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El Gobierno ultima un nuevo marco regulatorio para las energías renovables. Una decisión que ha generado gran inquietud entre empresas e inversores, que esperan el inminente Real Decreto para actuar jurídicamente por los perjuicios que puedan causarles. Sobre todo, por la posibilidad de que el Ministerio de Industria aplique de forma retroactiva el recorte de las primas, lo que reduciría los retornos previstos de proyectos ya en funcionamiento y que precisaron en su día de fuerte financiación, según han confirmado a El Confidencial fuentes del sector y otras próximas al Ejecutivo.

“La jurisprudencia apunta que no debe producirse, pero el Gobierno no tendría problemas con la retroactividad si con la nueva retribución sigue habiendo una rentabilidad razonable -aseguran fuentes conocedoras del debate en Industria-. Con el paso de los años las condiciones cambian y el Tribunal Supremo ha avalado que los operadores de renovables no tienen derechos permanentes en la retribución a futuro mientras los retornos sean razonables. Si lo que se quiere es ahorrar, no tendría sentido bajar las primas a los nuevos, cuando se van a reducir los cupos, y dejar como están a los antiguos, que son los que generan el mayor gasto”.

La industria cuenta con que antes del verano esté derogado el Real Decreto 661/2007 que regula el sector y actualizada toda la retribución, con la fotovoltaica en el centro del debate. “Ha habido un exceso en esta industria y el Gobierno no ha sido capaz de pararlo. La eólica será la menos afectada por el recorte”, apuntan estas fuentes. El sector fotovoltaico ya descuenta que las primas se reducirán entre un 20% y un 25%, y teme por una posible reducción de cupos y por los posibles efectos retroactivos de la regulación. Para la energía fotovoltaica, la nueva regulación también modificará el real decreto 1578/2008, que incluye el régimen económico para el sector hasta 2012.

En el Ministerio de Industria, la nueva regulación es “prioritaria”, aunque no se dan fechas. Sobre la retroactividad, se asegura que “estamos viendo todas las opciones jurídicas, aunque esa de momento no está sobre la mesa. Hay sentencias del Tribunal Supremo que lo avalarían, siempre que haya un plazo de adaptación razonable. En todo caso, hay dos cosas importantes. Está claro que hay 6.000 millones de primas a las renovables que pagamos todos. Y, además, es imprescindible garantizar la sostenibilidad del sistema”.

Según datos de la Comisión Nacional de la Energía, el régimen especial recibió el pasado año 6.215 millones de euros cuando la previsión inicial apenas superaba los 4.000 millones. En 2009, sólo la fotovoltaica y termosolar se llevaron 2.588 millones, frente a los 194 de hace dos años, según el último informe de la CNE. Las empresas y las diferentes asociaciones esperan la llamada del departamento de Miguel Sebastián para estudiar la cuestión y buscar un texto de consenso. Pero de momento, estos contactos aún no han tenido lugar y los operadores viven en un contexto de incertidumbre máximo. “Somos conscientes de que habrá un recorte y de que quieren que sea retroactivo. Sin embargo, da la impresión de que aún no saben cómo hacerlo”, resumen desde una energética cotizada.

Dudas sobre la actuación de Industria

Hay pocas dudas de que la cuestión de la retroactividad está en el sector. Según un  reciente informe del banco de inversión Nomura (ver informe), la fotovoltaica es la que más papeletas tiene para sufrir recortes retroactivos. “Por la burbuja generada, su elevado coste, la evidencia de la sustitución de paneles y tal vez la mala imagen por el reciente fraude”, subraya el informe, aludiendo a una información reciente publicada por el diario El Mundo que ha servido a Industria, de cara a la opinión pública, para consolidar la percepción de que existe un abuso respecto a las primas.

En opinión de la patronal fotovoltaica, existe una ceremonia de la confusión interesada sobre las razones del déficit tarifario, “manejada principalmente por aquellos que se han venido beneficiando extraordinariamente, durante estos 11 años, del actual sistema”. De acuerdo a sus conclusiones, el propio régimen ordinario vigente “ha contribuido más que el régimen especial de primas de las renovables al incremento del déficit tarifario. En lo que queda de 2010, es imprescindible alcanzar los 500 megavatios de nueva producción previstos para este año. Y a partir de ahí, debemos aplicar el sistema de reducción de primas a cambio de una ampliación equivalente de cupos, que es lo que hemos pactado con el Ministerio en el Real Decreto 1.578”.

En esta línea, el informe de Nomura recuerda, por ejemplo, que los cambios en los paneles que están llevando a cabo los operadores, “probablemente por la mala calidad de los materiales chinos empleados para llegar a tiempo al deadline de septiembre de 2008”, también han hecho ver al ministro “que los retornos son demasiado altos”. Para Nomura, las decisiones del Supremo respaldarían una decisión de este tipo, que también podría apoyarse en el artículo 44.3 del Real Decreto 661/2007, que se refiere a la revisión del marco económico de las inversiones en 2010 en el marco del Plan de Energías Renovables 2011-2020.