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Han tenido que pasar tres años y dos meses para que el Ministerio de Industria ponga coto a las irregularidades y excesos que su propia regulación provocó en el sector de las energías renovables fotovoltaicas. Este viernes, el último consejo de ministros del curso político aprobará un Real Decreto de ‘trazabilidad’ por el que investigará a 800 megavatios (MW) de instalaciones sospechosas de estar en condiciones irregulares, es decir, cerca de una cuarta parte de los 3.300 MW inscritos bajo el régimen especial del Real Decreto 661/2007, el controvertido marco regulatorio de primas que alentó el boom del sector.

Después del tiempo transcurrido y tras varios meses de negociaciones con las patronales fotovoltaicas (APPA, Asif y AEF), Industria ha delegado en la Comisión Nacional de la Energía (CNE) la inspección de las plantas inscritas poco antes del 28 de septiembre de 2008. En esa fecha expiraban las suculentas primas de cerca de 465 euros por megavatios hora (MW/h) que impulsaron el registro acelerado de instalaciones para acogerse a un régimen más ventajoso que el posterior del Real Decreto 1578/2008, un cambio regulatorio que creó un "efecto llamada" y un "aluvión" de nuevas plantas, muchas de ellas irregulares.

Antes que abordar el posible recorte de primas, incluso su carácter retroactivo, o la limitación de las horas de producción por cupos, la Secretaría de Estado de Energía se ha propuesto recortar costes de la tarifa eléctrica asociados a las renovables por el camino de los posibles fraudes realizados en el fotovoltaico. A estas alturas, después casi medio año de incertidumbre absoluta, el regulador pedirá a las plantas sospechosas documentación de aduanas, facturas, certificados de instalación, fotografías o cualquier documento que pueda demostrar que la planta funcionaba correctamente en el momento de su inscripción.

Industria quiere ser ahora inflexible. Si la CNE demuestra la irregularidad de una planta, y sin perjuicio de otras medidas administrativas o incluso penales, al propietario se le retirará la prima y se le retribuirá en el mercado, como si fuese una instalación eléctrica convencional. Además, se le obligará a devolver con intereses de demora todas las primas recibidas desde septiembre de 2008 y, si desea regresar al sistema de subvenciones, tendrá que ponerse el último en la cola de aspirantes al prerregistro de asignación, lo que podría obligarle a esperar entre tres o cuatro años.

Amnistía para los confesos

A pesar de esta aparente dureza de Industria, el nuevo real decreto incluirá una disposición adicional para que los arrepentidos o los que duden de su situación puedan evitar la apertura del expediente y sus consecuencias. Un extremo que ya adelantó este diario y que desde el ministerio se niegan a calificar como "amnistía", al que podría acogerse cerca del 15% de los megavatios del sector. Sin embargo, el promotor que acepte esta fórmula no tendrá que devolver la prima cobrada con el marco 661 y pasará directamente al régimen del 1578/2008 sin necesidad de hacer cola ni de exponerse a una retribución aún menor.

La persecución de las irregularidades se convirtió en tema de debate público después de que trascendiera la existencia de huertos solares que producían durante la noche gracias a motores de biocombustible. Sin embargo, el gran fraude está relacionado con el periodo de tramitación para inscribir y conectar las instalaciones a la red antes de la fecha que garantizaba las primas del 661. Y como reconocen desde una patronal, este proceso contó con la colaboración de las Comunidades Autónomas que, por dejación de sus funciones, no fueron capaces de evitar el fraude con una gestión administrativa diligente.