El Ministerio de Industria ha movido ficha. Según ha comunicado este miércoles a las principales asociaciones fotovoltaicas, su intención es acometer un recorte de un 30% de las primas que afectará también a los parques ya instalados. El planteamiento de Industria es que existe un exceso en horas de producción eléctrica solar que quiere reducir, para que pase del entorno de las 2.000 a las 1.300 horas. “La rebaja es con carácter retroactivo y han dado a las asociaciones 48 horas para contestar. Los presentes se han levantado y se han ido. Se cargan el sector”, aseguran fuentes conocedoras del encuentro.

Como avanzaba este miércoles El Confidencial, el departamento de Miguel Sebastián quiere poner en marcha un sistema mixto que fije un cupo de horas al año con prima. Más allá de ese umbral, la electricidad generada se pagaría conforme a mercado. Este escenario permitiría a Industria controlar de antemano la factura que cada año está dispuesta a pagar para promover el desarrollo del sector. Lo que más ha sorprendido a los presentes en el Ministerio ha sido la garantía dada por Industria de que cuenta con el visto bueno de los bancos, que tienen pillados 15.000 millones en el sector fotovoltaico.

La parte dura del ajuste se la lleva el sector fotovoltaico, que es donde el Gobierno ve el verdadero problema en el desembolso de ayudas. El 30% de recorte medio saldría de una reducción de las primas del 40% para las instalaciones de suelo y otro en torno al 25% para las instalaciones de techo. Los recortes para otras tecnologías, como la protermosolar o el eólico, serán menos agresivos, según han transmitido ya desde Industria a las distintas asociaciones y patronales de estos sectores. “En nuestro caso se trata de un ajuste razonable”, asegura uno de los interlocutores.

La preocupación de Sebastián se centra más en encontrar la fórmula jurídica para vender, sobre todo a los inversores internacionales, que la reforma no pone en peligro la seguridad jurídica. Cualquier modificación de la normativa con la que nacieron las instalaciones ya en marcha es vista por el sector como una reforma retroactiva. Para Industria, sin embargo, la retroactividad implica que las empresas tuvieran que devolver las primas recibidas en el pasado, algo que no está en cuestión, y cuenta con sentencias del Tribunal Supremo para avalar su tesis.

El agujero en el presupuesto que Sebastián trata de atajar se remonta a 2007. Ese año, se registraron 3.500 MW de producción fotovoltaica para entrar en el régimen especial 661 que vencía en el mes de septiembre. La producción de esas instalaciones supuso gran parte del sobrecoste del régimen especial para la tarifa, que alcanzó los 6.214 millones en 2009, muy por encima de las previsiones que tenía realizadas el Ministerio de Industria. Ese desfase es el que ha centrado las críticas de las eléctricas, creando al mismo tiempo un enfrentamiento entre distintas partes dentro del bloque de renovables: eólicos versus fotovoltaicos.