Hacienda se escuda en la directiva comunitaria del IVA para justificar la aplicación retroactiva del impuesto a las facturas de luz, gas, teléfono e Internet, que ha provocado un enorme revuelo en la ciudadanía. Según fuentes de la administración tributaria, esta aplicación es legal y era conocida de antemano, pero lo cierto es que el Gobierno no había informado al público al respecto. Por otro lado, esta extraña situación sólo se aplica a los suministros continuos, no a las facturas de bienes y servicios giradas con posterioridad a su prestación, que seguirán aplicando el 16% y no el nuevo tipo del 18%.

La Ley 37 de 1992, que traspone a la normativa española la citada directiva, establece en su artículo 75, apartado 1, punto 7 que se devengará el impuesto "en los arrendamientos, en los suministros y, en general, en las operaciones de tracto sucesivo o continuado, en el momento en que resulte exigible la parte del precio que comprenda cada percepción", es decir, cuando se pase el recibo al cobro en la entidad financiera donde esté domiciliado.

Por tanto, es de aplicación el tipo que esté vigente en el momento en que se paga el recibo, algo que en teoría es aplicable tanto a las subidas como a las bajadas del IVA y que es igual para toda la UE. Además, las fuentes consultadas descartan las teorías "conspiranoicas" que han publicado algunos medios sobre la posibilidad de que Hacienda o las empresas hayan cambiado la fecha de los recibos para que incorporasen la subida.

"Cambiar la fecha de cobro de las facturas tiene una complicación enorme y un coste muy alto para empresas que emiten millones todos los meses, que no les compensa asumir a cambio de dos puntos más de IVA. Además, las grandes empresas ingresan el IVA en Hacienda todos los meses, con lo que apenas ganan nada por contar con esa caja durante unos días", explican las fuentes consultadas.

El Gobierno sigue sin avisar

Otra cosa es que esta medida, conocida por las empresas, no se ha comunicado al gran público por parte del Gobierno. De esta forma, mantiene la política de oscurantismo en las disposiciones fiscales perjudiciales para el ciudadano que ya puso en marcha con el Plan E de ayudas a la compra de automóviles, puesto que no dijo nada de que esas ayudas debían ser declaradas en el IRPF y muchos contribuyentes se llevaron la sorpresa cuando recibieron su borrador de la declaración.

Dentro de esta actitud cabe incluir también la exclusión sistemática de los borradores de ciertas deducciones o la mayor complejidad introducida en el programa PADRE, con la que es mucho más fácil olvidar dichas deducciones o no aplicarlas correctamente, según distintos expertos fiscalistas.

No se aplica a los servicios puntuales pero sí a los pagos a plazos

Esta aplicación retroactiva sólo se aplica a los suministros que se pagan todos los meses, no a los bienes comprados o a los servicios que se prestan una sola vez. Es decir, las empresas que facturan sus trabajos a 30, 60 ó 90 días tienen que cobrar el IVA que estuviera vigente en el momento de la venta o de la prestación del servicio; esto es, el 16% si esa fecha es anterior al 1 de julio.

Más complejo es el asunto de los bienes comprados a plazos, como puede ser un coche. La entrada y los plazos abonados hasta junio pagan el 16%, pero los que se hagan efectivos a partir de este mes deberían llevar el 18%. Otra cosa es que se haya financiado mediante un préstamo bancario, en cuyo caso todo el importe va al 16% porque con el crédito se paga de golpe el coche, y luego lo que hay que devolver es la deuda con el banco, que no está gravada por el IVA.