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Nueva patada a seguir. A la vista de que la crisis inmobiliaria no tiene ningún viso de remitir en un futuro predecible, el Gobierno va a aprobar este viernes una norma para que, al menos, no haga más daño a las deterioradas cuentas de bancos y cajas de ahorros. Se trata de una prórroga del plazo legal de tres años para empezar a construir en los suelos urbanizables e impedir que vuelvan a considerarse rústicos con el consiguiente desplome de su valor... y las provisiones correspondientes en las cuentas de las entidades propietarias de los terrenos.

Esta prórroga se incluye dentro de los llamados "acuerdos de Zurbano", el famoso pacto contra la crisis que el Gobierno de Zapatero ha presentado a los demás partidos. La propuesta definitiva del Ejecutivo, que debía aprobarse en Consejo de Ministros el martes pasado pero que se ha aplazado hasta el próximo viernes, incluye en el punto 53 el "mantenimiento para el ejercicio 2010 de la regla transitoria de valoración del suelo urbanizable de acuerdo con las determinaciones previstas en la Disposición transitoria tercera, apartado 2, párrafo 2º, del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio".

Este galimatías jurídico significa que se prolonga otro ejercicio el plazo legal de tres años para empezar a construir en los suelos urbanizables. Y el Gobierno piensa alargar dicha prórroga hasta tres años -es decir, el plazo pasará de tres a seis años- según se contempla en el proyecto de Ley de Economía Sostenible, que se encuentra en tramitación parlamentaria.

El impacto de esta norma puede ser catastrófico para los bancos y cajas que se han 'comido' terrenos urbanizables a cambio de créditos incobrables concedidos a las promotoras durante la burbuja inmobiliaria. Porque "ahora mismo no tiene ningún sentido poner el suelo a la venta porque no hay mercado, ni tampoco ponerte a desarrollarlo porque es imposible rentabilizarlo", explican en una entidad.

Si pasan esos tres años sin construir, con la norma actual habría que desclasificar este suelo, lo que hundiría su valor. Y los bancos y cajas tendrían que anotarse una fuerte pérdida al provisionar esa caída de valor. "Y no hablamos del valor de mercados, que puede ser discutible, sino de una pérdida de valor objetiva que hay que dotar inmediatamente contra resultados", aseguran en otra entidad.

Una prórroga que puede salvar las cuentas

Por eso, esta prórroga es como una bendición del cielo para el sector. La idea es que dentro de tres años la crisis habrá empezado a remitir y será posible volver a construir con una mínima expectativa de vender los pisos. Es decir, la misma teoría que está detrás de las refinanciaciones que está concediendo la banca a las grandes empresas del ladrillo. Y si no, al menos de momentos se salvan las cuentas de los próximos ejercicios; según el Banco de España, la banca española se ha 'comido' ladrillos por valor de 59.700 millones, de los que una parte muy importante es suelo.

Y no sólo afecta a los inmuebles adjudicados, sino también a los suelos que están como garantía de créditos al corriente de pago. En este caso no hay que provisionar nada -no son morosos-, pero, al caer el valor de la garantía, el porcentaje de dicho valor que supone el crédito (loan to value) superaría el 80%, lo cual incrementa el consumo de capital del crédito según la normativa española. Y eso reduce la solvencia de las entidades.

En todo caso, también hay argumentos a favor de la prórroga: "La Ley del Suelo se aprobó en un momento de boom inmobiliario y lo que intentaba era frenar la subida de la vivienda al obligar a los propietarios de suelo a sacarlo al mercado en vez de retenerlo para encarecer su precio. Pero ahora esta norma les da un palo a las entidades financieras sin que fuera ése su objetivo, así que tiene sentido modificarla", explica un consultor del sector.