, a quien las deudas y los impagos en sus empresas le han costado el puesto al frente de CEOE, avaló ayer en la Junta Directiva de la patronal que no puedan votar para elegir a su sucesor aquellas organizaciones que no estén al corriente de pago con la organización. “Se tiene que haber cumplido con el pago de 2009. Se explicó que se suspenderá el voto a quien no haya regularizado su situación cinco días antes de la fecha de las elecciones. Como están convocadas para el 21 de diciembre, el 16 tiene que estar satisfecho el recibo”, explican a El Confidencial fuentes presentes en el cónclave.

Una condición que fuentes internas de la organización consideran normal para evitar impugnaciones de candidatos perdedores. CEOE cuenta con 230 miembros de pleno derecho, que integran a más de 5.000 organizaciones de base. Según se expone en el último Anuario, la patronal gasta anualmente 30 millones de euros, de los cuales las cuotas empresariales, “a los que sumamos patrocinios y otros ingresos propios, (…) cubren más del 83%”. Unos comicios discutidos, con más de un candidato y con cada voto en liza, ayudarían a que los morosos pasaran por caja.

La reunión de ayer transcurrió sin sobresaltos. Díaz Ferrán ya había adelantado la noche antes que no se presentaría a la reelección, en una cena mantenida con miembros de su Comité Ejecutivo en el madrileño restaurante OX’s. Durante la Junta, anunció la fecha de las elecciones, recibió el aplauso de los presentes por su desempeño al frente de la patronal y su secretario general, José María Lacasa, pasó a detallar el calendario electoral. Los candidatos, que necesitarán 20 avales de cuatro organizaciones distintas para ser de la partida, tienen hasta el 14 de diciembre para presentar sus credenciales.

Durante la celebración de la Junta, llegó a Díaz Ferrán un despacho de agencia con los nombres de los nuevos ministros, tras el anuncio oficial de la remodelación del Gobierno efectuada por José Luis Rodríguez Zapatero. El todavía presidente de la patronal pasó a referirlos. Todas las designaciones fueron acogidas con respetuoso silencio. Incluso la de Valeriano Gómez como ministro de Trabajo. Con él y con su pasado ugetista tendrán que lidiar los empresarios. No pudo contenerse la risa generalizada cuando se planteó el nombramiento de Leire Pajín como ministra de Políticas Sociales. “No está muy bien considerada”, aseguraba a este periódico uno de los presentes con cierta sorna.

Habrá más de un candidato

El Día-D abre la veda para la presentación de candidaturas y la búsqueda de apoyos. Se espera en breve el anuncio de Santiago Herrero, presidente de los empresarios andaluces; Juan Rosell, de la catalana Fomento del Trabajo, y de Jesús Banegas, de las empresas de tecnología. Ellos son los aspirantes oficiales. Arturo Fernández, presidente de los empresarios madrileños y uno de los grandes muñidores de la elección, admitía ayer tras el encuentro haber tocado a Manuel Pizarro -que no estaba por la labor- como posible opción de fuera. Eso a pesar de que sus afectos parecen más bien decantarse por la opción de Rosell.  Eso sí, Fernández daba por hecho que será difícil alcanzar una opción de consenso y que habrá más de un candidato.

La búsqueda de alianzas clarificará poco de una elección en la que “el voto es secreto, directo e indelegable y es difícil controlar una votación en bloque”, según explican fuentes conocedoras del proceso. Por ejemplo, los 30 votos que atesora Confemetal, los 83 de Cepyme o los 45 que respectivamente manejan las patronales madrileña y catalana se distribuirán entre asociaciones más pequeñas que pueden ‘escapar’ de la disciplina de voto. No obstante, una veintena de organizaciones atesoran más del 50% de los votos que estarán en liza.

El temor ayer en el frente sindical era el vacío de poder que se genera en la patronal y el impasse que podría producirse en la reforma de los convenios y las pensiones. Sin ir más lejos, el parón convierte en utópico el empeño de Zapatero de tener lista antes de final de año la reforma de las pensiones. El calendario con el que trabajan los sindicatos es que las recomendaciones del Pacto de Toledo no estén listas hasta diciembre. Sobre ellas el Gobierno elabora un proyecto de ley que no se someterá a la opinión de sindicatos y empresarios antes de enero. La tramitación parlamentaria permitiría al Gobierno prolongar la reforma hasta después de las elecciones locales. Eso con el permiso de los mercados.