Se ha cumplido el guión. Toda crisis financiera termina, antes o después, derivando en una crisis soberana. Está escrito en las ecuaciones fundamentales de la macroeconomía. Como regla general, cuando el sector privado afloja, se activan una serie de estabilizadores automáticos que buscan compensar dicha menor actividad. Se trata de mecanismos asistenciales previstos para circunstancias de carácter coyuntural que tensionan las cuentas públicas por el lado del gasto. Un hecho que se ve agravado por la menor recaudación fiscal que acompaña cualquier episodio recesivo. El déficit en las finanzas de la Administración se convierte entonces en un mal necesario y transitorio que hay que tolerar.

Sin embargo, cuando la crisis se alarga en el tiempo y, además, afecta a ese sistema bancario comúnmente aceptado como aparato circulatorio del dinero en la sociedad, las posibilidades de que tal desequilibrio temporal se desmande se multiplican exponencialmente. Es necesario hacer un esfuerzo extra para evitar que el enfermo muera por falta de riego sanguíneo por una parte, y hay que tratar de establecer muros de contención al deterioro de ciudadanos de empresas con objeto de mantener la cohesión social, por otra. La tentación de adoptar medidas populares pero ineficaces, envueltas eso sí en la bandera de un neokeynesianismo tergiversado, es demasiado fuerte como para resistirse. España, sin duda, sucumbió a ella.

Frente a aquellas propuestas y reformas estructurales comúnmente aceptadas como única vía para cambiar el modelo productivo español, los dirigentes socialistas optaron por tensar la caja entregando dinero a fondo perdido a los ciudadanos sin distinción de sexo, raza, religión o condición económica, obviando el componente “productivo” de cualquier ayuda defendido por Keynes. No sólo eso, por si habían sido pocos los excesos cometidos en los últimos años por los Ayuntamientos, diseñaron un Plan E destinado a ratificar tales desmanes mediante la financiación de obras cuyo mantenimiento a futuro, en la mayoría de los casos, no podrán realizar. El resultado de tales políticas es conocido: del superávit presupuestario a un déficit superior al 10% del PIB, de una situación cómoda en términos de deuda a unos niveles preocupantes no tanto por el importe agregado, cuanto por la capacidad de repago del mismo en un entorno de paros del 20% sin visos de corrección en el futuro inmediato.

El Ejecutivo ha pecado no sólo por acción, sino también por omisión, al menos en lo que a los mercados financieros se refiere. Su incapacidad para comprender el papel que pueden llegar a jugar en circunstancias como las anteriormente descritas ha sido pueril, impropia de alguien medianamente viajado. Zapatero pensaba que serviría con ellos la misma estrategia de descalificación (malditos especuladores) y malabarismo dialéctico (puedo prometer y prometo) que durante tanto tiempo le había funcionado dentro de nuestras fronteras. Ahí fuera, lo que se quiere no es discurso sino acción, no voluntarismo sino ejecución, no conveniencia sino consistencia. Estar en el foco internacional es resultado, en gran medida, de esa idiocia intelectual que ha presidido su relación con las finanzas mundiales en los últimos dos años.

Combate a cuatro asaltos

Ahora nuestra economía se sitúa en el punto de mira, librando un combate a cuatro asaltos de los que, de momento, hemos perdido a los puntos los dos primeros. El primero tuvo lugar en mayo, a rebufo de la crisis griega, del desmoronamiento de la gran mentira por la que habían transitado las cuentas helenas desde el ingreso en la Unión. Una falsedad comúnmente conocida y aceptada por las instituciones comunitarias, comenzando por el Eurostat que no dudó en tolerar un hinchado artificial de su PIB incluyendo prostitución y juego para mejorar sus ratios. El fracaso de la heterodoxia provocó que toda la periferia europea fuera cuestionada. El diferencial con Alemania pasó de mediados de abril a principios del mes siguiente de 70 puntos básicos a 165, en un proceso simultáneo de mayor exigencia de rentabilidad a la deuda española (del 3,80% al 4,45%) y menor a la alemana, considerada como refugio (del 3,09% al 2,80%).

La presión de los líderes europeos y de otros dirigentes mundiales como Hu Jintao y Barack Obama se tradujo en la elaboración de una descafeinada reforma laboral, cuyos resultados hasta ahora son inexistentes, y la materialización de una suerte de Pacto de Estado con el PP para cerrar la reconversión de las Cajas de Ahorro antes del cierre de 2010. Respuesta de urgencia que pareció tranquilizar a las hordas financieras junto con iniciativas a nivel supranacional como la creación por parte de la UE y el FMI de un fondo de rescate dotado con 750.000 millones de euros de los que 80.000 irían a parar a las arcas griegas. Tarjeta amarilla. Se abría entonces un periodo de calma tensa que se habría de romper a finales del pasado mes de octubre al calor de las noticias procedentes de Irlanda donde, el exceso de ortodoxia a la hora de abordar su problema bancario, amenazaba con llevarse el país por delante. Comenzaba el segundo asalto.

En efecto, la débil tregua acordada antes del verano saltó entonces por los aires y, de nuevo, el retorno exigido a la deuda del tesoro español y el diferencial con respecto a Alemania se dispararon hasta tocar el 5,51% y los 280 puntos básicos en cierre diario respectivamente, desde los 4,07% y 157 de finales de aquel mes. La aportación de 70.000 millones a la isla para solventar el agujero de sus entidades financieras apenas sirvió para calmar las aguas. No en vano, para muchos observadores no precisamente sospechosos, Almunia entre otros, los dos grandes catalizadores que justificaron respectivamente el estallido de la crisis helena e irlandesa podían tener su espejo en España a través tanto de la incertidumbre sobre el verdadero estado de las finanzas de los entes regionales y locales como de las dudas sobre el balance de unos bancos y cajas cuyo riesgo promotor podría no estar adecuadamente reflejado. ¿Sospecha o certeza?

Pese a los cortafuegos que el Gobierno ha querido levantar deprisa y corriendo siguiendo las recomendaciones de terceros (supresión de ayudas, privatizaciones, estímulos fiscales, mayor transparencia y reforma de pensiones), la sospecha sigue ahí. Prueba de ello es que las tensiones sobre el rendimiento de nuestras emisiones apenas se han relajado. La pelea sigue, pese a que la mayoría de los traders han cerrado ya sus libros para lo que queda de año y se mantendrán al margen de los mercados hasta el próximo tres de enero. Será ése un día clave para saber de verdad cómo reaccionan los flujos de fondos globales a la apurada reacción de nuestros dirigentes. En cualquier caso, en el subconsciente colectivo quedan un hecho y un dato: el primero, nos han sacado tarjeta roja, la intervención política de España es ya un hecho indiscutible (de ahí el flagrante paso atrás en la proyección pública de ZP); y dos, hay que evitar por encima de todo que en 10 años toque el 7%, nivel que generaría una espiral negativa de pago de intereses que condenaría al fracaso cualquier esfuerzo de austeridad que se quisiera llevar a cabo. Palabras mayores. China vuelve a acudir al rescate.

Otros dos asaltos

Aunque se salvara este segundo round con la cabeza medianamente alta, quedarían dos asaltos adicionales. El primero a tres o cuatro meses vista, coincidiendo con la publicación por parte de la mayoría del sistema financiero de sus cuentas de final de 2010 y los fuertes vencimientos tanto públicos como privados previstos en abril/mayo. Si el rumor de que Banco de España está obligando a nuestras firmas a anticipar las pérdidas esperadas para los próximos dos años resulta cierto, podemos encontrarnos, por primera vez, con un pánico inversor que derive en ausencia real de financiación mayorista, en una necesidad efectiva y perentoria de recursos ajenos de carácter extraordinario para quieren evitar males mayores. Supondría pasar de las musas al teatro, de la intervención nominal a la efectiva por un importe que probablemente sólo se podría concretar vía avales y no ayuda directa si la Unión quiere seguir respondiendo a tal nombre. Una evolución radicalmente mejor de lo esperado de las cuentas públicas permitiría salvar esta complicada coyuntura.

Quedaría, finalmente, un cuarto y definitivo capítulo, al que el país llegaría a trompicones tras todo el recorrido anterior, salvo inesperada sorpresa positiva en la evolución de nuestra economía. Se situaría a comienzos del 2012, momento en el cuál habría una colectiva toma de conciencia de los problemas estructurales de España y del largo tiempo necesario para su necesaria corrección. Si para aquellas fechas el paro sigue por encima del 20%, el consumo permanece lánguido, la inversión privada tímida y las exportaciones no repuntan, el Quo Vadis Hispania? retumbará en los comités de inversiones de numerosas casa de análisis y podremos encontrarnos con un abandono del interés por nuestro país que nos condene a numerosos años de travesía por el desierto.

Sólo una abrumadora victoria de la oposición en las elecciones previstas para marzo de aquel año, acompañada de la incorporación al Gobierno de tecnócratas capaces de salvar esta nave y de radicales medidas de ajuste que conduzcan a un cambio de rumbo radical del modelo administrativo, el Estado del Bienestar y la configuración macro de España, permitirían recuperar la esperanza en los poderes legislativo y ejecutivo y romper con una dinámica en la que son terceros que velan por su interés a corto plazo los que imponen el camino por el que España ha de transitar en su futuro inmediato. Por soñar que no quede.