Los ayuntamientos llegan con dificultades a final de mes. La situación de tesorería de muchas administraciones locales es tan acuciante que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) solicitó al Gobierno a finales de junio que proporcioné nueva financiación a través del Instituto Oficial de Crédito (ICO) por un importe aproximado de 3.000 millones de euros. Según fuentes oficiales, esta es la cantidad extraordinaria que necesitan las Entidades Locales para cubrir los gastos fijos comprometidos durante los primeros cuatro meses del año.

En la comisión ejecutiva de FEMP celebrada el 29 de junio, la entidad presidida por el alcalde socialista de Getafe, Pedro Castro, acordó pedir al Ejecutivo que se ejecutara con urgencia “una la línea de crédito directa dirigida a las Entidades Locales para facilitar el pago de deudas firmes e impagadas a empresas y autónomos, cuyo vencimiento era anterior al 30 de abril de 2010, tal como establece la Ley contra la morosidad en las operaciones comerciales, que fija un plazo máximo de 30 días”. Porque los presupuestos no dan para todo.

Esta solución de urgencia instrumentada desde FEMP está directamente relacionada con las medidas extraordinarias para reducir el déficit impulsadas por el Gobierno a comienzos de año. De acuerdo con el Plan de Ajuste, las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector Administraciones Públicas quedaron inhabilitadas hasta el 31 de diciembre de 2011 para acudir al crédito público o privado a largo plazo, en cualquiera de sus modalidades, para financiar sus inversiones. Se cerró el grifo de la financiación.

Según lo previsto, el pasado 7 de julio entró en vigor la Ley contra la Morosidad (Ley 15/2010) que establece la apertura de una línea de crédito directa y preferente para facilitar a las Entidades Locales el pago de sus deudas a autónomos y empresas. De acuerdo con la Disposición Adicional cuarta, el Gobierno tiene que instrumentar en un plazo de 30 días una línea de crédito en condiciones preferentes destinada a que las Entidades Locales puedan pagar las deudas contraídas con anterioridad al 30 de abril de 2010.

En 2009 pidieron cerca de 5.000 millones

El recurso al ICO ya fue utilizado durante 2009 por los Ayuntamientos para salvar el año. Según fuentes de la Comisión de Haciendas Locales de la FEMP, ese ejercicio se solicitó un importe aún mayor, de hasta 5.000 millones de euros, aunque finalmente organismo público facilitar algo menos de 3.000 millones. En esa ocasión, casi un tercio fue a parar a las arcas municipales de Madrid, el consistorio más endeudado de España, con un pasivo de 7.300 millones, cifra que representa cerca del 20% de la deuda conjunta de todos los ayuntamientos.

Como muestra el caso de Madrid, la deuda bancaria se había convertido en un recurso al que se estaban acogiendo los consistorios para soportar su elevado nivel de gasto. A finales de 2009, las entidades locales acumulaban 34.594 millones de deuda, un 9% más que en 2008, equivalentes al 3,3% del PIB. Esta deriva había hecho que el Gobierno hubiera incluido para los Presupuestos Generales de 2010 un mecanismo por el que se iba a ampliar el límite de endeudamiento (fijado ahora en el 120%), a partir del cual debe pedirse autorización para solicitar más préstamos.

Precisamente ayer, la agencia de noticias Bloomberg adelantó que el ICO tiene previsto colocar en los próximos días una emisión de bonos por importe de 1.500 millones a cinco años a un interés de 175 puntos básicos sobre el benchmark mid-swap rate. Este anuncio sucede a otro reciente comunicado el pasado 7 de julio, según el cual el organismo público emitiría otros 2.000 millones a tres años, en la línea de emisiones que también está realizando durante loas últimas fechas el Tesoro.