Bancos y cajas de ahorros no parecen tener suficiente con todas las facilidades que les han dado hasta ahora el Gobierno y el Banco de España para reducir notablemente su carga de provisiones y, en consecuencia, sus pérdidas. Y ahora van a pedir otra prebenda, posiblemente la más importante de todas, según confirman varias fuentes del sector: una reducción de las provisiones que ahora obliga a aplicar el supervisor sobre los ladrillos adjudicados; es decir, el famoso 10% al 'comerse' el activo, el 20% cuando cumple un año en balance y el 30% cuando cumple dos.

Esta relejación consistiría en aplicar a los ladrillos la relajación aplicada en julio del año pasado para los créditos morosos con garantía hipotecaria, contenida en la llamada 'carta Roldán' (escrita por José María Roldán, director general de Regulación del supervisor). Según esta carta, ya no hay que provisionar el 100% del importe de los créditos morosos, sino sólo la diferencia entre el importe del crédito y el valor de tasación actualizado de los inmuebles que respaldan el préstamo, con un tope del 30% del importe inicial (es decir, los inmuebles mantienen siempre un valor residual del 70%, o dicho de otra forma, la vivienda no puede bajar más del 30% según el Banco de España). Esta relajación sólo se aplica a créditos morosos con garantía de vivienda terminada o suelo rústico, no a las promociones a medias o a los suelos recalificados.

Ahora, lo que pide el sector es aplicar esta misma teoría a la siguiente fase del proceso: cuando el inmueble ya no es garantía de un préstamo moroso sino cuando la entidad se lo ha quedado en pago porque considera irrecuperable dicho préstamo. Y consistiría en que los porcentajes del 10% inicial más otro 10% cada año se apliquen no sobre el valor nominal del préstamo, sino sobre la diferencia entre este importe y el 80% valor de tasación actualizado del inmueble.

Supongamos que un préstamo se concedió en su día por un importe de 80, con valor de tasación de 100. Pasan dos años, incurre en impago, la entidad ejecuta la garantía y se lo adjudica. Entonces realiza una nueva tasación que da como resultado 70. De aplicarse la demanda del sector, no se aplicaría el famoso 10% del primer año sobre esos 70 (y el 10% del segundo, y el del tercero), si no por la diferencia entre los 80 (importe del crédito inicial) y el 80% de 70 (es decir 56, con lo que la diferencia sobre la que se aplicaría el 10% sería de 24).

Una ayuda muy importante

Según las fuentes consultadas, el Banco de España todavía está estudiando si accede a las demandas de bancos y cajas, y todavía no ha tomado una decisión. A efectos prácticos, esta relajación significaría una enorme disminución de las provisiones que ahora tienen que soportar los inmuebles adjudicados, al aplicar ese 10% anual a un importe mucho más reducido. Y esa reducción se refiere a un volumen importantísimo: según el propio Banco de España, los ladrillos adjudicados totalizan 59.700 millones, de los que la banca ha provisionado sólo 13.000 millones, es decir, el 21,8%.

"Si sale adelante, sería un regalo todavía mayor que los que ya le han hecho al sector, hasta el punto de que puede evitar las pérdidas de muchas entidades en 2010 e incluso la necesidad de intervenir alguna", opina una de las fuentes.

Y las pretensiones de bancos y cajas tienen bastantes probabilidades de ser escuchadas, puesto que sus argumentos son muy sólidos desde el punto de vista conceptual: si cuando el préstamo estaba vivo, aunque fuera dudoso, el BdE sólo obliga a provisionar la pérdida esperada y considera totalmente recuperable el 70% del valor de tasación, eso no debería cambiar por el hecho de que el titular del bien sea ahora la entidad financiera, tras la adjudicación, en lugar de su propietario original.

El suelo es la clave

Las principales prebendas que ha recibido el sector hasta ahora, aparte de la citada reducción de las provisiones por morosidad, son la prórroga de la Ley del Suelo para que los terrenos recalificados que no se edifiquen no vuelvan a ser rústicos (algo muy importante por cuento el grueso de los inmuebles que se han 'comido' son suelos) y la suspensión de la vigencia de la obligación de las empresas de entrar en concurso por pérdidas por deterioro de activos.

La gran amenaza para bancos y cajas reside en el suelo, cuya pérdida de valor ya alcanza el 60% según han reconocido ya públicamente las principales entidades, tal como adelantó El Confidencial que ocurriría en enero. El hecho de que el grueso de sus activos sean rústicos y que su pérdida de valor sea tan grande por la situación actual del mercado -no es posible vender ni tampoco resulta rentable edificar- es lo que hace tan relevante una ayuda como la solicitada, referida a las provisiones por pérdida de valor de los activos inmobiliarios.