Golpe bajo a Telefónica, que ha visto como el Estado ha vetado la venta de Vivo, aprobada por los accionistas de Portugal Telecom en junta general. Los 7.150 millones puestos anoche encima de la mesa -1.450 millones más que en la  primera propuesta- han sido suficientes para conseguir el apoyo de los inversores institucionales, incluso a parte núcleo duro del grupo luso, pero no al Gobierno, que ha puesto innumerables trabas para evitar que la filial brasileña de móviles cayera en manos de Telefónica.

“Hoy es el día de los accionistas”. Esta fue la frase que el consejero delegado de PT, Zenal Bava, y el director general corporativo de Telefónica, Santiago Fernández Valbuena, dijeron antes de comenzar la junta en la que se tenía que decidir la venta de Vivo. Quizás el único punto en el que han coincidido las dos partes después de casi dos meses de batalla, en la que ha habido amenazas y heridas que ni el dinero ha conseguido curar.

 

Al mismo tiempo, el presidente de PT, Henrique Granadeiro, señaló a la entrada que “no hay ofertas irrechazables”, lo que mostraba el malestar del consejo de la operadora portuguesa, que, al recibir la segunda mejora  escasas horas antes de la celebración de la junta, no tenía tiempo legal suficiente para reunirse y valorarla. Un mal augurio que después tomó cuerpo.

 

Declaraciones al margen, a Telefónica se le puso muy feo el panorama cuando poco antes de las 12.00 hora española se conoció que el quórum de la junta apenas era del 68%. O lo que es lo mismo, que con el 34% de los votos la OPA no saldría adelante. Como el núcleo duro tiene el 27% y había reiterado en numerosas ocasiones que rechazaría la oferta, las opciones para el grupo español se reducían drásticamente. Solo cabría la esperanza de que la dejaran votar por su 10% del capital y que algún accionista portugués de referencia –Banco Espirito Santo- cambiaria de opinión y aceptara la última propuesta de 7.150 millones, 660 más que la que lanzó el 1 de junio por 6.500 millones.

 

El presidente de la junta, el catedrático Antonio Menezes Cordeiro, incrementó el suspense ya que adelantó que no haría público si permita a Telefónica ejercer sus derechos hasta el momento de la votación. Eso fue a las 13.50 horas y su decisión fue impedir votar por su polémico 10% al esgrimir un conflicto de intereses por ser parte interesada. La medida suponía que con el 29% del capital sería suficiente para echar abajo las pretensiones de Telefónica. Una maniobra que dejaba el caso con una sentencia clara antes incluso de que se recontarán los votos. La sorpresa fue que el 74% de los asistentes dijo que si y tan solo el 26% la denegó.

 

O lo que es lo mismo, que hasta algún gran accionistas portugués se puso del lado español. Tan solo votó en contra el 16% del capital de la operadora lusa. Nada extraño si se tiene en cuenta que alguno "tiene problemas de tesorería", como denunció esta misma mañana el presidente de Sonae, Belmiro de Azebedo.

 

Sin embargo, ante este resultado el Estado portugués hizo una declaración oficial en la que aseguraba que se opone a la venta de Vivo y que usará incluso la goleen share o derecho de veto para evitarla. Una maniobra que puede ser ilegal si la Comisión Europea, como ya ha anunciado, retira este poder especial el próximo 8 de julio. Es la primera vez que el Estado usa la golden share, una medida que va en contra hasta de lo que aconsejado por Granadeiro y Bava, que habían reclamado al Gobierno que no interfiriera en la operación.

 

De hecho, el consejo de administración de PT se ha reunido de urgencia para analizar la decisión del Gobierno, con la que no está de acuerdo. Las acciones de la multinacional portuguesa se desplomaron un 7% en la Bolsa de Lisboa. Después, tras la declaración de Bruselas en contra de la golden share, recuperaron parte de la caída y cerraron con un descenso del 1,5%.