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Abril se acaba y el tiempo se agota. Banco de España participa esta semana del enésimo encuentro cuadrangular entre Caixa Galicia y Caixanova, además de la Xunta de Galicia, para escuchar de boca de los protagonistas el pronunciamiento final sobre el rumbo de su fusión. Tras varias semanas de fuego cruzado a través de los medios de comunicación locales, las dos entidades gallegas tienen que exponer a lo largo de los próximos días, tal vez incluso esta mañana, sus conclusiones sobre el proceso de integración y elegir una opción: cara o cruz.

“Llevamos suficiente camino para saber si la fusión sigue adelante”, subrayan desde una de las cajas gallegas, con dosis de tibieza y prudencia a partes iguales. “Está claro que a medida que pasan las semanas tendrá que definirse en algún sentido”. Y el norte parece que lo marca el presidente de Caixanova, Julio Fernández Gayoso, que ha planteado una oferta de máximos, como por ejemplo incluir un periodo de transición de hasta 10 años, sabiendo que tiene ganada la batalla de la imagen ante la mayoría de la opinión pública gallega.

Según datos no públicos de un reciente estudio de mercado, la entidad con sede en Vigo es identificada como la caja mejor situada para abordar la fusión y como la mejor preparada para superar la crisis. Simple percepción a pie de calle, sin estar sujeta a datos objetivos. Con ese contexto a favor, Gayoso y sus exigencias sobre el reparto de poder siguen siendo el principal obstáculo para un acuerdo, como se repite desde las filas de Caixa Galicia para tratar de hacer valer su alternativa de un acuerdo entre iguales, sin vencedores ni vencidos.

Sin embargo, los avances son mínimos. A finales de marzo, ambas cajas iniciaron los contactos para analizar "la posible confluencia en un proyecto común". Desde entonces, sólo ha trascendido oficialmente algún breve texto de un estilo deliberadamente ambiguo, donde cada parte, incluidos Xunta y Banco de España, podían interpretar el mensaje según conviniera. Un mes después, todo parece estar bloqueado, según las quejas manifestadas desde La Coruña, justo a las puertas de que expire el plazo concedido por el regulador.

En el mes de enero, la Xunta presentó ante el Banco de España la auditoría de KPMG que avala la fusión y da al traste con los argumentos esgrimidos por Caixanova, de la mano de su auditor Deloitte, para negarse a la operación. De acuerdo con ese informe, aceptado como barredor común, la nueva entidad daría beneficios desde el primer año y prescindiría de 1.300 trabajadores (con prejubilaciones) y 280 oficinas. La integración costaría 485 millones y solicitaría 1.200 al FROB, importe que se devolvería a lo largo de los siguientes cinco años.

“A pesar del juego de mensajes, nadie duda de que la operación se hará”, explican fuentes financieras gallegas. “La cuestión pasa por saber cuánto será capaz de sacar Gayoso en la negociación”. Sólo por el empeño personal derrochado por el presidente de la Xunta, que denunció al FROB y aprobó una nueva ley de cajas gallega, la operación tiene un sello institucional difícil de vencer. Ni siquiera por el flanco del Banco de España, que ha transigido con la opción de Alberto Núñez Feijóo a pesar de no ser su alternativa favorita, por no ser la más eficiente.

Desde el principio, el organismo dirigido por Miguel Ángel Fernández Ordóñez ha visto con mejores ojos operaciones interregionales, aquellas que integraran entidades de distintas comunidades autónomas. En caso gallego, la solución diagonal que ofrecía una integración virtual entre Caixa Galicia, Caja Madrid y CAM contó desde el primer momento con el favor del Banco de España, al que convencieron los números preliminares que llegó a manejar el anterior equipo de Miguel Blesa. Tal vez, el plantón de Gayoso podrá unir el Atlántico con el Mediterráneo.