La nueva regulación para la industria fotovoltaica aprobada este viernes por el Gobierno hizo realidad los peores temores del sector. Una rebaja de las primas del 45% para las instalaciones en suelo y un 25% para las de techo que, según Industria, permitirá ahorrar al Ejecutivo más de 600 millones en subsidios hasta 2013. Para los afectados, la cuestión está clara: se ha cedido ante las eléctricas, se ha tomado la decisión sin consensuarla con las empresas y las plantas de suelo dejan de ser rentables. Además, se abre una vía de inseguridad jurídica al limitar el derecho a la ayuda a los 25 años de vida útil de la instalación. “Es una medida retroactiva y claramente discriminatoria”, aseguraba la Asociación de la Industria Fotovoltaica (Asif) al conocer la medida, que no descarta recurrir.

En la misma línea se expresó Juan Laso, presidente de la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF) y de T-Solar, que también contempla acciones legales por la parte retroactiva de la regulación. Sin embargo, el departamento de Miguel Sebastián argumenta que la nueva normativa va “en beneficio de los consumidores”, una afirmación que obliga a leer entre líneas. Industria sugiere que el recorte en las primas ayudará a contener el recibo de la luz, que entre otras cargas soporta las primas a la energía verde. Uno de los mantras del Ministerio y las eléctricas es que la industria fotovoltaica es la principal culpable de que suba la electricidad y del déficit de tarifa. También desmonta Industria que los parques dejen de ser rentables. “La nueva normativa asegura una retribución suficiente para las instalaciones, atractiva para los promotores de nuevos proyectos, y garantiza un retorno a las inversiones realizadas”, reza su comunicado.

Unas premisas que combate Javier García-Breva, presidente de la Fundación Renovables y de la sección fotovoltaica de la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA), para quien lo peor no será la reducción de los subsidios, sino que en paralelo se estrangula el mercado.“Lo más grave no es la rebaja de las tarifas, sino la reducción del mercado para 2020. Eso va a tener un efecto letal. La Subcomisión de Energía del Congreso aprobó esta semana un documento en el que fija el objetivo de fotovoltaica hasta 2020 en 6.600 megavatios, cuando ya hay en marcha casi 4.000. Eso reduce el volumen de mercado a entre 250 y 280 megavatios al año desde los 500 actuales. Con un mercado más amplio, podría haber esperanza pese a la rebaja de tarifa, pero así… Y ese es el mix que irá en el Plan de Energias Renovables (PER)”.

Y añade García-Breva, con intención, que el gas sí se incrementa en esa planificación energética. La fotovoltaica vincula el cambio de paradigma de Zapatero, otrora primer defensor de las renovables, con la presión de las eléctricas. Como ha explicado este diario, éstas se quejan de un mix energético que da prioridad a las energías fluyentes –sol, viento, agua y nuclear, a la sazón primadas- y relega al banquillo a los excedentarios ciclos combinados de compañías como Gas Natural, que funcionan muy por debajo de su capacidad. La gasista, por otra parte, no recibe compensación alguna por proporcionar la garantía de potencia. Un problema que el Ejecutivo no ha acometido. 

Más decretos sin consenso

Además, según explica el presidente de la Fundación Renovables, el real decreto no cierra del todo la puerta a la aplicación de más medidas retroactivas. “Falta ver la letra pequeña, pero los borradores que han circulado conceden al secretario de Estado la facultad de modificar los perfiles horarios de las plantas. Por tanto, quedan por despejar muchas incógnitas”. En efecto, la nueva regulación de Industria mira hacia el futuro, pero no resuelve el principal problema que tiene sobre la mesa Sebastián. Esto es, el boom de instalaciones con generosos subsidios montadas al abrigo del real decreto 661/2007. Ahí es donde está el grueso de las primas, que Industria buscaría moderar limitando las horas con derecho a ayuda. El Ministero habla de retroactividad impropia, en tanto no afectaría al dinero ya percibido. El sector no lo ve tan claro y el Gobierno podría encontarse con miles de demandas en los tribunales. No en vano hay unos 50.000 inversores con dinero en huertos solares.

El vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, no despejó esas inquietudes al asegurar en la rueda de prensa posterior al Consejo que todavía quedan decretos por aprobar en el ámbito de las renovables y que no todos tendrán el consenso del sector. “Unos serán pactados y otros no”, subrayó. La falta de comunicación es notoria. El mismo jueves, desde alguna patronal se insistía en que el Gobierno no aprobaría un día después el decreto fotovoltaico. “Hay una nueva inspección de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) en marcha para aflorar más fraude. Se van a analizar más de 1.000 megavatios y las compañías tienen todavía tiempo para enviar la documentación. Parecería lógico que esperaran a ver cuánto se ahorra retirando la prima a las plantas fraudulentas”, aseguraban fuentes del sector.

Asif insistió en el impacto que la regulación tendrá en las instalaciones de suelo. “El año que viene se seguirán haciendo las que ya están adjudicadas. Para las nuevas instalaciones que se concedan en 2011 habrá que ver si salen los números. Y no van a salir”, se asegura. De acuerdo con la nota remitida por la patronal, se trata de “una reducción brutal. El volumen total del mercado solar se reducirá casi un 50%, desde los 500 megavatios anuales previstos por la regulación hasta poco más de 250 megavatios”. AEF apuntó que se trata de una reducción tarifaria "exagerada" y que discrimina a la fotovoltaica respecto a las demás renovables, si bien estima que al menos pone punto final a la incertidumbre para el sector.