Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual han conseguido, por fin, desprenderse del Grupo Marsans después de sufrir una gran presión por parte de la banca acreedora. Sin embargo, la operación, con más luces que sombras y muy alejadas de las prácticas de transparencia, no deja de ser la subcontratación de la liquidación de las principales sociedades del presidente de la CEOE.

La mejor demostración es que lo primero que hicieron ayer los nuevos dueños de Marsans es instar la suspensión voluntaria de pagos del grupo turístico, una maniobra para tener el control de la negociación con los acreedores. De lo contrario, como varios de sus proveedores ya habían solicitado al juez la entrada en situación concursal, el futuro se hubiera complicado muchísimo más. Exactamente lo mismo que ocurrió en su día con Martinsa-Fadea y más recientemente con otras compañías como la también inmobiliaria Fbex o la cadena de tiendas Coronel Tapiocca.

La sociedad Posibilitum Business, la instrumental creada por Angel de Cabo, presentó ayer a mediodía la petición al Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, apenas unas horas después de firmar la adquisición del Grupo Marsans y de Teinver por 600 millones de euros. La cifra coincide, según fuentes financieras, con la deuda del holding del líder de los empresarios.

Con esta maniobra, Díaz Ferrán y Pascual, muy discutidos en la cúpula de CEOE por las quiebras de Air Comet y de la aseguradora Mercurio, evitan ser los protagonistas de unas de las mayores suspensiones de pagos de la historia de España, tan solo superada por la de la inmobiliaria de Fernando Martín, así como por Nozar, Llanera y Habitat.

Esa labor recaerá ahora en Ángel de Cabo, un supuesto experto en reestructuraciones totalmente desconocido en el mundillo financiero español, y en Iván Losada, el empresario que apareció hace unos meses como posible comprador de Marsans y que ha sido nombrado director general. “La operación es muy rara. Parece un claro aparcamiento. A este señor no lo conoce nadie y es muy difícil que hayan podido valorar bien la compañía porque cuando vendían Marsans y Trapsa la información era muy deficitaria”, explica un banquero de inversión.

Marsans explicó ayer en un comunicado que la compañía iba a declarar su situación de insolvencia con el objetivo de permitir una reestructuración ordenada del negocio para "proteger los intereses de los empleados, clientes y acreedores", situación que calificó de "inevitable" tras la decisión de la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA) de no permitir al grupo la venta de billetes de avión, lo que impidió continuar con el desarrollo normal del negocio.

El grupo busca así garantizar que el proceso de reordenación de la compañía se lleve a cabo con el control judicial y bajo los criterios que marca la Ley para este tipo de situaciones, para lo que, según explicó, "previamente ha solucionado los problemas judiciales que planteaban algunas reclamaciones de acreedores". En este sentido, la compañía tendrá que pedir a la juez acogerse al artículo 5.3 de la Ley Concursal, que le otorga un plazo de tres meses para negociar con sus acreedores y presentar un plan de pagos, antes de que la juez pueda declararla en situación concursal.

Por último, la juez tendrá que pronunciarse sobre las peticiones de concurso necesario, admitidas a trámite, presentadas por la naviera Grimaldi y el grupo de hoteles Arrecife por unas deudas de 75.000 y 280.000 euros, respectivamente. A estas dos se sumaron, las demandas presentadas por  el touroperador Mapatours con una reclamación de cerca de dos millones de euros, y por la compañía de alquiler de coches Avis, que evitó pronunciarse sobre la cantidad que reclama.