Las consultas y las presiones entre empresarios y partidos políticos continúan en torno a la enmienda presentada por el PSOE en la Comisión de Economía para eliminar los blindajes de la ley de Sociedades Anónimas, normativa que favorecería los intereses de ACS en Iberdrola y de Sacyr en Repsol. CiU, cuya posición puede ser vital para sacar adelante o rechazar el texto, ha preguntado a La Caixa para conocer cómo le afecta el cambio y votar en consecuencia.

Así lo han confirmado fuentes próximas a la primera caja española y al partido nacionalista, que han mantenido conversaciones en los últimos días para sopesar los pros y los contras de esta enmienda en los intereses del empresariado catalán. Fuentes próximas a las negociaciones aseguran que La Caixa le ha dado vía libre a CiU para que vote lo que considere oportuno, sin ningún tipo de presión, puesto que, en su opinión, se trata de una cuestión meramente política.

 

Sin embargo, a nadie se le escapa que al tercer grupo financiero español le afectaría el levantamiento de la limitación de votos. Especialmente en el caso de Repsol, donde la caja tiene cerca del 14% del capital. Si la enmienda saliera adelante, cada acción supondría un voto, por lo que desaparecería el obstáculo del 10% que mantiene ahora la petrolea.

 

¿Qué supondría eso? Pues que cualquier grupo industrial, con independencia de su origen, ya fueron chinos o rusos, podría comenzar a comprar títulos de Repsol hasta llegar a una participación que le diera mayoría en el consejo de administración, donde la ley de comercio le daría la representación proporcional en función de su porcentaje del capital. A priori, a La Caixa, cuyo objetivo final es reducir su participación en Repsol, no le supondría ninguna implicación directa, pero si indirecta por el pacto parasocial que tiene con la petrolera presidida por Antonio Brufau en Gas Natural.

 

La caja y Repsol tienen el 68% del capital de la gasista. El 37% están en manos de Criteria –el holding de La Caixa- y el 32% lo controla el grupo de exploración de crudo. Si un accionista extranjero entrase en Repsol, podría hacer saltar por los aires ere acuerdo. Y eso es algo que quiere evitar la caja catalana, cuyo objetivo industrial principal es hacer de Gas Natural “la primera utility privada de Europa”.

 

Desde La Caixa se asevera que no tienen todavía ninguna posición oficial sobre el cambio normativo, ya que están analizando el documento y sus posibles implicaciones. Pero no se les escapa que la enmienda afecta directamente a uno de sus socios, ACS, con el que comparte capital en Abertis (entre los dos tienen más del 50%). Florentino Pérez, presidente de la constructora, ya ha movido sus hilos para que Miguel Roca, consejero de su grupo, intermedie con CiU para que le de su visto bueno al cambio, lo cual ha provocado cierta división entre Convergencia Democrática de Cataluña (CDC) y Unió Democrática de Cataluña.

 

La posición del partido catalán es vital para que el PSOE tenga el apoyo suficiente a la que ya se conoce como la enmienda Florentino, por adjudicársele al presidente del Real Madrid la promoción de este cambio tan súbito de una ley de Sociedades Anónimas que data de 1953. Una postura tan relevante como la del PP, donde ha crecido el malestar por las presiones recibidas por parte de José María Aznar a favor de la modificación.

 

En la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) se ha extendido el revuelo tras la publicación por parte de El Confidencial de las conversaciones del ex presidente del Gobierno con miembros del partido de la oposición para dar su respaldo al cambio. Consideran que es difícil de entender que el presidente de esta institución, que recibe jugosas subvenciones del Estado, haga lobby para favorecer los intereses particulares de determinados empresarios.

 

 

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