Lo repitió hasta tres veces. No sabía nada, ni siquiera recibió una llamada de cortesía antes de que lo anunciara José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso. El presidente del Consejo Superior de Cámaras de Comercio, Javier Gómez Navarro, aseguró ayer que nadie del Gobierno le comunicó con antelación ni oficial ni formalmente la supresión del canon obligatorio que abonan las empresas para financiar las cámaras. Tampoco hubo ninguna advertencia personal, algo que cabría esperar al ser vos quien sois, a la sazón ex ministro socialista. “Parece un calentón por la situación de los mercados”, dijo a este diario en relación a la medida, que condenará a un buen número de estas corporaciones a bajar la persiana.

Una ignorancia que refuerza la especie -abonada por diferentes fuentes del Gobierno- de que este último paquete de medidas se fraguó en Moncloa sin que hubiera una participación demasiado activa siquiera de los Ministerios afectados. De hecho, buena parte de las disposiciones ya estaban sobre la mesa y simplemente se recuperaron para ligar la mélange. Es el caso de la eliminación del recurso cameral permanente, que había entrado y salido de la Ley de Economía Sostenible (LES). “Sí me lo comentaron entonces, hace un año –admitió Gómez Navarro en una rueda de prensa para valorar la medida-. Pero no se incluyó. Después de eso, ninguna relación sobre este tema concreto”.

Un desaire especialmente doloroso para Gómez Navarro, que a finales de febrero impulsaba la iniciativa www.estoloarreglamosentretodos.org, en la que las grandes empresas se retrataron con hasta seis millones de euros para promover la movilización ciudadana ante la crisis. Los carteles con la leyenda aún presiden las paredes de la sede del Consejo Superior, cerca de la Feria de Madrid (Ifema). El PP le acusó de hacer “propaganda gubernamental” y hasta consiguió que RTVE retirara los anuncios. Notable esfuerzo para que ahora ni siquiera sea recibido por la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado. “Hemos hablado con otros ministerios, pero la vicepresidenta económica no nos recibe. Y se lo hemos pedido”, dijo Gómez Navarro, visiblemente contrariado.

Cocinero antes que fraile, la estrategia planteada ayer por el presidente de las Cámaras busca minimizar los daños. “Hemos buscado dar una salida al Gobierno”, confesaba, consciente de que Zapatero no dará marcha atrás por completo. De este modo, planteó que los autónomos –el target al que pretende beneficiar el Ejecutivo- no paguen el canon, pero sí lo hagan el resto de empresas. Una solución de ese estilo apenas afectaría a lo que ingresan las cámaras por este concepto, ya que la mayor parte de la tasa es cubierta por las grandes compañías. “Un 1% de las empresas pagan dos tercios de los ingresos”, explicó. El principal financiador, Telefónica, se deja más de 700.000 euros al año.

¿Un recado de las grandes a Zapatero?

El énfasis del presidente en que las grandes compañías son las más beneficiadas por la eliminación de la tasa induce a pensar mal. ¿Acaso no habría sido sugerido durante el cónclave del pasado sábado en Moncloa con las principales empresas? “No estuve. Pero tengo muchos amigos que sí. No se mencionó ese tema”, dijo Gómez Navarro. Además, minimizó la preocupación que pueda suscitar en las grandes, que desde que se modificó la ley que regula las cámaras de comercio en 1993 tienen un tope en su aportación. También subrayó que durante toda la campaña contra la crisis impulsada por la Cámaras en ningún momento expresaron su molestia por ese desembolso. El problema puede venir, admitió, por la mala imagen que tiene la institución y que no se ha sabido combatir.

El ex ministro de Turismo constató que el recurso cameral supone de media el 60% del presupuesto de las 85 cámaras que integran el Consejo. Su supresión les obligará a buscar otros métodos de financiación y a acometer un ajuste drástico de su plantilla de 3.250 empleados. Sería un paso en el plan de recortes que ya vienen aplicando las diferentes cámaras, que han reducido en un millón de euros los costes de personal en los últimos tres años. Ahora el reto es ser autosuficientes y la pregunta es si muchas de las cámaras regionales tendrán suficiente demanda de servicios como para equilibrar sus cuentas sin el respaldo de las cuotas obligatorias. Una necesidad que puede abrigar tentaciones malsanas, como caer en brazos de los subsidios autonómicos en lugar de modernizarse.

Según aseguraban a El Confidencial fuentes gubernamentales tras conocerse la decisión, no está en el ánimo del Ejecutivo “dotar a las cámaras de otras fuentes de financiación”. Es más, añadían que serán ellas quienes “tendrán que equilibrar su balance con actividades paralelas y autofinanciarse con servicios y programas”. El propio Gómez Navarro citó el caso de la gijonesa, que cubre el 90% de su presupuesto con el alquiler del Palacio de Congresos. Otras, admitió, no podrán seguir adelante. “Las empresas en Cataluña, País Vasco, Navarra o Rioja están acostumbradas a pagar cuotas, tiene cultura asociativa. Ahí tendrán más posibilidades de sobrevivir”, zanjó el presidente del Consejo.