El caso AMA va camino de convertirse en toda una historia de amores, odios y venganza. Después de la dura Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda, del pasado 12 de mayo, contra los órganos de gobierno de Agrupación Mutual Aseguradora, AMA, ésta ha decidido pasar al ataque.

Lo ha hecho en varias direcciones. Por una parte, solicitó la suspensión cautelar de la Resolución de Economía ante la Audiencia Nacional; por otra, pero no de forma única, interpuso una querella criminal -admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid- por los delitos de falsedad documental, revelación de secretos y prevaricación, contra cuatro personas: Ricardo Lozano, director general de Seguros y Fondos de Pensiones; el antiguo subdirector general de Inspección de la DGSFP, Juan Pablo del Olmo, que cesó en el cargo el pasado 30 de septiembre; Francisco Javier Córdoba y su esposa, Rosa María Flores de Frutos, ésta como ex responsable del departamento de Auditoria Interna de AMA, que, según la querella, fue la encargada de filtrar documentación confidencial a Juan Pablo del Olmo, subdirector de Inspección.

El 13 de noviembre la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional dictaminó un auto, comunicado a las partes el pasado jueves 26 de noviembre, en el que se desestiman en parte las medidas de suspensión cautelar solicitadas por AMA contra la Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda, que instaba la separación, inhabilitación y suspensión temporal de los cargos del doctor Diego Murillo, actual presidente de AMA, así como de Manuel Campos Villarino, actual secretario del Consejo, y Manuel Sánchez García, antiguo secretario del Consejo.

Según la publicación especializada BDS, la Resolución de Economía imponía “80 meses y dos días de separación del cargo, con inhabilitación para ejercer los cargos de administración y dirección en cualquier entidad aseguradora”. Además, fijaba la obligación de reparar a su estado original la situación patrimonial de AMA que se dice alterada, por lo que los miembros del consejo deberán restituir 2.521.215 euros cobrados en dietas y diversos conceptos entre 2004 y 2007. Según la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), la retribución media de los consejeros debería haber sido de 11.915 euros anuales, en vez de los 53.000 percibidos de media anual, lo que no deja de ser una imposición arriesgada. La remuneración de los consejeros contó con el visto bueno de la junta de mutualistas, y según AMA, entre los años 2003 y 2007 la mutua obtuvo 93 millones de euros en beneficios, incrementó su número de mutualistas y su solvencia nunca sufrió riesgos. 

Suspensión de las multas

La Audiencia Nacional sí ha admitido la suspensión del pago de las multas impuestas, en total seis de 90.000 euros y tres de 45.000 euros, aunque queda condicionada a ciertas precauciones, como la exigencia de avales “por importe de 225.000 euros cada uno”.

Según la querella criminal promovida por AMA contra Ricardo Lozano, que fue dada a conocer por ésta el día después del dictamen de la Audiencia, la intervención de la entidad el 12 de junio de 2008, que daría lugar a la posterior Resolución del Ministerio de Economía y Hacienda, obedece a causas que no aparecen totalmente diáfanas. Pero añade que son “fáciles de deducir”, y deja entrever intereses ajenos tendentes a obtener el control de la mutua, empezando por el cambio de su consejo de administración. A partir de ahí, la mutua denuncia un acoso constante e injustificado, a la vez que intenta demostrar que la “DGSFP no puede decir, porque no es cierto, que no se han atendido sus requerimientos”.

A Lozano y del Olmo les acusa de “hacerse patente su connivencia con altos directivos expulsados de AMA”, utilizando los medios de comunicación y la prensa para “conseguir sus ilícitos deseos, mediante las filtraciones oportunas”, lo que ha causado un importante perjuicio para AMA y los miembros de su consejo. Curiosamente,  Ricardo Lozano, entre cuyas virtudes parece encontrarse la paciencia, tuvo que soportar que una hipótesis de sus inversiones personales fuera aireada en algún medio de comunicación.

En declaraciones a Europa Press, Ricardo Lozano, que comparecerá en el juzgado el próximo día 28, aseguró que las medidas adoptadas contra AMA están justificadas y las actuaciones debidamente documentadas. Asimismo, indicó que su actuación se ceñía a la obligación y la responsabilidad que conlleva su cargo, en el deber de dar cumplimiento a la vigilancia para el correcto desarrollo de la actividad aseguradora y la protección de los intereses y personas aseguradas. 

1.  fixi04/12/2009, 22:18 h.

Inventarse una conspiración está resultando un recurso fácil para los que no tienen otra defensa.Los medios de comunicación se han hecho eco de la noticia filtrada, al parecer por AMA, un día después de que la Audiencia denegara la suspensión de la inhabilitación de su Presidente, Secretario y otro Consejero ex-Secretario. La noticia se refería a la querella interpuesta por AMA contra el Director General de Seguros y otros, que fue admitida a trámite a finales de Octubre. ¿ Por qué se filtra precisamente por la querellante un día después de que le denegaran la suspensión de la resolución administrativa y después de un mes de la admisión a trámite de la querella?. Creo que la respuesta es obvia. El hecho de que se admita a trámite una querella no significa, como se ha hecho constar en algún medio, que el Juez haya visto indicios de delito, puesto que la mayoría de las querellas son admitidas a trámite y muchas de ellas son archivadas tras las declaraciones de los imputados.Efectivamente,Ricardo Lozano está demostrando una paciencia infinita, paciencia que en este caso ya le ha creado un trastorno:tener que acudir a un juzgado a declarar, aunque se archive el asunto a continuación.

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