Ayer estalló un escándalo de proporciones incalculables que ha sembrado el pánico entre buena parte del establishment político y empresarial español. Un empleado del banco británico HSBC ha pasado un listado a la Hacienda francesa de miles de personas con cuentas opacas en Suiza, entre ellas unas 3.000 españolas, según fuentes conocedoras de los acontecimientos. Las autoridades galas han remitido la información a la Agencia Tributaria española, que ha enviado un requerimiento a los implicados para que regularicen su situación antes del 30 de junio.

Se trata de un auténtico bombazo, puesto que, según distintas fuentes consultadas, hay numerosos políticos, empresarios y financieros españoles en esa lista, entre ellos nombres muy conocidos. De hecho, estas fuentes aseguran que los últimos globos sonda publicados por algunos medios sobre la posibilidad de una amnistía fiscal en nuestro país obedecían en realidad a la búsqueda de una fórmula para solucionar el problema de estas personalidades pilladas con el dinero en Suiza.

El escándalo parte de un chivatazo de un empleado de banca privada del HSBC en Suiza, que remitió el listado a la Hacienda francesa con posiciones al cierre de los ejercicios de 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009. Sobre los motivos del mismo circulan dos versiones: la típica venganza contra la entidad por algún conflicto laboral, o bien que dicho empleado ha vendido la información por una importante suma.

En todo caso, las autoridades galas han remitido a las de nuestro país la lista de españoles implicados, cuyo patrimonio conjunto depositado en Suiza podría alcanzar los 10.000 millones. La Agencia Tributaria ha mandado una comunicación a todos los implicados en la que se les notifica que Hacienda está al corriente de sus cuentas en Suiza y se les invita amablemente a regularizar su situación antes del 30 de junio. La premura de tiempo obedece a que ese día prescriben las irregularidades cometidas en el primero de los ejercicios sobre los que hay información, 2005.

Aquellos que no lo hagan podrían librarse de la sanción administrativa pero no de la penal, cuyo plazo de prescripción se alarga un año más, hasta el 30 de junio de 2011. En todo caso, se trata del mismo procedimiento que utilizó Hacienda cuando estalló el escándalo de las cuentas Liechtenstein hace más de dos años e implica que, si se hace caso omiso de la regularización voluntaria, la Inspección probablemente visitará al contribuyente a corto plazo.

Pánico en las altas esferas

Según las fuentes consultadas, el pánico se ha apoderado de las altas esferas del poder en España, ya que los implicados no saben cómo van a salir de ésta. HSBC ha contratado a un importante bufete madrileño para asesorar a sus clientes implicados y, según algunas de estas fuentes, el consejo que está dando es que no se den por enterados del requerimiento.

"Existen tres alternativas para ellos", explica un experto fiscalista. "La primera y más segura es regularizar su situación y olvidarse del problema, pero eso puede salir muy caro. Luego existen soluciones intermedias -tratar de regularizar una parte del dinero- en función del grado de riesgo que se quiera asumir. Y la tercera y más arriesgada es hacer caso omiso del requerimiento confiando en que no se acepte como prueba en un juicio esta lista por haber sido obtenida de forma ilegal".

En teoría, la regularización implica tributar por el incremento de patrimonio no justificado en los años no prescritos, al 43% (el tipo máximo) dados los volúmenes de los que estamos hablando. Asimismo, hay que pagar por los rendimientos obtenidos por ese patrimonio en todos los ejercicios.

Huir de España para no recibir el requerimiento

Este pánico ha provocado situaciones en la mejor tradición de la picaresca española. Las fuentes consultadas refieren la historia de un empresario que ha cerrado su mansión en una zona noble madrileña y se ha marchado al extranjero con toda su familia para no recibir el requerimiento antes del 30 de junio. Es más, ha enviado a la Agencia Tributaria los billetes de avión como prueba de su ausencia.

En todo caso, otras fuentes se muestran bastante más positivas con los implicados: "En el caso de Liechtenstein, los únicos que pagaron fueron los que se regularizaron voluntariamente, en torno a un 20% del total. Mientras en Alemania un montón de gente fue a la cárcel, aquí al resto no le ha pasado nada. Con ese precedente, es lógico que la gente prefiera no darse por enterada y arriesgarse".