La idea lanzada ayer por el ministro de Fomento, José Blanco, de que los controladores militares se encarguen del tráfico comercial no es nueva. Es más, sigue la hoja de ruta que se marcó el Ministerio cuando arrancó el conflicto con los controladores en el mes de enero. Apenas horas antes de que el BOE recogiera el Real Decreto-ley que modificaba sus condiciones laborales el 5 de febrero, se filtraba un documento interno del Ministerio en que Aena contemplaba un plan de choque para afrontar una huelga salvaje. En ese caso, Fomento estima que podría recurrir a militares en hasta 24 aeropuertos españoles.   

Entre los aeródromos “susceptibles de prestar el servicio por controladores militares en situación de contingencia” se encuentran, entre otros, los de Granada, Vigo, Pamplona, Rioja, Cuatro Vientos, La Coruña, Vitoria, Santander, Burgos, Reus, Gerona, además de los que acogen el tráfico de las islas más pequeñas.

El plan del Ministerio para un caso de absentismo descontrolado -que provocara la suspensión del 80% de los vuelos y el cierre de aeropuertos- pasaría por confiar el tráfico comercial de las bases abiertas a los controladores militares, a los que se sometería a un plan de instrucción previo mediante una “sesión común de un día para todos los seleccionados para conceptos generales y unificación de criterios”. Fomento también contempla un día de práctica en el puesto de trabajo. En tanto el escenario actual no es tan apocalíptico, Blanco se lo tomará con calma. Dijo ayer en el Congreso que hay tiempo para ofrecer a los militares una formación “rápida” y añadió que no irán a las torres “mañana”.

El documento avanzado en su día por El Confidencial refleja que la estrategia de Aena está meditada desde hace tiempo y que su desarrollo precisa la colaboración del Ministerio de Defensa. Para el seguimiento y la toma de medidas del conflicto, el informe planteaba la creación de dos gabinetes, uno institucional y otro técnico, ambos con presencia militar. En el primero, estaría representada la secretaría de Estado de Defensa y en el segundo, el general José Orea Malo, jefe de la División de Operaciones del Estado Mayor del Aire. El ministro aseguró ayer que su idea de recurrir a controladores militares en circunstancias excepcionales estaba avalada por la ministra Carme Chacón y el por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

“Los controladores militares trabajan con tráfico militar. Controlan rutas con muchos menos aviones. El trasvase no se podría hacer de un día para otro y no es factible que se pueda implementar a corto plazo. Se suele comparar con la decisión de Ronald Reagan de militarizar la operación en 1981 por una huelga de controladores. Sin embargo, los militares en EEUU gestionaban más tráfico y estaban mucho más preparados que los españoles. Las declaraciones del ministro suenan más a una estrategia de presión. Está jugando sus bazas como viene haciendo desde febrero, a través de los medios de comunicación”, aseguraba ayer a este diario un controlador bajo condición del anonimato.

Ni inglés, ni experiencia

En esta línea, el portavoz de la Unión Sindical de Controladores Aéros (USCA), Daniel Zamit, recordó ayer en rueda de prensa que, primero, no todos los controladores militares manejan el inglés con solvencia; segundo, tienen problemas con los indicativos de las compañías, lo que derivaría en dificultades para identificar los aviones; y tercero, les falta experiencia. “Cuando controlaron el tráfico aéreo en Francia, muchos países decidieron no sobrevolar cielo francés”, zanjó Zamit, recordando la tragedia acaecida en Nantes en 1973, cuando dos aviones colisionaron.

El documento interno de Fomento también contempla la posibilidad de una huelga total, con un 0% de la plantilla en sus puestos de trabajo. Supondría el cierre del espacio aéreo español y la suspensión del 100% de los vuelos. “Se tomarían medidas de militarización de los controladores” y se declararía el estado de emergencia. Aena justificó entonces el informe asegurando que “es normal que se manejen diferentes hipótesis ante las posibles derivadas del conflicto”. Con solo un 30% de la plantilla operativa, el gestor aeroportuario también se plantea dar entrada a los AFIS (un servicio de información de vuelo automatizado) en seis aeropuertos menores. Los controladores han advertido de la falta de seguridad de este modelo.

No obstante, el presidente de USCA, Camilo Cela, quiso ayer dejar claro que no hay ninguna huelga encubierta y que las bajas masivas por estrés, ansiedad y fatiga que asolan al colectivo tienen que ver con el acoso laboral que dicen sufrir por la aplicación del Real Decreto-ley de febrero. “No ha habido un pulso con el Gobierno ni lo va a haber. No estamos de huelga”, zanjó, asegurando que la negociación del convenio colectivo con Aena va por buen camino. No obstante, no falta quien dentro del colectivo exhibe cierta autocrítica. “Está claro que la gente no puede más, hay una presión enorme. Ahora bien, antes no se cogían las bajas porque se perdía dinero. Ahora te quedas igual, luego te quedas en casa”, aseguraba a este diario un controlador.

El problema de fondo es que pueda estar comprometida la seguridad. USCA hizo hincapié en que no está en peligro, pero también denunció que hay profesionales con 155 horas trabajadas en 22 días, incidentes con “dos aeronaves a punto de colisionar”, la presentación de 324 denuncias en los últimos cinco meses a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y recordó que mejor no repetir los casos de ictus entre controladores en plena torre entre 2004 y 2006. Una situación difícilmente sostenible para todos.