El vicepresidente tercero, Manuel Chaves, abrió ayer la caja de los truenos al asegurar que el Gobierno estudia fórmulas para ligar el salario de los funcionarios a la productividad. En un Ejecutivo con 15 portavoces, el ministro de la Presidencia, Ramón Jáuregui, apenas tardó tres horas en reconvenirle, recordar que estos mecanismos ya existen y apostillar que sólo se pretende mejorarlos. Los números cantan. Según datos del Ministerio de Economía y Hacienda, los funcionarios de la Administración General del Estado cobraron el año pasado 300,8 millones de euros en concepto de productividad, una cifra que supone el 8,4% de una masa salarial que asciende a 3.553,7 millones.

En todo caso, no son los 241.000 funcionarios de la Administración General del Estado los que perciben vía productividad un porcentaje mayor de su salario. De acuerdo con los datos de Hacienda, los adscritos a entidades públicas empresariales recibieron para recompensar su eficacia un total de 112,6 millones de euros en el pasado ejercicio, el 11,5% de su masa salarial. Estas entidades apenas acogen a 57.000 funcionarios. El caso de la Seguridad Social es el más llamativo; la cifra por objetivos se dispara y llega al 23,2% del montante total que perciben. De los 915,1 millones recogidos en sus nóminas, 212,8 se les pagan por su eficiencia.

Una situación que enlaza con el reproche lanzado ayer por los sindicatos al Ejecutivo. Según CCOO y UGT, el desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado en 2007, se ha movido por el interés pecuniario y sólo ha alcanzado a los organismos ‘recaudadores’, como la Agencia Tributaria o la Tesorería General de la Seguridad Social. Además, tampoco se aplica en todas las comunidades autónomas, que son las que acumulan el grueso de los empleados públicos. A enero de 2010, la Administración pública estatal tan sólo suma 591.600 efectivos, mientras que la autonómica da cobijo a 1,35 millones y la local a 657.900.

Los ‘jefes’ deciden lo que se cobra

El problema es cómo se asigna ese complemento -que es un dinero de libre disposición en los Ministerios- y el alto nivel de discrecionalidad que sea aplica para su reparto. “Se denomina evaluación del desempeño –aseguran fuentes internas de la Administración-. Hay varias fórmulas pero, básicamente, son los jefes quienes evalúan a los trabajadores. Eso sí, los directivos las tienen ‘de facto’ garantizadas al entender que su grado de implicación es mayor. También hay una evaluación de abajo a arriba, pero no es vinculante. Se trata de una decisión siempre polémica que provoca en no pocas ocasiones malestar y conflictos. Precisamente se cobra en el mes de noviembre. También en marzo si la cuantía es alta”.

Los propios sindicatos han hecho hincapié en la falta de criterios claros, objetivos y conocidos por toda la plantilla para fijar este complemento. La denuncia más extendida es que la productividad se recorta o se elimina en los niveles medios de la Administración, mientras que en los altos se aumenta. Por ejemplo, como publicó este periódico en febrero, las restricciones en el departamento de Elena Salgado no llegaron a los altos cargos de la Secretaria de Estado de Economía, cuya retribución por productividad subirá un 26% este año, pasando de los 2,42 millones de 2009 a 3,05 millones en 2010. El Ministerio argumentó que por primera vez este año se incluye en la dotación a los funcionarios de la Comisión Nacional de Competencia.

Objeto de reflexión para el Gobierno debería ser el poco crédito que desde las centrales se daba al nuevo empeño del vicepresidente tercero. “Será otra cortina de humo que se quedará en nada”, apuntaba Julio Lacuerda, secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT. Una desidia que enlaza con la decisión del Ejecutivo de rebajar en mayo el salario a los empleados públicos después de que la entonces vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, les hubiera garantizado el poder adquisitivo hasta 2012 en septiembre de 2009. De hecho, la falta de comunicación llega a tal punto que Lacuerda dijo desconocer, en declaraciones a Efe, si el Gobierno quiere rebajar más los sueldo o desarrollar el Estatuto.

Lo que está claro es que el gabinete Zapatero parece ir en la línea de la propuesta lanzada hace apenas un mes por el presidente del Instituto de la Empresa Familiar (IEF), Isak Andic, a la sazón dueño de Mango. “La remuneración del personal de las Administraciones Públicas debe ser variable (…) Su estabilidad debe ser similar a la empresa privada para las nuevas incorporaciones”, dijo Andic, abriendo la puerta al despido de funcionarios. Eso sí, dejó claro que los derechos adquiridos deberían respetarse.