El Banco de España excedió sus competencias e incluso podría haber incurrido en una ilegalidad al filtrar información de Banco Santander y Sabadell a la Embajada de EEUU en España, según varias fuentes jurídicas consultadas. La ilegalidad depende de si la información era reservada o no, pero en todo caso se trata de una actuación absolutamente irregular.

Una información de Wikileaks publicada por el periódico El País afirmaba que el subgobernador del Banco de España en 2008, José María Viñals, había elaborado un informe para el Ejecutivo norteamericano sobre las actividades de ambas entidades en Irán. El informe fue solicitado por el vicesecretario del Tesoro de EEUU, Robert M. Kimmitt, el 5 de marzo de ese año, y Viñals sólo tardó un día en facilitárselo.

Según este medio, el Banco de España ha admitido que entregó esta información a la Embajada, y lo justifica porque trataba de "defender y apoyar a estas entidades" demostrando que su actividad en el país persa era muy marginal y no tenía relación con la financiación del terrorismo. Y añade que "no se trataba de pasar información delicada de ninguna entidad".

Filtrar cualquier tipo de información reservada sin requerimiento judicial o parlamentario infringe la Ley 13/1994 de Autonomía del Banco de España de 1994, que en su artículo 6 dice que "los miembros de sus órganos rectores y el personal del Banco de España deberán guardar secreto, incluso después de cesar en sus funciones, de cuantas informaciones de naturaleza confidencial tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus cargos".

La cuestión, por tanto, es si esta información era confidencial o no. En principio, se considera así la información que se incluye en los estados financieros reservados que las entidades envían al supervisor por un conducto telemático seguro, y ésta no lo fue. Pero si fue requerida de forma oficial y entró en el registro del Banco de España, sí se considera confidencial. Ni las entidades ni el supervisor han aclarado este extremo.

En todo caso, se trata de una actuación que excede las competencias del Banco de España: "La Embajada de EEUU no es quién para pedir información al Banco de España y, desde luego, Viñals no debería habérsela facilitado si no es por uno de los cauces que establece la legislación", opina uno de estos expertos.

El Banco de España niega esa información al resto del mundo

Asimismo, esta actuación de 2008 choca frontalmente con la práctica habitual del Banco de España de no facilitar nunca información individualizada de ningún tipo sobre las entidades financieras. Es más, cuando se le solicita, aunque no sea especialmente delicada, la respuesta siempre es la misma: "Se trata de información reservada". Un portavoz del Banco de España se ha remitido a las declaraciones ya publicadas y ninguna de las dos entidades quiso hacer comentarios al respecto.

Además, el informe de Viñals fue innecesario en el caso de Santander. Según WikiLeaks, la propia SEC (equivalente a la CNMV) norteamericana ya había solicitado al banco presidido por Emilio Botín esta información sobre su operativa en Irán. Y en este caso sí estaba obligado a contestarle porque Santander cotiza en Nueva York y, en consecuencia, debe someterse a la autoridad de la SEC.

En todo caso, los requerimientos del Gobierno estadounidense dieron su fruto, porque Sabadell cerró su oficina en Teherán en abril de 2008 y Santander culminó el cierre de la suya, que ya estaba en proceso cuando fue requerida la información a Viñals. Ambas entidades abrieron posteriormente oficinas en otros países del Golfo Pérsico para seguir prestando servicio a las empresas españolas con intereses en la zona.

Esta actuación pone de manifiesto una vez más que la Administración española se plegó a casi todos los deseos del Gobierno de EEUU. Y también las contradicciones en la política de transparencia del Banco de España, dado el diferente rasero con que la aplica según quien solicite la información. Y esto llega en un momento en que los mercados cuestionan abiertamente la falta de transparencia del sistema financiero español -que ayer criticó de nuevo el propio gobernador Fernández Ordóñez- como principal causa de la desconfianza en el mismo.