Es el empresario del carbón en España. Inició su andadura en este negocio tras heredar algunas minas de su padre y un cuarto de siglo después Vitorino Alonso (58 años) representa casi a la mitad de esta industria. Celoso de su imagen pública, su ascenso a la meca del carbón está rodeado de misterio, sobre todo cuanto más se remonta en el tiempo. Con los años, sin embargo, a medida que ha crecido su fortuna, ha alcanzado un estatus de empresario respetado, ascenso que ha culminado con la presidencia de Carbunión, la patronal del sector.

Convertido en todo un poder fáctico en León y Asturias, las principales regiones mineras del país, Vitorino Alonso ha saltado a la palestra por las huelgas y encierros efectuados por mineros de sus compañías, que acumulan retrasos en el pago de sus nóminas desde el pasado mes de julio. Las protestas han subido de tono. Ayer, los afectados realizaron barricadas y cortaron vías de comunicación como la A-6, que une Madrid y Galicia. Un clima de tensión que, lejos de incomodarle, el empresario utiliza como palanca negociadora.

Esta semana, en la comparecencia que efectuó en Gijón, el propio Alonso reclamó al Estado un Programa Financiero que sirva para aliviar la situación económica de las empresas e instó al Ejecutivo a que aprobara de manera urgente el Real Decreto del Carbón, destinado a incentivar el consumo de carbón nacional y obligar a las eléctricas a quemar este mineral. Sin embargo, la norma, cuya aprobación estaba prevista para el pasado mes de diciembre del año pasado, está bloqueada en Bruselas y puede volver modificada.

La postura de Carbounión no ha sentado bien en Madrid. A pesar del compromiso asumido por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por mantener con vida al carbón nacional, el impago de las nóminas ha sido interpretado como medida de presión para sacar los mineros a la calle. Por este motivo, el pasado miércoles, desde el ministerio de Industria, el titular Miguel Sebastián calificó de inusual e inaceptable esta actuación y anunció que se investigará el destino de los 367 millones que han recibido desde julio de 2009 en ayudas.

Alonso es todo un experto en manejar las cuentas de resultados de sus compañías y utilizarlo como herramienta para negociar ayudas. Bajo mandato del PP, el secretario de Estado de Industria, Nemesio Fernández-Cuesta, llegó a explicar en el Congreso que "es difícil de entender que el grupo de empresas compuesto por 14 sociedades presentara el pasado año (1996) unas pérdidas de 246 millones de pesetas con unas ventas globales de 49.399 millones y unos recursos propios de 10.000 millones y que mantenga en fase expansiva el negocio".

La misma complejidad de su entramado societario se traslada a su patrimonio. Como se supone, Alonso es una de las mayores fortunas de las comarcas mineras, además de un importante terrateniente, con varios miles de hectáreas en fincas de caza repartidas en Cáceres y Huesca, con las que también ha tenido problemas. Sin embargo, el tamaño de su fortuna se desconoce. Casi ninguna propiedad, al margen de las compañías mineras y los negocios auxiliares, figura a su nombre. Sus intereses patrimoniales están representados por terceras personas, como su asesor Antonio Francisco de la Fuente.

Esta opacidad quedó demostrada durante otro episodio de los noventa. Un informe de la unidad de policía judicial de la Guardia Civil revelaba que el empresario leonés, declarado insolvente por varios juzgados, poseía un “entramado de unas treinta empresas, con un valor real de cerca de 20.000 millones de pesetas, un capital social superior a los 2.000 millones y un movimiento de dinero en suministros de unos 40.000 millones”. La Guardia Civil se mostraba extrañada de "que sin patrimonio conocido ni socios capitalistas, un señor que poseía 40 acciones de Hullas de Barruelo y un ciclomotor en 1989, que manifiesta vivir de las propinas del padre, fuera ya gestor de ese emporio.

También de aquella época se remonta un conflicto con las eléctricas, sus principales compradores del carbón. Exactamente en 1993, Unión Fenosa denunció a Vitorino Alonso por suministrarle carbón de mala calidad, extranjero, pero que comercializaba como autóctono y por lo tanto con derecho a prima. Después de que este proceso se archivara en varias instancias, finalmente fue el Tribunal Supremo quien dio un giro al proceso y falló el pasado mes de marzo a favor de la eléctrica y contra el empresario, al que obliga a pagar de 14 millones de euros de indemnización.

Con todo lo dicho, su último gran frente tiene que ver con la mina a cielo abierto que explota en León, desde el pueblo de Babia al Valle de Laciana. Tras la pasividad regulatoria de la Junta de Castilla y León y del propio Ministerio de Industria, tuvo que ser Bruselas -hace casi tres años- quien instara a detener las obras y retirar las máquinas. Finalmente, el Tribunal Superior de Justicia de CyL se atrevió de nuevo con Vitorino Alonso, y la Fiscalía instó una investigación por presuntos hechos delictivos de carácter urbanístico y medioambiental. Aunque esta derrota parcial no significa que haya perdido la batalla judicial.