Conocer el sueldo que percibe a día de hoy el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es un misterio equiparable al secreto que envuelve a las cuentas de la Casa Real. El Banco de España jamás ha dado a conocer las retribuciones de su máximo responsable porque ha sido esa una constante en la forma de proceder de este organismo autónomo. De hecho, desde la institución señalan, escuetamente, que “tradicionalmente no se ha dado a conocer y no hacemos declaraciones sobre ese asunto”. 

MAFO recibe su sueldo directamente, al igual que otros altos cargos de la Administración, de los Presupuestos Generales del Estado. Pero no por ello está obligado a hacer pública su cuantía, como sí hacen diputados, miembros del Gobierno o instituciones como el Consejo de Estado, el Consejo Económico y Social, el CGPJ o el Tribunal Supremo y el Constitucional. El supervisor, tal y como explicó ayer la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, está protegido por la Ley de Autonomía del Banco de España de 1994, lo que le otorga independencia en este sentido. 

Los diputados de Izquierda Unida e ICV, Gaspar Llamazares y Joan Herrera, han sido, hasta la fecha, los únicos que han pedido formalmente al Gobierno que haga pública la retribución de MAFO. Lo hicieron, sin éxito, en la pasada legislatura y lo han vuelto a plantear en ésta con igual suerte mediante la solicitud de documentación e informes. La respuesta siempre ha sido la misma alusión “a la tradición de no hacerlo”, lo que, a juicio de Herrera, es “impresionante y un ejemplo de desfachatez”.

El resto de los grupos, en su mayoría, desconocía el secretismo que existe al respecto, aunque la mayoría coincide en la necesidad de más transparencia. Sáenz de Santamaría señaló que no tiene que haber ningún problema en darlo a conocer  pues  “a nadie tiene que avergonzarle decir lo que cobra si es empleado público”. Su homólogo socialista, José Antonio Alonso, señaló en la misma línea que estaba seguro “que el señor Ordóñez no tendrá inconveniente en hacer públicas sus retribuciones”. El portavoz de ERC, Joan Ridao, anunció, en cambio, que irá un paso más allá y planteará una pregunta parlamentaria para que el Gobierno explique las razones pues “las tradiciones están para cambiarlas”.

Es llamativo también que mientras el gobernador del Banco de España no revela su sueldo, sí lo hagan sus homólogos en diferentes instituciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Central Europeo. Dominique Strauss-Kahn, director gerente del FMI, percibe 441.980 dólares de salario que se complementan con 79.000 dólares para gastos. Por su parte, Jean Claude Trichet cobró el año pasado 360.612 euros, casi el doble que el presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, que ganó 196.700 euros.

No se aplica recortes

La independencia especial de la que goza el Banco de España hace que no le afecte el recorte salarial anunciado por el Gobierno para los altos cargos de la Administración y de sus órganos consultivos que ayer fue publicado por el Boletín Oficial del Estado en su página 14. 

Deberá ser el propio Banco el que decida si quiere recortar o no un 15% el sueldo del gobernador y el de otros altos cargos de la institución. Cuestión que, de momento, no se ha planteado en la Casa. Algo que llama la atención en medio del esfuerzo por apretarse el cinturón que estos días están haciendo alcaldes, parlamentarios y miembros del Gobierno. El Banco actúa, en este sentido, igual que otros organismos como el Congreso y el Senado que tienen que tomar la decisión de forma voluntaria, tal y como ayer plantearon sus señorías en la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.

Los recortes también han llegado al ámbito del poder judicial. El presidente del CGPJ, Carlos Dívar, tiene intención de comunicar en los próximos días al Ministerio de Economía la rebaja que aplicará a los sueldos de los vocales del órgano de gobierno de los jueces y magistrados. El presidente del CGPJ cobra, mensualmente, un total de 11.824 euros, mientras que el suelo de los vocales es de 10.023 euros. Aunque no se ha determinado el importe de esa reducción, fuentes del CGPJ han estimado que se podría situar entre un 8 y un 10 por ciento de la retribución bruta de los vocales, que es de unos 125.000 euros anuales.