Estaba todo acordado. La fusión entre Caja Madrid y Bancaja anunciada ayer jueves contaba con el aval político del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y del líder de la oposición, Mariano Rajoy. El encuentro que mantuvieron a principios de mayo en el Palacio de la Moncloa, alertados por el gobernador del Banco de España del deterioro del sistema financiero español, sentó las bases de un acuerdo de estado de facto para no obstaculizar, con guerra de partidos, el proceso de reestructuración.

Bajo este marco, Fernández Ordóñez se ha sentido por fin con libertad para descolgar el teléfono. Así lo hizo el pasado jueves día 3 de junio, festividad del Corpus Christi. El gobernador del Banco de España llamó al presidente de Bancaja, José Luis Olivas, para invitarle a participar en el recién creado SIP que abandera Caja Madrid, donde también están integrados Caja Ávila, Caja Segovia, Caja Insular de Canarias, Caja Rioja y Caixa Laietana. El responsable de la entidad valenciana no tenía otra alternativa.

El ultimátum fue rotundo. 48 horas para llegar a un acuerdo, de lo contrario, el celo de los inspectores del Banco de España instalados en Bancaja podría precipitar otro tipo de decisiones más drásticas. Una vez que el contador se puso en marcha, Olivas se puso en contacto inmediato con su homólogo de Caja Madrid, Rodrigo Rato. Al presidente de la caja madrileña, observada con lupa por su condición de entidad con riesgo sistémico, le llegaba en bandeja la gran operación que estaba esperando para dar un salto cuantitativo.

Puestos a la tarea, Rato conversó durante el fin de semana con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y al líder del PP, Mariano Rajoy, la operación que se había puesto en marcha. En ambos casos, no hubo pegas, salvo observaciones sobre el formato a elegir: fusión fría o caliente. En Valencia, mientras tanto, Olivas informó a Camps de las obligaciones, a pesar de que el presidente regional se manifestó en contra después de que CAM se integrará en un SIP con CajAstur, Caja Extremadura y Caja Cantabria.

Las conversaciones no han encontrado obstáculos. El martes de esta semana, en Madrid, en un desayuno ofrecido al líder del PP en el País Vasco, Alfonso Basagoiti, se congregó la cúpula del partido. Rajoy y Aguirre zanjaron los últimos flecos en un aparte, sin necesidad de muchas palabras: la sede social se quedaría en Valencia, como un gesto de generosidad necesario para salvar a Camps, que sólo en un mes ha visto cómo las dos cajas regionales, número tres y cuatro del ránking, han trasladado sus centros de decisión fuera la Comunidad.

Madrid el poder, Valencia los impuestos

La sede operativa del nuevo grupo se ubicará en Madrid. Es decir, el poder y el empleo se concentrarán en la capital, como reconocía con amargura ayer algún empresario valenciano, descontento por la polaridad financiera creada en el país junto a Barcelona. De esta manera, la presidencia ejecutiva será para Rodrigo Rato, con competencias para todo el negocio comercial de banca, mientras que la vicepresidencia recalará en Olivas, al que corresponderá el mando sobre la cartera de participadas y el área de auditoría interna.

Como con otros procesos similares, cada entidad mantendrá la titularidad y gestión de sus oficinas de negocio bancario minorista, aunque es probable que Caja Madrid ocupe las oficinas de Bancaja en la zona centro (Castilla y León y Castilla La Mancha) y deje el arco del Levante y Baleares a su socio valenciano, según fuentes del sector financiero. Mientras, el resto de integrantes del SIP, que juntos no permitían a la madrileña cumplir con las exigencias para acudir al FROB, conservarán su marca en sus respectivos territorios naturales.

Durante estos días de conversaciones, uno de los puntos negociados tuvo que ver con el posible uso de la marca Banco de Valencia, controlado por Bancaja como máximo accionista con un 36%, como posible cabecera para articular la fusión. Sin embargo, la existencia de accionistas minoritarios en la entidad, cotizada en bolsa, ha terminado por dar al traste con esa vía, que habría podido ser utilizada políticamente por Camps para vender los parabienes de la fusión. Aun así, el presidente autonómico no dudo ayer en elogiar el acuerdo.

Con unos activos de 340.000 millones de euros, el nuevo SIP presidido por Rodrigo Rato se consolidará como la primera caja de ahorros del país, tanto en banca comercial y de empresas como por volumen de negocio. Supera así a La Caixa, la caja catalana que dirige Isidro Fainé, con quien el ex dirigente popular ha asumido el liderazgo, a través de la patronal CECA, para tutelar el proceso de reordenación y convertirse en los dos grandes cajeros del sistema, a la altura casi a nivel doméstico de los privados Santander y BBVA.