El Gobierno reconocía ayer que la reforma laboral está en un momento delicado cuando se entra en la recta final de la negociación. Y un tema ha terminado por enquistar unas conversaciones que se prolongan ya por espacio de dos años. La patronal quiere ampliar las causas de despido procedente, por el que tienen que pagar una indemnización de 20 días por año trabajado, una pretensión de la que los sindicatos "no quieren ni hablar", según fuentes conocedoras de la negociación. Actualmente la mayoría de despidos se tramitan como improcedentes, con indemnizaciones de 33 o 45 días por año trabajado. La rebaja de las cotizaciones sociales, que los empresarios abogarían por imputar al fondo de accidentes de trabajo o al Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), tampoco entra en los planes de CCOO y UGT.

La entrada del diálogo social en junio obliga a echar la vista atrás. Corría el mismo mes de 2008 cuando empezó todo. Era un miércoles de hace dos años, día 18, cuando una multitudinaria foto daba el pistoletazo de salida a las conversaciones. Algunos ya no están –Solbes y Fidalgo- y otros lo han perdido casi todo por el camino –Díaz Ferrán-. Todo un augurio que los agentes sociales no ratificaran entonces la Declaración para el inicio del diálogo social que un día antes les había hecho llegar el Ejecutivo.  “Apenas tuvimos tiempo para consensuarla”, admitía uno de los implicados. Eran jornadas en que a Zapatero hasta le costaba pronunciar la palabra crisis. 24 meses después la reforma laboral light que está sobre la mesa no está ni mucho menos garantizada.

Las buenas palabras, los aplazamientos y la falta de concreción continuaban ayer, día de tregua después de las reuniones del sábado. El supuesto deadline de hoy lunes para cerrar un pacto será extendido hasta el día 11, fecha que baraja el Ejecutivo para que el Consejo de Ministros estudie la reforma laboral, ya sea pactada con sindicatos y patronal o con los partidos políticos. La incorporación a las conversaciones del ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, y del jefe de Gabinete de la Presidencial del Gobierno, José Enrique Serrano, no han servido para impulsar un diálogo que CCOO y UGT ven cada vez más en apuros.

Según los sindicatos, CEOE mantiene sus posturas “maximalistas” sobre el abaratamiento y la ampliación de las causas objetivas de despido, así como sobre la rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social. Según informa Efe citando fuentes del Ejecutivo, la reforma laboral es “complicada y difícil”, si bien añade que la intención de todas las partes es llegar a un acuerdo lo antes posible. Si en los próximos días no está cerrada la negociación, el Gobierno se verá obligado a imponer por decreto su propia reforma, algo de lo que ha huido hasta el momento.

Cinco millones de parados

Precisamente a los 24 meses de interminables negociaciones se refirió ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. "Y como el señor Zapatero lleva dos años y no tenemos la reforma laboral, pues vamos ya para los cinco millones de parados", dijo en una acto con pensionistas en Segurilla (Toledo), donde insistió en que "hace falta una reforma laboral" que garantice nuevas modalidades de contratación y que "haga que la pequeña y mediana empresa contrate a trabajadores, y no tengan miedo a hacerlo".

"Rodríguez Zapatero no puede decir ahora que no tiene tiempo. Llevan dos años y no hay una reforma que garantice la estabilidad en el empleo, que garantice que se pueda contratar a más personas, que garantice otras modalidades de contratación, que garantice una negociación colectiva apropiada", lamentó. Por su parte, la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, aseguró sin salirse del argumentario ni dar muchos detalles que el Ejecutivo “agotará hasta el último segundo” la posibilidad de llegar a un acuerdo.

Aunque desde las partes se admite que la reforma que se negocia es “de mínimos”, también se añade que los puntos que se acuerden tienen que tener algo de sustantivo. Sobre todo para el presidente de la patronal, si quiere que los órganos internos de la organización den luz verde al acuerdo. La generalización del contrato de 33 días por año trabajado y una rebaja de las cotizaciones sociales –aunque no llegue a los cinco puntos ideales para la patronal- permitirían a Díaz Ferrán salvar la cara antes de abandonar la presidencia de los empresarios.