Nuevo escándalo en las finanzas catalanas, esta vez con una familia de trapío. Se trata de los Carulla, propietarios del holding Agroliment, una de las multinacionales más potentes de Cataluña, que tiene entre sus propiedades empresas de la talla de Gallina Blanca, El Pavo, Ausonia o las cadenas Boccatta y Pans & Company. Además, a finales de noviembre, coincidiendo con las elecciones catalanas, salió a la calle el diario Ara, que pretende convertirse en el referente de la prensa catalanista de la comunidad y en la que esta familia es accionista de referencia.

Pues bien, el juzgado de instrucción número 4 de Barcelona investiga a varios miembros de la saga por haber evadido, presuntamente, impuestos en la compraventa de un paquete accionarial de Agrolimen. La operación, según avanzó a primera hora de la tarde de ayer el diario Economia Digital, se elevaba a unos 160 millones de euros.

Algunas fuentes apuntan a que la investigación salpica a toda la saga, lo que incluye al presidente de Agrolimen, Lluís Carulla, y a Mariona Carulla, que acaba de ser elegida presidenta del Palau de la Música. Mariona también dirigió la institución musical desde que tuvo que dimitir su anterior presidente, Fèlix Millet, hasta las elecciones que ganó el pasado 24 de noviembre. Otras fuentes, sin embargo, circunscriben la investigación a Jordi Carulla Font, otro de los hermanos, y a sus hijos.

Posible blanqueo de capitales

La investigación comenzó después de que el juez Baltasar Garzón se interesase, en el año 2006, por diversas operaciones del Banco Espirito Santo con las que podría haber incurrido en blanqueo de capitales. Una de ellas guardaba relación con la venta de acciones mencionada. Ésta había sido realizada a dos sociedades domiciliadas en el paraíso fiscal de las Antillas Holandesas. Pero estas dos compañías, a su vez, habían sido adquiridas por otras dos con sede en Uruguay y Costa Rica, que controlaba Jordi Carulla, uno de los miembros de la familia.

Después de que el fisco iniciase las pesquisas, la familia Carulla modificó el mapa accionarial de Agrolimen: en noviembre de ese año, las acciones que estaban a nombre de la sociedad Piantro (poco después, esta empresa también cambió de nombre para denominarse Carulla Corporación) pasaron a cinco sociedades diferentes, que se repartieron los hermanos Carulla y en las cuales cada uno introdujo a sus propios hijos: Minma Empresarial (de Mariona), Minmonts Empresarial (de Montserrat), Minar Empresarial (de Artur), Minau Empresarial (de Aurelia) y Minllu Empresarial (de Lluís).

Todas ellas comparten domicilio con Agrolimen y con la nueva Carulla Corporación y tienen un capital social de más de 107 millones de euros cada una. Uno de los hermanos, Jordi, realizó todas las transacciones a su propio nombre. En marzo del 2007, los tres hermanos varones, Lluís, Artur y Jordi, crearon también la sociedad Quercus Capital Riesgo SCR de Régimen Simplificado para realizar actividades de holding y utilizarla en la toma de participaciones en empresas.

“Jordi vive en Londres”

Pero cuando se iniciaron las investigaciones, todavía no se habían repartido las acciones en las diferentes empresas familiares. Tanto los investigadores como Hacienda sospecharon que la triangulación de la operación se había realizado para evadir impuestos y siguieron el rastro de Jordi Carulla. Como las sociedades eran extranjeras, los impuestos que se debían tributar al fisco se evaporaron. Para su sorpresa, el domicilio de Jordi Carulla está en Londres, aunque sospechan que la mayor parte del tiempo reside en Barcelona, por lo que Hacienda considera que ha de pagar los impuestos aquí. Fuentes cercanas a la familia afirmaron a este diario que Jordi “vive en Londres, junto a su esposa, Teresa, y a sus hijos Clara, Claudia y Arnau”. También declinaron hacer comentario alguno sobre el procedimiento judicial aduciendo que todavía no saben por qué les están investigando.

El caso de Jordi Carulla, no obstante, sería similar al del ex presidente del COI, Juan Antonio Samaranch, que tenía el domicilio fiscal en Lausanne (Suiza) pero pasaba la mayor parte del tiempo en la capital catalana, por lo que Hacienda inició una investigación que todavía no está ultimada, aunque reclama a sus herederos el pago de impuestos que no había cotizado en España. Se da la curiosidad, además, de que los Carulla y el hijo del ex presidente del COI, Juan Antonio Samaranch Salisachs, habían tenido intereses comunes en la empresa Marco Polo, disuelta este mismo año.

La familia Carulla tiene una intrincada red empresarial, una ingeniería financiera en la que unas empresas crean otras que, a su vez, toman participaciones en el holding o en su propietaria. Lo más importante, sin embargo, serán las ramificaciones internacionales que puedan tener los negocios de la familia. De momento, en los ambientes empresariales barceloneses, la investigación judicial ha caído como una bomba.